Hemos señalado en diversas oportunidades la ausencia de debate público en lo que hace al proceso de elección del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y los Defensores Adjuntos. La sociedad no conoce a los candidatos para estos cargos, ni sus antecedentes, ni sus propuestas.
 
Si ustedes tienen interés en conocer sus curricula vitarum, los van a encontrar en la página Web de la Legislatura: http://www.legislatura.gov.ar . Allí tienen que buscar un link que dice "La Legislatura", bajar hacia donde dice "Junta de Ética, Acuerdos y Organismo de Control", donde nuevamente hay que hacer click en un lugar que dice "Información" y allí buscar los datos de los candidatos. No corresponde que yo haga ningún comentario sobre los antecedentes de cada uno de ellos (entre los que hay diferencias muy profundas, desde profesionales destacados hasta personas que sólo pueden exhibir cargos partidarios), salvo preguntar si serán tenidos en cuenta a la hora de tomar las decisiones.
 
Tampoco se hizo una evaluación pública de los aciertos y errores de la gestión recién concluída de Alicia Oliveira, ni se discutieron las implicancias de que ese organismo estuviera a cargo de una persona perteneciente al mismo partido político que el Jefe de Gobierno al que debía controlar.
 
Entre estos candidatos, la Legislatura deberá elegir a algunos de ellos en una sesión especial convocada para el próximo 30 de septiembre. Tiene que hacerlo por una mayoría especial de dos terceras partes de sus miembros, lo que es extraordinariamente difícil en un cuerpo con 26 bloques partidarios distintos, que ha tenido problemas para obtener el quorum necesario para sesionar y cuya producción de leyes ha sido bastante escasa.
 
Antes de esa sesión, el lunes 22 de septiembre, hay una Audiencia Pública en la que se espera que los ciudadanos que impugnaron a alguno de los candidatos fundamenten sus objeciones y los impugnados las respondan.
 
La Audiencia es a las 11 horas en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad, Perú 130. Sería muy interesante que nos acompañaran para asistir a esta discusión.
 
El aspecto más polémico de esta elección (y tal vez eso explique la escasa difusión pública que la Legislatura ha querido darle) es que varios de los candidatos a Defensor del Pueblo y Defensores Adjuntos son actualmente Diputados de la Ciudad que están terminando sus mandatos. Estas personas se votarían entre sí, y eventualmente se votarían a sí mismos para alcanzar esos difíciles 2 tercios de los votos.
 
Sin embargo, la pesadilla de los dos tercios ronda una Cámara dividida en más partidos políticos que ideologías diferentes existen. De modo que se está arbitrando el viejo procedimiento de repartir cargos a cambio de votos: "Si me votás para la Defensoría, te voy a nombrar Secretario General de la Defensoría del Pueblo", o "Si me votás, vas a ser Jefe de Asuntos Jurídicos de la Defensoría", y así sucesivamente.
 
Algunas estimaciones sugieren que la única manera de obtener esos dos tercios de votos es repartir unos diez cargos jerárquicos de la Defensoría del Pueblo entre los Diputados que votarían a sus pares para los cargos de Defensores. Si sumamos los cargos de Defensores con las jefaturas de área y otros cargos que pueden ser distribuidos, esto nos da una cifra de unos quince Diputados salientes, repartidos en cargos en la Defensoría.
 
La pregunta de fondo es ¿cómo funcionaría una Defensoría del Pueblo en la cual todos los lugares de responsabilidad han sido asignados a Diputados que quedan desocupados por finalizar sus mandatos? ¿Cuál sería la confianza de la población en una institución que se constituya de esa manera? ¿Cuál sería su independencia política?
 
Uno de los aspectos más sugestivos de esta situación (y que tal vez requiera de un análisis sociológico) es el enorme desconcierto con que sus actores principales reciben el rechazo de los ciudadanos que se enteraron de este tipo de conductas. "¿Qué tiene de extraño que actuemos así?", se preguntan, yo creo que con sinceridad. "¿Acaso no es ésta la forma habitual de hacer política?".
 
La escasa información hizo que los ciudadanos no hayan podido aún expresar su opinión sobre esta circunstancia tan particular que hace que los electores y los elegidos sean las mismas personas.
 
En esta entrega ustedes reciben varias opiniones sobre este proceso de elección de los próximos Defensores. Quiero destacar que no coincido con todos los puntos de vista aquí expresados, pero me pareció que en un proceso caracterizado por la desinformación no debía agregar mi propia censura.
 
Les estamos enviando los siguientes textos:
  1. Una nota editorial del Diario La Nación, que pone el acento en la  necesidad de preservar la independencia política de quienes resulten elegidos.
  2. La impugnación efectuada por algunos ciudadanos contra los Diputados que se votarían a sí mismos o a sus familiares.
  3. Una presentación judicial hecha por dos organizaciones no gubernamentales que cuestionan la falta de transparencia del procedimiento, en crónica del diario Página 12.
La mencionada nota de Página 12 cita el caso de un Diputado que avaló a su pareja, quien también es Diputada. Ni siquiera es el único caso de vínculo estrecho entre electores y elegidos. Otra candidata fue impugnada por un ciiudadano por ser la esposa de uno de los Diputados que la votaría. Esa impugnación fue rechazada por una resolución que firma el propio marido de la candidata, quien cree así que dicha relación familiar no genera favoritismo alguno.
 
La ilustración que acompaña este mensaje es un cuadro del Renacimiento, que ilustra un episodio mitológico, contado por Homero. Las diosas griegas Hera, Afrodita y Atenea compiten entre sí y se dirigen al pastor Paris para que elija de entre ellas a la más hermosa. Finalmente, Paris elige a una de ellas, sin guiarse por sus criterios estéticos sino por el soborno que ella le promete. La consecuencia fue nada menos que la guerra de Troya.
 
    
¿A quién voy a elegir? (Niklaus Manuel Deutsch: "El juicio de Paris", óleo, 1520)


1. La opinión del Diario La Nación.
 
 MARTES 2 de Septiembre de 2003 -
Editorial I
El defensor del pueblo de la ciudad

http://www.lanacion.com.ar/03/09/02/do_523984.asp

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se apresta a designar un nuevo defensor del pueblo y cuatro defensores adjuntos. Estos funcionarios controlarán la administración pública porteña por el término de cinco años.

Esta es una oportunidad histórica para que el órgano deliberativo de la ciudad demuestre, con hechos, que las instituciones funcionan correctamente, alejadas de acuerdos políticos oscuros y urdidos a espaldas de la ciudadanía. Sin embargo, corresponde llamar la atención sobre algunas circunstancias que parecen conspirar contra el logro de ese elevado objetivo.

En primer lugar, si bien el período para el registro de postulantes ha quedado cerrado, es lamentable que sólo puedan ser considerados candidatos aquellos postulantes que sean propuestos por algún legislador: así lo exige la ley de la ciudad que regula el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Semejante limitación no sólo carece de fundamento lógico, sino que puede ser considerada una limitación a la actuación del futuro defensor o sus adjuntos, quienes podrían llegar a sentirse comprometidos respecto de denuncias o actuaciones corrientes o futuras que pudieran tener alguna relación con los intereses del legislador que en su momento los propuso o con los del partido político al cual éste pertenece.

Por otra parte, también es cuestionable el hecho de que entre los candidatos que se postulan figuren, curiosamente, varios legisladores. Desde una perspectiva ética y jurídica, se puede afirmar que esos postulantes se encuentran inhabilitados para ser candidatos. Tal es el caso de Alicia Pierini, reconocida dirigente que ocupó la Subsecretaría de Derechos Humanos. En igual situación se encuentran otros legisladores de la ciudad. Asimismo, hay candidatos que, aunque no son legisladores, registran una conocida actividad político partidaria. Tal es el caso de quien dirige un comité de la Unión Cívica Radical.

Cabe recordar que la ley que dispuso la creación de la figura del defensor del pueblo establece -con buen criterio- que a ese funcionario "le está vedada la actividad político-partidaria". Una interpretación razonable de la norma, que procure resguardar la finalidad que la inspira, conduce necesariamente a hacer extensiva esa prohibición a quienes en el momento de su postulación están dedicados a una actividad partidaria.

El fundamento de esa limitación normativa es simple: se intenta que quien desempeñe la función de defensor del pueblo permanezca ajeno a los avatares y vicisitudes de la política partidaria. En efecto, ¿puede pensarse que un militante con intensa trayectoria, en el caso de ser designado, habrá de borrar por arte de magia todo su pasado de militante? ¿Dejaría de estar conectado con sus correligionarios por el solo hecho de que ya no le está permitido ejercer la actividad político-partidaria? Esto parece, a todas luces, improbable. Para muestras, basta un botón. Recuérdese a la exdefensora del pueblo Alicia Oliveira, que luego de su renuncia al cargo pasó inmediatamente a revistar en las filas de Rafael Bielsa. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en candidata a diputada nacional.

En los países escandinavos, modelo emblemático de la figura del "ombudsman", la persona que aspira a ocupar ese cargo no puede ser miembro del órgano legislativo ni puede tener antecedentes en la política. En Dinamarca se prohíbe que el "ombudsman" sea miembro del parlamento danés y, además, se le exige que sea abogado y tenga reconocida versación en los temas propios de la función por desempeñar. Esto no sucede en la Legislatura porteña, pues cualquier persona, sin título universitario alguno, puede ser candidato. Entre los postulantes actuales, sin ir más lejos, se cuenta una maestra jardinera. La consecuencia se hará sentir, seguramente, en la calidad del funcionario que resulte designado.

La Legislatura de la ciudad tiene hoy, como dijimos, una oportunidad histórica: la de demostrar que para ese importante cargo es capaz de seleccionar una persona de reconocidos antecedentes y ajena a toda militancia política actual. De ese modo se garantizaría su independencia y su pericia técnica. Si se adoptara ese criterio, se estaría premiando el esfuerzo y, al mismo tiempo, las instituciones ganarían en credibilidad. Por el contrario, si la Legislatura omite esos requisitos y nombra a personas representativas de sus propios intereses, generará desasosiego, frustración y desesperanza. Es de esperar que los legisladores de la ciudad sepan estar a la altura de las circunstancias.


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2. La impugnación de algunos ciudadanos.
 
Sres. Junta de Ética de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
De mi mayor consideración:

Por la presente vengo en tiempo y en forma a presentar impugnación contra los siguientes candidatos a los cargos de Defensor del Pueblo y Defensores del Pueblo Adjuntos de la Ciudad de Buenos Aires:

·        Marta Talotti,

·        Eduardo Pedutto,

·        Roque Gaspar Bellomo,

·        Alicia Pierini,

·        Claudia Lidia Serio,

·        Marcela Larrosa,

·        Atilio Alimena.

Los mencionados candidatos son, también Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, lo que les da el doble carácter de electores y elegibles para los cargos mencionados. El que las siete personas impugnadas posean la capacidad de votarse a sí mismas en la elección del Defensor del Pueblo las coloca en una posición de ventaja sobre los otros candidatos, lo que contradice absolutamente el principio de igualdad de los candidatos en la selección de las personas que vayan a ocupar cargos públicos.

Al respecto, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidas en su 57º período de sesiones, en 1996, y ratificado por nuestro país, establece en su inciso c):

"Todos los ciudadanos gozarán (...), y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

"c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

Estas condiciones generales de igualdad no se cumplen si algunos de los candidatos tienen capacidad de votar en la elección del Defensor del Pueblo y los demás no la tienen, lo que configura una discriminación contra todos los candidatos que no son Diputados de la Ciudad.

Sobre este artículo, el comentario aprobado por las Naciones Unidas el 12 de julio de 1996 dice en sus partes pertinentes:

"1. El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública. Cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado, el Pacto impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara".

"2. El artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos".

"3. No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

(Sin embargo, la Legislatura de la Ciudad, al aceptar que algunos de sus integrantes sean candidatos a estos cargos está haciendo una clara distición entre los ciudadanos por su condición).

"4. Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables. El ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos".

(¿La Legislatura considera razonable que el ocupar un cargo público otorgue ventajas con respecto a quienes no lo ocupan? ¿Lo aceptaría Naciones Unidas como un criterio razonable?)

"7. Cuando los ciudadanos participan en la dirección de los asuntos públicos por conducto de representantes libremente elegidos, se infiere del artículo 25 que esos representantes ejercen un auténtico poder de gobierno y que, en virtud del proceso electoral, son responsables ante los ciudadanos del ejercicio de tal poder. También se infiere que los representantes ejercen solamente las facultades que se les atribuyen de conformidad con las disposiciones de la constitución".

(La Constitución no otorga a los Diputados de la Ciudad ninguna facultad que les permita discriminar a otros ciudadanos en la elección para los cargos públicos).

"23. El apartado c) del artículo 25 se refiere al derecho y a la posibilidad de los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos públicos. Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso. Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Reviste especial importancia garantizar que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos especificados en el párrafo 1 del artículo 2".

"24. En sus informes, los Estados deberán describir las condiciones para acceder a la administración pública, y los procesos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución o separación del cargo, así como los mecanismos judiciales u otros mecanismos de revisión aplicables a esos procesos. En los informes también debe indicarse cómo se cumple el requisito de acceso en igualdad de condiciones, y si se han adoptado medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades y, en tal caso, en qué medida".

Se trata de un claro caso de violación de las condiciones igualitarias establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sobre esto, cabe agregar las siguientes consideraciones:

1. Podría pensarse que esta objeción puede salvarse si los Diputados-candidatos se abstienen de votarse a sí mismos.

Se trata de un error. Un Diputado tiene capacidad para votar en la elección del Defensor del Pueblo y Defensores Adjuntos y, por ende, puede producirse un acuerdo entre los Diputados-candidatos para votarse mutuamente. De este modo, el Diputado-candidato A se abstiene de votarse a sí mismo, pero vota al Diputado-candidato B, quien también se abstiene de votarse a sí mismo pero vota al Diputado-candidato A.

Ninguno de los otros candidatos puede hacer esto.

2. En segundo término, podría pensarse que esta objeción puede salvarse si los Diputados-candidatos se abstienen de votar en la elección del Defensor del Pueblo y Adjuntos.

Nuevamente, se trata de un error. La capacidad de decisión de los Diputados de la Ciudad les otorga una capacidad de negociación de la que carecen los otros candidatos. Por ejemplo, un Diputado-candidato podría abstenerse de votar en la eleción del Defensor del Pueblo pero puede votar a otro Diputado para otro cargo público (por ejemplo, en la Auditoría de la Ciudad) y pedirle su voto a cambio. De este modo, nadie se votaría a sí mismo, pero todos se votarían mutuamente.

 

 En consecuencia, se mantiene una situación de privilegio que tiene como única solución el que los Diputados de la Ciudad no sean candidatos a estos cargos.

 

Al respecto, es sugestivo tener en cuenta como antecedente la legislación de Panamá, según la cual los requisitos para ser elegido Defensor del Pueblo se encuentran establecidos en el artículo 8 de la Ley N° 7 de 5 de febrero de 1997, que crea la Institución, entre los cuales se menciona:

"6. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente de la República u otro miembro del Consejo de Gabinete, ni con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni con los Legisladores de la República."

Es decir, que en Panamá, y por razones éticas, los Diputados no pueden elegir a sus parientes para ocupar cargos en la Defensoría del Pueblo. En cambio, entre nosotros, parecería que no sólo pueden elegir a sus parientes sino también elegirse a sí mismos, discriminando a los que no son Diputados.

Saluda a Uds. muy atentamente,

Nélida Harracá, Gabriela Cerioli, Martha Vera Amarilla, Vilma Osella, Teresa Mancini, Diego Ruiz, Paula Iadevito.


 
3. La presentación ante la Justicia de Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
 
Buenos Aires-Argentina, 13 Setiembre 2003
 
Pedido a la Justicia para frenar la elección del ombudsman porteño
Por Horacio Cecchi

 Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentaron ayer un pedido de amparo para suspender la elección del defensor del Pueblo porteño. Las dos fundaciones consideraron como falto de transparencia el proceso llevado adelante por la Legislatura para elegir al defensor. El escrito sostiene que de los 34 candidatos actuales ninguno fue postulado con fundamentación por los legisladores. “La falta de fundamentación –dice el texto– contribuye a generar sospecha de que la selección de candidatos se enmarca en razones que no pueden hacerse públicas, o en otras de índole personal, familiar y/o de conveniencia política.” No es la primera crisis en el proceso de elección del defensor. En agosto, cuando se conoció la lista de los 34 candidatos, seis ONG advirtieron sobre la escasa publicidad que transforma en “falto de transparencia” el proceso de elección de un cargo en el que la credibilidad pública es imprescindible.

El proceso de elección del defensor porteño consta de cinco etapas. La primera corresponde a las postulaciones. Los interesados pueden autopostularse o ser nominados por organizaciones civiles. La ley contempla que los mismos legisladores puedan autopostularse. La segunda etapa corresponde al aval que deben dar los legisladores para convertir a los postulantes en candidatos. Requieren al menos del aval de un legislador. Durante la tercera se analizan las impugnaciones que puede presentar cualquier ciudadano. Los legisladores analizan las impugnaciones y les dan cabida o las rechazan. En la cuarta, las candidaturas son planteadas en audiencia pública. La última etapa es la sesión especial de la Legislatura en la que se designa al defensor, con la aprobación de al menos los dos tercios de los diputados.

En la primera etapa se presentaron 59 postulantes. Al llegar a la tercera etapa, se presentaron las impugnaciones. Los legisladores hicieron lugar a la impugnación de 25 postulantes, quedando habilitados los 34 restantes, entre los que figuran seis diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre y una legisladora electa en los últimos comicios. “Los avales a los 34 candidatos no fueron fundamentados”, dijo a Página/12 el abogado Andrés Nápoli, de FARN, quien presentó el pedido de amparo en representación de las dos fundaciones. “Cumplen sólo en las formas, pero no hay interés en discutir públicamente las candidaturas”, sostuvo el letrado.

Según el pedido de amparo, la falta de fundamentación “impide conocer los motivos tenidos en cuenta para hacer que los referidos 34 postulantes pudieran convertirse en candidatos, mientras que los restantes 25 no pudieron lograrlo”. Entre los 34 postulantes, se encuentran Alicia Pierini (PJ), Roque Bellomo y Eduardo Peduto Pardo (Frente Grande), Marcela Larrosa y Claudia Serio (UCR), Atilio Alimena (Demócrata), y Marta Elena Talotti, electa en los comicios del 24 agosto por el Partido de la Ciudad. Según versiones aún no confirmadas, Talotti se autoexcluyó y Larrosa estaría por tomar la misma decisión.

“El planteo es novedoso, nunca antes se pidió –respondió Pierini–. No está en la ley que se presenten las fundamentaciones. Los legisladores fundamentan en el momento de la elección. Pero, además, el defensor debe ser electo con los dos tercios de los votos. Quién mejor que mis colegas para conocerme. Hay 24 bloques. ¿Qué arreglo espurio se puede hacer?”

La lectura de Nápoli no es la misma pero en parte se basa en lo dicho por Pierini: “El cargo del defensor se sostiene por la transparencia de su figura pública. Si los legisladores que se postulan son avalados por sus pares, se presta a las sospechas de padrinazgo político”.

Los hechos, en parte, parecen decirlo: Cristian Caram, legislador de la UCR, realizó dos propuestas. Una de ellas por su pareja, Marcela Larrosa.