Por si faltaban argumentos para declarar la insalubridad del subterráneo (tanto para los trabajadores como para los usuarios),  encontramos 338 antenas de telefonía celular en el interior del subte, todas ellas fuentes potenciales de contaminación electromagnética.
 
Esas antenas son las que permiten que los teléfonos celulares funcionen en andenes, pasillos y túneles del subterráneo. Una investigación llevada adelante por esta Adjuntía arrojó que se trata de antenas colocadas en forma ilegal por las compañías telefónicas, en acuerdo con el concesionario del subterráneo, sin ninguna habilitación ni control por parte de los funcionarios encargados de cuidar nuestra salud y la de los trabajadores del subte.
 
La presencia de esas antenas puede agravar aún más la situación de insalubridad del subterráneo, continuamente denunciada por trabajadores y usuarios. Esta situación fue recogida por la Legislatura de la Ciudad, que declaró insalubre el trabajo en el subte mediante la Ley 871. Lamentablemente, esta Ley fue vetada por el Jefe de Gobierno.
 
Como se sabe, la contaminación electromagnética puede afectar gravemente la salud. Por esta razón, las normas vigentes establecen que toda antena de este tipo debe ser habilitada y medida a fin de verificar que emita a una potencia tal que no afecte a las personas. Por estar funcionando en lugares cerrados, las antenas del subte deberían ser objeto de un control continuo, ya que sus riesgos son mucho mayores que los de las antenas que operan al aire libre.
 
Yo me pregunto: los funcionarios encagados de controlar esto, ¿nunca viajaron en subte? Por sus conocimientos técnicos, saben que no hay modo de que un teléfono celular funcione allí abajo si no hay antenas instaladas. ¿A ninguno de ellos le llamó a atención que los celulares funcionen bajo tierra? ¿Ninguno de ellos vio la publidad de una empresa que anunció hace tiempo que sus teléfonos tenían señal en el subterráneo?
 
Esas antenas están relativamente disimuladas para el público, pero no tanto como para engañar la mirada de un profesional. Tanto, que cuando nos pusimos a buscarlas, encontramos nada menos que 338 antenas, todas en el subterráneo, y todas clandestinas. ¿Por qué no las vieron los funcionarios encargados de verlas?
 
Como nos preocupó su posible efecto sobre la salud, pedimos la colaboración del Instituto Tecnológico Buenos Aires, quien efectuó la medición de todas las antenas del subte para ver sus posibles efectos para la salud. Tengo que destacar que nuestro presupuesto para cualquier clase de mediciones es igual a cero, y que el Instituto Tecnológico Buenos Aires las realizó sin cobrar un centavo. Esto sugiere que trabajar sin dinero es enormemente más difícil, pero no es imposible, como se afirma a menudo.
 
Esta tarea fue coordinada por la Dra. María Teresa Mancini y la Lic. Mabel Santoro, ambas asesoras de esta Defensoría Adjunta y con la colaboración del Ente de la Ciudad.
 
Las mediciones indicaron que, al menos en el momento de efectuarse, casi todas las antenas eran inocuas para la salud. Esto es, paradójicamente, otro indicio de insalubridad. En efecto, si la gente intentara usar su teléfono en el subte, las antenas tendrían que funcionar a una potencia más elevada para abastecer a todos los usuarios. En ese caso, podrían estar afectando la salud de las personas. Sin embargo, los niveles de ruido son tales que son muy pocas las oportunidades para usar un teléfono allí abajo.
 
Resulta extraño descubrir que la única defensa que tenemos contra una forma de contaminación, desconocida por las autoridades, es otra forma de contaminación, negada por las autoridades.
 
A continuación,  la desgrabación de nuestro programa de radio "Esta, nuestra única Tierra", en el que analizamos las características del problema.

 

                                                    Midiendo la potencia de las antenas clandestinas


Las antenas clandestinas, en el programa “Ésta, nuestra única Tierra 

Antonio Elio Brailovsky: Buenos Aires es una ciudad insólita, con recovecos extraños. Es, paradójicamente, una de las mayores ciudades del mundo, pero también es una ciudad en la que pueden suceder eventos impensados y más en un momento como en el que vivimos, en donde la profunda crisis institucional que estamos sufriendo nos va marcando la completa ausencia del Estado. A veces, ya no nos sorprenden las transgresiones a la ley, sino que nos sorprende mucho más la enorme cantidad de gente que sigue cumpliendo con su deber, tal vez por costumbre, por principios éticos y tal vez, algunos otros, simplemente porque creen que hay alguien organizando una ciudad que parece organizarse sólo por la mera inercia y el puro transcurso de las cosas.

En este programa vamos a contarles un descubrimiento insólito que hemos hecho en la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad y con la colaboración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad y un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Nos metimos en el interior del subterráneo con la idea de que había alguna antena de telefonía celular, dado que algunas empresas estaban promocionando que sus teléfonos celulares efectivamente funcionaban en el interior del subte. Cada una de estas antenas implica un riesgo importante de contaminación electromagnética. Si al aire libre la contaminación implica un riesgo, la pregunta es qué pasa si encontramos antenas en el interior del subterráneo, quién está controlando si estas antenas existen, si se habilitaron, si implican riesgos para la salud, de qué manera se maneja esto. La sorpresa fue encontrarnos contar 338 antenas clandestinas de telefonía celular en el interior del subterráneo, una cifra absolutamente inverosímil en cualquier otro país que no sea la Argentina y tal vez en cualquier otra ciudad que no sea Buenos Aires, donde el absoluto descontrol es la norma. Analizaremos lo que implica este descubrimiento, lo que implican los riesgos para la salud de esta enorme proliferación de aparatos electromagnéticos sin ningún control, en un espacio cerrado, de manera que todo esto sirva como hecho puntual de una denuncia concreta de riesgo de contaminación electromagnética, pero también sirva como reflexión sobre qué está pasando, qué implican estos niveles absolutos de descontrol en la Ciudad de Buenos Aires.

Vilma Osella: Tengo en mis manos la actuación N° 3.698/02 iniciada por el defensor del Pueblo Adjunto Antonio Elio Brailovsky, quien asignó para esta investigación a la geógrafa Mabel Santoro y a la abogada Teresa Mancini, que se llevó adelante con la colaboración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro Argentino de Estudios de Radiocomunicaciones y Compatibilidad Electro-magnética (CAERCEM) del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Me acompañan la Dra. Teresa Mancini y Rodolfo Martínez, que pertenece a la oficina de Control de Transporte del Ente. Esta investigación aparece en la Defensoría Adjunta hace bastante tiempo por inquietudes conjuntas de la arquitecta Liliana Álvarez y de Antonio Brailovsky. La Arq. Álvarez venía desde hacía ya un tiempo trayendo información del exterior sobre qué pasaba con el tema de las antenas de teléfonos celulares. Ella también está presente para contarnos algo sobre el asunto.

Dra. Mancini, ¿cómo se enteraron ustedes de la existencia de las 338 antenas de telefonía móvil en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires?

Dra. Teresa Mancini: A la información que aportó la Arq. Álvarez se sumó, a fines del año 2000, una publicidad de CTI, que decía que a partir de ese momento con CTI se podía hablar en el subte. Era la primera empresa en instalar antenas en el subte. Pero luego, con mi propio teléfono, que pertenece a otra empresa, me di cuenta de que tenía mejor señal que en mi casa, lo que quería decir que esa empresa también estaba en el subterráneo. Así surgió la inquietud de investigar. Tuvimos la posibilidad de convocar a la gente del ITBA para trabajar juntos, a quienes se sumó el Ente, pues era una de sus competencias. Investigar toda la red no le corresponde a la Defensoría, pero sí a los organismos competentes.  

Vilma Osella: ¿Por qué no le corresponde a la Defensoría?

Dra. Teresa Mancini: Le corresponde solicitarlo, pero no llevar adelante la investigación. Tuvimos bastantes inconvenientes, porque gran parte de los informes que pedimos tuvieron respuestas parciales o no obtuvimos respuesta. Por eso, tratamos de hacerlo nosotros. Muchas veces los organismos públicos contestan que no hay presupuesto. Esto se hizo con presupuesto cero. 

Vilma Osella: ¿Cómo supieron que las antenas no tenían habilitación ni permiso alguno?

Dra. Teresa Mancini: Investigamos la contaminación electromagnética desde el punto de vista legal y administrativo y desde el aspecto de la salud y del medio ambiente. En cuanto a lo legal y técnico, solicitamos diversos informes. El trámite para habilitar una antena es bastante extenso, porque se debe pasar por varios organismos. Nos dimos cuenta de que por uno de ellos no había pasado, lo que quería decir que el trámite de habilitación no había terminado. Extraoficialmente, supimos de que los organismos competentes se enteraron por nosotros de que existían 338 antenas cuando les enviamos un listado dándoles la localización de cada una de las antenas. Ese listado lo conseguimos a través de la empresa Metrovías. De él se desprende que las empresas Personal, Movicom y Unifon también estaban dentro de la red de subterráneos. 

    

                                                ¿Cómo hicieron para no verlas?

Vilma Osella: Sr. Martínez, ¿cómo se reconocen las antenas de teléfonos celulares? 

Rodolfo Martínez: En realidad no las conocíamos hasta hacer este trabajo. Son unas pantallas que están suspendidas de la bóveda del subte y en las estaciones mismas, que deben tener unos 30 cm de lado, a veces por 30 cm, a veces por 60 cm; algunas son circulares. En algunas estaciones hay hasta tres por cada andén.

Vilma Osella: ¿Por qué el Ente decide apoyar esta investigación?

Rodolfo Martínez: El Ente apoya en general todas las investigaciones y denuncias que hace la Defensoría. El área de Transporte había tenido ya experiencias previas con abonos estudiantiles y el derrame de combustible en la estación Independencia. En este caso en particular, acompañamos la investigación y las mediciones que se fueron haciendo en las distintas estaciones para ver qué grado de daño podían producir estas instalaciones y, a su vez, comenzar la investigación de la posible habilitación o no de las mismas.  

Vilma Osella: ¿Metrovías colaboró en esta investigación?

Rodolfo Martínez: A medias. Formalmente, sí, porque nosotros teníamos un papel de la empresa que nos habilitaba a hacer las mediciones correspondientes. En general, nos tenía que acompañar una persona del área electrónica a hacer las mediciones. En muy pocas oportunidades ellos nos acompañaron. Cada vez que ellos no hicieron el recorrido con nosotros, aparecía una persona de seguridad que de manera bastante prepotente nos preguntaba qué estábamos haciendo y debíamos identificarnos y contar de vuelta cuál era nuestro trabajo. 

Vilma Osella: Ezequiel Brailovsky entrevistó a su jefe, al encargado del área de Transporte del Ente Regulador, Lic. Julio Rearte.

Ezequiel Brailovsky: ¿Por qué el Ente se sumó a la investigación llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo Adjunta en relación a las antenas de telefonía celular en la red de subterráneos? 

Lic. Julio Rearte: En principio, tomando el contrato de concesión de este servicio, hay dos grupos de actividades que el concesionario puede desarrollar: la principal es el transporte de pasajeros. La otra son actividades comerciales, de explotación comercial y publicitaria de los espacios de la red. Para esto, la empresa debe cumplir con las reglamentaciones existentes.

Ezequiel Brailovsky: ¿Sobre quién cae la responsabilidad de instalar antenas de telefonía celular? 

Lic. Julio Rearte: El responsable es el concesionario, que seguramente sub-alquila espacios destinados a estas instalaciones. En esos contratos que el concesionario celebra con terceros tiene que estar incluido el requisito de cumplir con las reglamentaciones vigentes, o sea, con la habilitación.

Ezequiel Brailovsky: ¿La investigación mostró que existen irregularidades? 

Lic. Julio Rearte: Finalmente recibimos una respuesta de parte de la Dirección correspondiente de la Ciudad con respecto a que las habilitaciones no estaban otorgadas.

Ezequiel Brailovsky: Ante esa irregularidad, ¿qué medidas adopta el Ente para intentar remediarlo? 

Lic. Julio Rearte: Inmediatamente se puso en marcha un trámite interno para lograr que el Ente se expida orgánicamente hacia fuera, solicitándole a la empresa que cumpla con los pasos necesarios para esta habilitación.

 

Vilma Osella: ¿Cuánto tiempo llevó este trabajo? ¿Se hicieron mediciones?

Rodolfo Martínez: Esto requirió un trabajo de campo bastante extenso. Estuvimos un mes y medio, una vez por semana, en cada una de las líneas del subte. Eran jornadas bastante agobiantes, de 8 o 9 horas, con el aparato a cuestas, parando en cada uno de los lugares donde nosotros detectábamos una de estas antenas, con los problemas de hacer la medición en medio de la tarea del subte, donde baja y sube gente en cada estación. Más de una vez había una antena donde se abría una puerta con una avalancha de gente. Es un aparato costoso, que pertenece al ITBA, que había que cuidar mucho.  

Vilma Osella: ¿En qué llevó esta investigación, Dra. Mancini?

Dra. Teresa Mancini: Nosotros le dimos formato de actuación para poder volcar esta investigación. Esta actuación deriva en una resolución de la Defensoría, pero esto no quiere decir que la actuación haya terminado. Todavía tenemos que seguir investigando el tema de la contaminación. Cuando tengamos los resultados de los técnicos del ITBA, se emitirá otra resolución. Por ahora, de lo que estamos seguros es de la falta de habilitación de todas estas estructuras, lo que deviene en una irregularidad total y en una falta de control absoluta por parte de los organismos competentes. 

Vilma Osella: ¿Hay normas que indican que las antenas de teléfonos celulares o las de TV no deban estar? 

Dra. Teresa Mancini: Lo cierto es que todas las estructuras que se instalen dentro del subte deben tener su habilitación. El subte es un servicio público que está concesionado a la empresa Metrovías y, como espacio físico, se necesita que para cada cosa que se haga ahí adentro, se pída permiso al Gobierno de la Ciudad, que es el dueño de la red de subterráneos. Por otro lado, las antenas, por ser una estructura en sí y por lo que significan, que trabajan con ondas electromagnéticas que son un medio de comunicación, necesitan una habilitación particular, ya sea dentro del subte o fuera de él. Cada una de las antenas debe pagar un canon. Ninguna de estas 338 antenas pagó nada durante estos años. Ese dinero lo está perdiendo toda la comunidad. Eso es culpa de la falta de control y de la actitud irresponsable de la empresa Metrovías. En la resolución se hacen recomendaciones para que esto se solucione. La empresa Metrovías está infringiendo el contrato de concesión, donde queda expresamente establecido que cualquier instalación o uso comercial que se haga en la red de subterráneos debe ser informado y debe pagar un determinado canon.

Vilma Osella: Arq. Álvarez, ¿las radiaciones de las antenas son perjudiciales para la salud? 

Liliana Álvarez: Se está investigando, todavía no se tiene un estudio concreto que tendría que dar a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ya hay indicios a partir de algunos estudios. En enero la OMS publicó un comunicado donde afirmó que hasta entonces no era posible determinar si los campos electromagnéticos creados por los celulares o sus antenas base podrían ser causantes de cáncer. Por lo tanto, lo puso en la lista como probabilidad de cáncer cuando antes, no estaban en esa lista. El tema ya está ubicado en un lugar estratégico... como para cubrirse, por las dudas. Ya se dijo que los de baja frecuencia, entre 50 y 60 Mhz, tienen una potencialidad en cuanto a los efectos cancerígenos. El problema en lugares cerrados es otro con respecto a las radiaciones.

Vilma Osella: Hay un trabajo sobre Japón, pero eso tiene que ver con los trenes. 

Liliana Álvarez:  Las características que tiene el tren en Japón son parecidas a las de los subtes, porque se trata de lugares cerrados y metálicos, lo cual hace que cualquier radiación que entre le sea imposible salir. Se produce una jaula Faraday, donde se concentran todas esas radiaciones.

Vilma Osella: ¿Los japoneses prohibieron el uso de los celulares en los trenes? 

Liliana Álvarez:  Exacto. También en Barcelona se investigó en el metro. El estudio lo inició el Arq. Carlos Requejo, que es parte de GEA España, un organismo de investigación. Ellos hicieron un estudio en 1998-1999. Él me comentó que, además del problema de radiación por los teléfonos celulares dentro del subte, hay una sinergia que existe entre los factores de calidad ambiental, lo cual crea microambientes típicos del subte, donde se los puede manejar como si fuese el “síndrome de edificio enfermo”, porque a esto se le suma no sólo la radiación que puede tener la estructura metálica, sino además el hecho de que está adentro de la jaula que es el túnel del subte. Por otra parte, es eléctrico, por lo que produce campos magnéticos y campos eléctricos. Hay que tener en cuenta todas estas cosas para observar cuál es el resultado final, si este espacio es o no contaminante.

Vilma Osella: Las autoridades sanitarias deberían informar a la población sobre estas cosas. ¿Está diciendo eso la OMS?

Liliana Álvarez:  Sí. Todo esto es un llamado de atención a todos los gobiernos para que se tengan en cuenta todos estos parámetros. En el subte además está el riesgo que corre la gente que trabaja allí, pues está expuesta a todas estas radiaciones. Otra cosa que se agrega –y siempre se nos pasa- es el gas radón dentro del subte. Es un tema que muchas veces no se mide. Sería interesante que se empiece a medir. El gas radón, considerando la escasa ventilación que tienen nuestros subtes, debería ser controlado.

Antonio Elio Brailovsky: Durante este programa vimos un estudio de caso sobre cómo los problemas de medio ambiente ingresan a la consideración pública, cómo son descubiertos, cómo empieza la sociedad a preocuparse por su incidencia sobre la salud humana. El subte es insalubre, acaba de ser declarado insalubre por una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de los subterráneos tienen condiciones de insalubridad a partir de la semana pasada. En los fundamentos de la ley, con un excelente debate en la Legislatura de la Ciudad –que a veces es chata, pero que esta vez tuvo un muy alto nivel-, se tuvieron en cuenta los distintos factores de insalubridad, incluyendo el ruido, el cuerpo de grafito, los asbestos y en algún momento se habló algo de ondas electromagnéticas.

Durante este programa vieron los pasos por los cuales una sociedad descubre las agresiones ambientales. Con todas las agresiones ambientales pasó lo mismo, es decir, en ningún momento hubo una autoridad de control que cumpliera con su deber, en ningún momento los encargados de medir, de habilitar, de autorizar, hicieron lo que debían hacer. Simplemente, no se dieron por enterados de que el problema existía y fueron ciudadanos preocupados los que llamaron a otras partes para decir “hay un problema, ¿por qué no empezamos a investigar?”. Y se empezó a investigar por parte de aquellos que no teníamos competencia para investigar, por los que no teníamos presupuesto. Y hubo que encontrar de alguna manera la buena voluntad de personas e instituciones que veían que el problema existía y que sabían que los que tenían la obligación y el presupuesto para hacerlo, no lo iban a hacer. Se fue construyendo el conocimiento colectivo. Esta idea del conocimiento colectivo me parece que es sustancial para entender lo que nos pasa en términos de medio ambiente. Es decir, una sociedad que se hace cargo de un problema del que las autoridades no se hacen cargo, que descubre, investiga, mide, analiza, reclama, denuncia y, finalmente, logra que el problema tenga entidad científica a partir de este informe hecho por este equipo y que tenga entidad pública a partir de las comunicaciones de la Defensoría del Pueblo Adjunta. Por supuesto, el paso siguiente es el más difícil porque implica que las autoridades se hagan cargo de que el problema existe, que no lo nieguen, que no lo escondan, que no miren para otro lado. Esto ya depende de la manera en que la sociedad presione a las autoridades para que se hagan cargo de que el problema existe.

Creo que demostramos de manera fehaciente, contundente, que hay 338 antenas clandestinas en el subterráneo a la vista de todos los funcionarios que tendrían que haberlas controlado y eliminado, si su función era cumplir la ley. De manera que lo que nos queda es el reclamos social para que la ley se cumpla. Es curioso que sea tan difícil en la Argentina de hoy lograr que las autoridades cumplan con la ley.


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