Hace unos pocos meses festejábamos la aprobación de la Ley que prohibe la incineración de los residuos patogénicos en la Ciudad de Buenos Aires. La consideramos un importante avance, ya que equivale a reconocer la necesidad de técnicas de tratamiento que se adapten al cambio de composición de ese tipo de residuos y sean ambientalmente seguras.

Sin embargo, sabemos que en la Argentina, y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, no siempre la Ley escrita refleja la realidad. Mientras nosotros apludíamos en la Legislatura de la Ciudad, en los hospitales se desarrollaba una historia mucho más sórdida.

Por una denuncia llegada a la Defensoría del Pueblo se comenzó a investigar la forma en que el hospital Muñiz trataba sus residuos patogénicos. Se trata, precisamente, del hospital que debe tomar mayores precauciones, ya que es el que atiende pacientes con enfermedades infecciosas, como el SIDA.

Los que participaron de la inspección volvieron asqueados de lo que encontraron allí, como verán ustedes en los detalles del informe elaborado. Aquí nos interesa destacar que se trata de un caso más en el cual el Estado renuncia a su obligación de control. Los funcionarios creyeron que bastaba con privatizar un servicio para que ese servicio se prestara de un modo adecuado y en ningún momento controlaron a la empresa contratista.

Los resultados de privatizar sin control el tratamiento de residuos patogénicos pueden verlos ustedes en estinforme. Es la recomendación  firmada por la Dra. Alicia Oliveira, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, preparada sobre la base de las inspecciones y peritajes realizados en un lugar en el que se supone están velando por nuestra salud.

La inspección encontró hasta un gato muerto
donde se almacenaban residuos patogénicos


                        Los residuos patogénicos en el Hospital Muñiz  

Dra. Alicia Oliveira
Defensora del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires

VISTO:

            La actuación nº 11279/01, iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo, en relación a presuntas irregularidades en el tratamiento, manipulación y disposición final de residuos patogénicos en el Hospital General de Infecciosas “Francisco J. Muñiz” de esta Ciudad de Buenos Aires.

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Hechos.-

                                                1.- Mediante un escrito anónimo se puso en conocimiento de esta Defensoría que en el ámbito del Hospital Muñiz se estaría efectuando -periódicamente- el volcado de líquidos tóxicos y/o patogénicos a las redes cloacales, solicitando una investigación al respecto, en razón de la peligrosidad que tal conducta podría acarrear para la salud de la población (fs. 1 y 2).

                                                2.- Ante la gravedad que prima facie se desprende de los hechos denunciados y en atención a lo que dispone el art. 26 de la Ley nº 3 de la Ciudad, se dispuso iniciar una actuación de oficio tendiente a investigar la existencia de anomalías en el tratamiento de residuos patogénicos dentro del citado nosocomio.

II. Investigaciones realizadas.-

                                                1.- Como medida preliminar, se dispuso realizar una inspección y verificación integral en el Hospital General de Infecciosas Francisco J. Muñiz -tal como surge de la disposición nº 01/02-AAJYDC-DP, de fs. 7-, para lo cual se requirió previamente el auxilio de personal especializado de la Dirección de Protección Civil y Asuntos Ambientales de la Gendarmería Nacional (fs. 3 y 4).

                                    1.1.- Con fecha 6 de febrero de 2002, funcionarios del Área de Asuntos Jurídicos y Defensa del Consumidor de esta Defensoría del Pueblo (AAJYDC) debidamente autorizados, conjuntamente con el Primer Alférez Jorge Gustavo Martínez de la División Medio Ambiente Dirección Policía Científica de la Gendarmería Nacional y el Primer Alférez Alfredo Ángel Orlando de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Gendarmería Nacional, llevaron adelante el procedimiento ordenado con la presencia de la licenciada Margarita Cantero perteneciente al Comité de Control de Infecciones creado en el ámbito de ese Hospital para supervisar el tratamiento de residuos patogénicos.

                                    1.2.- Como resultado del procedimiento se elaboró el informe preliminar que luce agregado a fs. 8/9 de la presente, donde constan todas las pericias y diligencias desarrolladas, de cuyos aspectos sobresalientes conviene señalar:

·             La manipulación, tratamiento, y disposición final de residuos patogénicos es realizada, desde 1998, por una empresa privada cuya razón social es “Descontaminación de Residuos Patológicos S.A.” (DRP S.A.), titular de la máquina de autoclavado que está instalada en un predio del Hospital. En ese lugar, existe un cartel con el nombre de la firma mencionada, cuya dirección es Sarmiento 385, piso 5º, of. 80, de esta Ciudad de Buenos Aires, Teléfonos: 4325-2991/0122, fax: 4325-0122/2991. Según lo informado por autoridades del Hospital, la contratación se hizo en forma directa por compulsa de precios. En dicha oportunidad, se le requirió al señor Néstor Laporta, Director General de Recursos Desconcentrados del Hospital Muñiz G.C.B.A., el envió de toda la documentación relativa a dicha contratación.

·             En el sector afectado al tratamiento de los residuos, se constató que: 1) desde el día anterior, la máquina de autoclave y tratamiento estaba fuera de servicio y a la espera de su reparación; 2) A un costado del equipo se hallaban acumuladas, al aire libre y sin ningún resguardo de seguridad, una numerosa cantidad de bolsas rojas que contenían residuos hospitalarios provenientes del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez y del Instituto del Quemado, según lo informado por los empleados del lugar; 3) Dichas bolsas se encontraban sin rotular, de modo que no se pudo determinar ni su origen, ni su fecha; 4) En la cloaca del sector se observaron restos de bolsas plásticas, envases de jeringas (sin agujas), y aceite. Por lo cual, se procedió a tomar una muestra para su posterior análisis químico, tomándose fotografías del lugar; 5) Se observó, además, que no existe documentación a la vista que permita verificar el asiento de las bolsas y/o kilos de residuos que ingresan diariamente para su tratamiento. El personal de la firma DRP S.A. manifestó que toda la. documentación se guarda en las oficinas de la empresa. 

·             Posteriormente, se inspeccionó el sector de almacenamiento o acopio de los residuos generados diariamente en ese Hospital, previo a que ingresen al sector de tratamiento. Allí se observó que: 1) las bolsas se hallan almacenadas en un especie de jaulón abierto, que no guarda medidas mínimas de seguridad (no está vallado, ni convenientemente cerrado); 2) ninguna de las bolsas estaba rotulada; 3) el lugar carece de toda señalización; 3) se encontró un gato muerto en estado de avanzada descomposición, tomándose fotografías del sector. 

·             Luego, por indicación del personal de Gendarmería, se extrajeron muestras de la cloaca maestra (ubicada en la entrada de la ex Lavandería) y otra muestra de la cloaca que tiene salida al exterior del nosocomio (situada detrás de los consultorios externos). 

·             Los tres frascos con las muestras cloacales obtenidas fueron convenientemente sellados y lacrados, con la firma de los oficiales de Gendarmería y de los funcionarios de esta Defensoría.

                                    1.3.- Las fotografías tomadas se encuentran anexadas a fs. 10/17, e individualizadas desde la letra “A” hasta la “H”, cuyas copias integran el Anexo I de la presente resolución.  

                                                2.- A raíz de las diligencias practicadas, se formuló la correspondiente denuncia penal, por la cual se solicitó al magistrado interviniente que ordene la remisión de las muestras cloacales obtenidas al Cuerpo Médico Forense, a fin de realizar los pertinentes análisis de laboratorio que permitan determinar la presencia de sustancias tóxicas perjudiciales para la salud pública (fs. 18/19). La causa está actualmente radicada en la Fiscalía nº 3 por ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional de la Capital Federal, a cargo del doctor Guillermo Oscar Cichetti, Secretaría a cargo del doctor Gustavo Letner, con sede en la calle Lavalle 1171, 2º piso, de esta Ciudad de Buenos Aires, caratulada como “OLIVEIRA, ALICIA S/TRÁFICO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS PARA LA SALUD” Expediente nº C-03-04333/2002. Hasta el 15 de marzo del corriente año 2002, el informe químico aún estaba en plena elaboración, bajo trámite interno de pericia nº 7010/02, según la vista tomada por personal del Área de Asuntos Jurídicos y Defensa del Consumidor de esta Defensoría (fs. 94).

                                                3.- A fs. 20/22, se adjunta el informe técnico confeccionado por la Dirección de Protección Civil y Asuntos Ambientales de la Gendarmería Nacional en relación al relevamiento efectuado en el Hospital Muñiz, el que por su especificidad conviene transcribir en su totalidad:

            “...De la inspección ocular realizada se pudo constatar:

a. En el recinto de tratamiento: 1) La maquinaria utilizada para tratamiento “in situ” de los residuos se hallaba fuera de servicio, encontrándose en esa condición desde el día martes 05 de febrero a las 14:30 hs., según dichos del Sr. Daniel METZLER, empleado de la firma DRP, encargada del tratamiento.

2) En la parte posterior del recinto se observaron estibadas a la intemperie, bolsas rojas conteniendo residuos, que según lo referido por el empleado provenían del Instituto del Quemado, sin poder precisar el tiempo en que fueron almacenados.

3) Se constató en una de las cámaras cloacales la presencia de restos de guantes de látex, capuchones de agujas y frascos de vidrio color caramelo de aproximadamente 15 ml. provenientes presuntamente del lavado de los recipientes contenedores.

4) La cámara fría se hallaba colmada su capacidad, con bolsas y a la espera de la reparación del autoclave.

b. En el local de acopio de residuos:

1) El mismo se encontraba colmado en su capacidad, volcándose las bolsas al exterior del recinto por una ventana posterior.

2) La puerta del mismo presentaba roturas en el tejido de alambre.

3) No se hallaba señalizado.

4) Las condiciones interiores enumeradas en el art. 23 de la reglamentación de la Ley nº 154, no pudieron constatarse ante la imposibilidad de ingresar al local debido a la cantidad de bolsas apiladas.

c. Se observó que ninguna de las bolsas conteniendo residuos patogénicos, encontrados tanto en el local de acopio, como en la cámara fría, y en el recinto de tratamiento, se hallaba rotulada con los datos consignados en el art. 28 de la reglamentación mencionada.

d. Personal técnico de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional Argentina, conforme lo requerido por esa Defensoría, realizó toma de muestras las que fueron acondicionadas y entregadas al personal de esa Defensoría para su análisis en el laboratorio de la Morgue Judicial.

Fdo. Alfredo Ángel Orlando, Primer Alférez (Ing. Seg Amb.)”.

                                                4.- A fs. 23, se presenta el señor Emilio Álvarez Cabrera quien acredita ser el presidente de la firma “Descontaminación Residuos Patológicos S.A.”, y constituye domicilio legal en el estudio de los letrados que lo patrocinan sito en la calle Lavalle 1447, piso 2º, dpto. “F” de esta Ciudad. En tal presentación, solicita tomar vista y extraer fotocopias de estos actuados, lo cual le fuera conferido según consta a fs. 37. Se acompaña a dicho escrito, diversa documental relacionada con la constitución societaria de la empresa, las modificaciones estatutarias operadas, y el carácter invocado por el presentante, de cuyo cotejo resulta importante destacar que: 1) la empresa fue constituida como sociedad anónima, en fecha del 5 de noviembre de 1993 en la Ciudad y Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, lugar donde también se constituye el domicilio legal de la firma, pudiendo establecer agencias, sucursales o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del territorio de esta República; 2) En el estatuto societario se declara como sede social de la entidad el de la calle Alvear 674, Planta Baja, del Partido de Quilmes, inscribiendo el respectivo instrumento en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (conforme copia de Escritura Pública glosada a fs. 26 a 29); 3) También se agrega copia de la Escritura Pública, de fecha 23 de abril de 2000, por la que la entidad resolvió trasladar su domicilio legal a la Ciudad de Buenos Aires y modificar en consecuencia el estatuto social, resolviéndose que la sede social sea fijada en la calle Sarmiento 385, 5º piso, Oficina 80 de la Ciudad de Buenos Aires, y se autoriza a distintas personas para que realicen las gestiones pertinentes ante la Inspección General de Justicia de la Nación a los fines de su inscripción (fs. 31/35).  

                                                5.- A fs. 38/85, se encuentra agregada la documentación remitida por la Dirección del Hospital Muñiz en relación a la contratación de la firma DRP. De dicha documentación surge, en efecto, que el Hospital dispuso realizar un concurso de precios para la contratación directa, en forma excepcional, de un servicio de retiro, transporte, tratamiento, esterilización y disposición de residuos patogénicos, incluyendo el correspondiente certificado de destrucción final, y fijando un precio máximo de $0,95 por kilogramo retirado. En el acta de Apertura de Propuestas, de fecha 28 de agosto de 1998, (fs. 44) se deja constancia la concurrencia de tres firmas que cotizaron, sin garantía, a saber; 1) DESCONTAMINACION DE RESIDUOS PATOLOGICOS S.A., que ofertó $0,79 por Kg.; 2) ECOSISTEM S.A., con una oferta de $0,81 por kg.; 3) OBRELMEC, con una oferta de $0,96 por Kg. Es dable señalar que en la propuesta presentada por DRP S.A., donde se específica el precio y las modalidades del servicio ofrecido, se consigna al pie de la hoja que el domicilio de la firma es Las Heras 136 - Tel./Fax 0054-1-253-3544 - C.P. 1876 - Bernal - Provincia de Buenos Aires - República Argentina.

                                    5.1.- Del cuadro comparativo de precios, resultó preadjudicataria la firma DRP, con fundamento en el menor precio ofertado, tal como consta en el Acta de Preadjudicación fechada el 31 de agosto de 1998 adjunta a fs. 50/51. En virtud de dicho acto administrativo, el Director del Hospital dispuso que, ante la necesidad de contar con el servicio, se arbitren los medios necesarios para gestionar la autorización, en forma excepcional y como ratificación del temperamento adoptado, ante la Dirección General Adjunta de Hábitat Físico para la Salud (disposición nº 138-HM-98 del 2 de septiembre de 1998, de fs. 52). Dicha Dirección Adjunta señaló que previo a conceder la ratificación de lo actuado en el concurso de precios, deberán acompañarse los certificados ambientales anuales, expedidos por la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación que autorizan a la empresa para el transporte, tratamiento y disposición final de Residuos Patogénicos (fs. 53), los cuales son acompañados, con sus respectivos anexos, y corresponden a los años 1996, 1997, 1998, en donde consta como domicilio real de DRP S.A., la Avda. de los Quilmes 1540, Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y como domicilio legal la calle Sarmiento 385 de esta Ciudad de Buenos Aires. 

                                                6.- Con los datos recabados, personal del Área de Asuntos Jurídicos y Defensa del Consumidor intentó comunicarse telefónicamente con la empresa DRP, a los números de teléfonos que figuran en el cartel ubicado en el recinto de tratamiento del Hospital Muñiz (tal como se señala en el punto 1.2 de la presente). La comunicación resultó infructuosa, debido a que el número 4325-2991 da continuamente ocupado. Consultado el servicio 110, se informó que el número solicitado estaba dado de baja. Por su parte, se comprobó que el otro número telefónico discado (4325-0122) pertenece al “Servicio Técnico ERICSON”, firma comercial que nada tiene que ver con el tratamiento de residuos patológicos ni con ninguna otra cuestión relacionada con temas de salud o medio ambiente. Frente a tal circunstancia, se procedió a concurrir al domicilio consignado como sede de la empresa, sito en la calle Sarmiento 385, piso 5º, of. 80, de esta Ciudad de Buenos Aires, en cuya oportunidad el encargado del edificio informó que la empresa DRP S.A. no funcionaba más allí desde agosto de 2001 aproximadamente, desconociendo su sede actual (informe de fs. 86).

                                                7.- Por otra parte, se dispuso realizar una inspección al Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez” y al Hospital Municipal del Quemado, a fin de verificar si efectivamente los residuos patogénicos que generan ambos establecimientos son remitidos al Hospital Muñiz para su tratamiento, de conformidad con la información suministrada en la inspección (fs. 87). En tal oportunidad se pudo constatar: 1) que la empresa DRP realiza la recolección diaria de los residuos; 2) las bolsas rojas no se rotulan; 3) los lugares destinados al almacenamiento son adecuados; 4) se destaca que el encargado del Hospital Alvarez comentó haberse quejado reiteradamente ante la empresa, debido a que el tipo de bolsas que provee no son del espesor reglamentario (40 micrones, cuando lo indicado es de por lo menos 120 micrones), sin que tal situación se haya modificado (según informe de fs. 83). También, se agrega a fs. 89/91, la disposición 21-HQ-02, emitida por el Director del Hospital Municipal del Quemado, de la que se desprende la contratación directa de la empresa DRP para la prestación del servicio de manipulación y tratamiento de residuos patogénicos, al que se califica de servicio indispensable que exige una continuidad que no admite interrupción de ningún tipo, hasta tanto se realice la correspondiente Licitación, y por la cual se emitió la correspondiente orden de compra mensual (período 01/01/02 al 31/01/02) a favor de la empresa y por la suma de $4.072,95, correspondiente a la producción de 6.849,60Kg. de residuos en el período indicado por un valor unitario de $0,726 por Kg.   

                                                8.- Asimismo, con fecha 15 de marzo de 2002, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación, con carácter de urgente (plazo 72 hs.), informe si la empresa DRP S.A. ha tramitado el correspondiente Certificado Anual Ambiental para los años 2001 y 2002 (tal como lo exige la Ley Nacional nº 24.051 y su Decreto reglamentario nº 831/93) y en su caso, remita copia certificada del expediente correspondiente al año 2001 (fs. 92/93).

                                    8.1.- Ante la falta de respuesta en tiempo propio, y luego de varias insistencias telefónicas, la citada dependencia remitió el informe que se adjunta a fs. 95/96, y en cuyas partes pertinentes se informa:

            “...que conforme las constancias obrantes en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos la firma DESCONTAMINACION DE RESIDUOS PATOLÓGICOS S.A. ha presentado la Declaración Jurada de Solicitud de Inscripción en los términos de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en la categoría de Operador de Residuos Peligrosos. Como consecuencia de ello, la misma ha obtenido el Certificado Ambiental Anual nº 1529, cuyo vencimiento operó el 24 de enero del corriente año.

            La firma ha presentado la solicitud de renovación en trámite bajo el Expediente nº 3132/2000 en III cuerpos, la cual a la fecha se encuentra en su última etapa de estudio previo a la obtención del Certificado Ambiental Anual, en cuyo marco se ha declarado un nuevo equipo de tratamiento, respecto del cual ya se ha acreditado la validación físico-químico biológica”.

                                    Y más adelante se dice: “...se hace saber que en virtud de la falta de insumos de papel y toner de fotocopiadora esta Autoridad de Aplicación no se encuentra en condiciones de remitir copias certificadas del Expediente en cuestión, no obstante lo cual se pone a disposición de vuestro organismo las actuaciones a efectos de la toma de vista respectiva... Fdo. Ftal. Carlos Merenson, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.

                                    8.2.- Previo  a  la  respuesta  recibida, se consultó -en fecha 18 de marzo de 2002- la nómina de Operadores de Residuos Patogénicos publicada en la página web del organismo (fs. 97/99). A la cabeza de dicha nómina aparece la empresa Descontaminación de Residuos Patológicos S.A. con los siguientes datos: “Categorías Autorizadas: in situ 1, 45” (residuos provenientes de la atención médica para la salud); C.A. nº 1529 fecha de vencimiento 24/01/02; Disp. Final Res. nº: NO; Domicilio: Sarmiento 385 5º “80” (1041) Quilmes BUENOS AIRES; Teléfono / fax: 4325-5444(las negritas y el subrayado son nuestros). En la misma página, dos renglones más abajo, figura otra empresa denominada “Eccotech S.A.” cuyos datos son los siguientes: “Categorías Autorizadas: in situ 1; C.A. nº 1708, fecha de vencimiento 02/81/02; Disp. Final Res. nº: NO; Domicilio: Avda. Directorio 7349 (1440) Capital Federal; Teléfono / fax: 4325-5444”.  

                                    8.3.- Como se podrá advertir, con un mínimo de detenimiento, algunos de los datos publicados oficialmente por la Autoridad de Aplicación son, por lo menos, erróneos. Por un lado, surge claramente que la autorización para funcionar como operador de residuos patogénicos está formalmente vencida, sin que se consigne la existencia de solicitud de renovación en trámite o autorización provisoria. Además, el domicilio enunciado en la calle Sarmiento 385, Código Postal 1041, corresponde a una dirección de esta Capital Federal y no del partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, como allí erróneamente se consigna. No es ocioso recordar aquí, que esta Defensoría constató que dicha empresa no se encuentra instalada allí desde, al menos, agosto de 2001 -tal como se expresara en el punto 1.6 de la presente-. Pero además, se señala un único número telefónico que resulta ser idéntico al que más abajo se le atribuye a la empresa Eccotecch S.A., la que a su vez tiene un domicilio declarado diferente al de DRP S.A. y en una zona de la Capital distinta y alejada de la calle Sarmiento al 300. Ante esta “peculiaridad”, personal del Area de Asuntos Jurídicos y Defensa del Consumidor discó el número en cuestión (4322-5444) del que surge una voz grabada que informa: “el número solicitado no corresponde a un cliente en servicio”.

                                                9.- A fs. 100, se adjunta un edicto publicado en el diario “Clarín”, en su ejemplar del sábado 23 de marzo de 2002, página 46, segmento Mercados-Concursos, Quiebras y convocatorias, que dice:

“Concursos Presentados.

4Descontaminación de Residuos Patológicos S.A.: tratamiento de residuos especialmente patológicos, Avenida Brasil 1796. (subrayado nuestro). Solicitó su concurso preventivo. Cesación de pagos; 20 de enero de 2002. Juzgado nº 13 del doctor Villar; secretaría nº 26 del doctor Cardama”.

                                                10.- Por último, en fecha 19 de abril de 2002, se realizó una nueva visita al sector destinado al tratamiento de residuos patogénicos en el Hospital Muñiz -cuyo informe completo obra glosado a fs. 101 de esta actuación- en donde se pudo observar que:

·      La máquina autoclave continuaba fuera de servicio desde el 5 de febrero de 2002, es decir, un día antes a la fecha en que se realizó la primera inspección.

·      El lugar se hallaba colmado de bolsas rojas cuyo espesor no superaba los 40 micrones. Según manifestaciones del señor Marcelo Rosales -que se presentó como responsable de la firma DRP-, reconoció que las bolsas que allí se utilizan no se ajustan a las que la reglamentación vigente exige, aunque señaló que las mismas son provistas por las empresas “Poliequipo” y “Limpia Buenos Aires”.

·      Las bolsas acumuladas estaban sin rotular.

·      El mismo señor Rosales, aclaró que DRP se encuentra en convocatoria de acreedores por un pasivo que no excede los $30.000. Señaló, además, que la empresa adquirió una nueva máquina de autoclave de origen estadounidense, por un valor de u$s160.000, aún cuando el Gobierno de la Ciudad le adeuda el pago de los servicios que prestan desde hace aproximadamente un año.

·      Consultado sobre el destino de los residuos, habida cuenta que el equipo de tratamiento se encuentra sin funcionar, el señor Rosales respondió escuetamente que los mismos eran transportados a un Horno Pirolítico ubicado en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

·      Se entabló una conversación con un empleado de la firma “Poliequipo”, de apellido Carrizo, quien en relación a las bolsas utilizadas comentó haber sufrido un accidente, por el que se pinchó una pierna con una jeringa que traspaso una de las bolsas rojas que allí se utilizan. Aseguró que hasta la fecha se sigue haciendo estudios de rutina.

 III.- Marco legal de los residuos patogénicos.-

                                                 1.- Más allá de los hechos narrados con motivo de la presente investigación, resulta oportuno realizar una breve referencia respecto del marco legal que regula la cuestión de los residuos patogénicos en nuestro país y, en particular, en esta Ciudad de Buenos Aires.

                                                2.- La Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley nº 24.051, promulgada el 8 de enero de 1992) define, en términos generales, que será considerado peligroso, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, con expresa exclusión a los efectos y alcances de dicha ley, de los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia (art. 2º); para más adelante especificar -en el art. 19º- que se consideran residuos patológicos los siguientes: a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio; b) Restos de sangre y de sus derivados; c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano; d) Restos de animales producto de la investigación médica; e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan; f) Agentes quimioterápicos 

                                                En su artículo primero se fija el ámbito de aplicación de la Ley, estableciendo que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas; norma que se complementa con lo dispuesto en el art. 67º por el cual se invita a las provincias y a los respectivos municipios, en el área de su competencia, a dictar normas de igual naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos peligrosos.

                                                A lo largo del plexo legal, se establecen normas que regulan la creación del REGISTRO DE GENERADORES Y OPERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS, en donde todas aquellas personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos considerados peligrosos (entre ellos los patogénicos) deberán inscribirse a fin de obtener en forma anual un Certificado Ambiental que los habilite a ejercer la industria, y asimismo someterse a la fiscalización y control del organismo designado como autoridad de aplicación. Asimismo se fijan normas para todos aquellos que resulten ser generadores de residuos peligrosos (capítulo IV arts. 14 a 22); también para aquellos que resulten ser transportistas de tales residuos (capítulo V arts. 23 a 32); como las condiciones que deberán observar las PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL (Capítulo VI, arts. 33 a 44).

                                                También se estipula en la Ley el tipo de responsabilidad atribuible a los generadores, operadores y transportistas de residuos, desde la presunción que tales residuos son considerados cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil (arts. 45, 46 y subs. de la Ley); para luego de determinar el régimen de sanciones administrativas aplicables ante las infracciones que se cometan (Cáp. VIII, arts. 49 a 54) y la tipificación de las conductas que en infracción a la presente ley serán consideradas como delitos (Cáp. IX Régimen penal, arts. 55 a 63). 

                                    2.1.- Dicha ley, fue reglamentada por Decreto Nacional nº 831/93. 

                                                3.- En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sancionó la Ley de Residuos Patogénicos (Ley 154 promulgada el 22/03/99 y publicada en el BOCBA Nº 695 el 17/05/99), cuyo objeto y ámbito de aplicación se establece en su primer artículo, que dice: La presente ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos provenientes de aquellas actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal, con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o producción comercial de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; y fija que tanto la Ley Nacional nº 24.051 y su Decreto Reglamentario nº 831/93, serán de aplicación supletoria a la presente ley (art. 41).  

                                                En su art. 2º, se define a los residuos patogénicos como todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos, precisando en particular que, se consideran residuos patogénicos: a)Los provenientes de cultivos de laboratorio; restos de sangre y sus derivados; b)Restos orgánicos provenientes del quirófano, de servicios de hemodiálisis, hemoterapia, anatomía patológica, morgue; c) Restos, cuerpos y excremento de animales de experimentación biomédica; d) Algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables y otros elementos que hayan estado en contacto con agentes patogénicos y que no se esterilicen; e) Todos los residuos, cualesquiera sean sus características, que se generen en áreas de alto riesgo infectocontagioso; f) Restos de animales provenientes de clínicas veterinarias, centros de investigación y académicos. Al mismo tiempo, y en concordancia con lo estipulado por la legislación nacional, quedan expresamente excluidos de los alcances de la presente ley las siguientes categorías de residuos: a) Residuos domiciliarios; b)Residuos especiales, constituidos por todos aquellos incluidos en las prescripciones de la Ley Nacional 24.051, con excepción de los que constituyen el objeto de la presente ley o aquellos incluidos en la normativa local que la reemplace; c) Residuos radiactivos (art. 3º).

                                                Estipula que será Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Autoridad Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (en este caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Subsecretaría correspondiente, según art. 8º del Decreto 1886/01) la que estará dotada con el poder de policía para hacer cumplir a todos los generadores, transportistas y operadores de residuos patogénicos con los requisitos establecidos en la presente ley, asimismo sancionar los incumplimientos conforme la normativa de vigor (art. 8); establece, también, el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos, -aunque supedita su creación definitiva al dictado de la reglamentación pertinente (art. 12º y subs.)-, el que estará encargado, entre otras cosas, de otorgar un certificado de Aptitud Ambiental (art. 14º) que es el instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de generación, transporte y tratamiento de residuos patogénicos, y el que deberán tener todos los generadores, transportistas y operadores, para poder desarrollar sus actividades.  

                                                Del mismo modo se establecen pautas y disposiciones para todos los que resulten ser generadores (Título IV arts. 20º a 28º), para la recolección y transporte (Título V, arts. 29º a 31º) y para el tratamiento y disposición final de los residuos (Título VI arts. 32º a 37º), como asimismo, se especifica la documentación elemental que debe utilizar en todo el proceso de manipulación y tratamiento, denominada Manifiesto (Título VII, arts. 39º a 40º).

                                    3.1.- La Ley nº 154 de la Ciudad fue finalmente reglamentada a fines del año 2001, a través del Decreto nº 1886-GCBA-01 (B.O. nº 1328 del 28/11/2001), el que además incorporó, como anexo II, el “Manual de Gestión de Residuos Patogénicos”, de conformidad a los principios enunciados en el art. 11 de la citada ley. 

                                                4.- En resumen, la Ciudad cuenta, en materia de residuos patogénicos, con una legislación propia desde el año 1999, aunque buena parte de sus prescripciones comenzaron a ser operativas recién a partir de la reglamentación dispuesta por el Decreto nº 1886 de noviembre de 2001. Sin perjuicio de ello, la Ley Nacional y su respectiva reglamentación son normas de aplicación supletoria.

IV.- Conclusiones sobre el caso del Hospital Muñiz.- 

                                                1.- La manipulación y tratamiento de residuos patogénicos, no puede ser considerada como un tema menor. Desde hace más de una década que existe una extendida conciencia internacional acerca de la necesidad de articular políticas públicas que mejoren la calidad de vida y preserven el medio ambiente. Los establecimientos asistenciales -tanto públicos como privados- generan una gran cantidad y variedad de residuos potencialmente nocivos para la salud. El manejo correcto de los residuos que allí se generan, es una herramienta que contribuye al control de la infección y de la propagación de agentes capaces de producir enfermedades, en miras a velar por la seguridad de las personas -público y personal- que concurren a un centro asistencial así como a la prevención de los problemas de contaminación ambiental que puedan afectar a la población exterior. Si bien es cierto que en la comunidad en general y en el medio profesional,  no existe  un acabado  conocimiento del tema, no es menos cierto que existen instrumentos legales suficientes -aunque susceptibles de ser mejorados- para que los organismos públicos ejerzan un adecuado control. En definitiva se trata, ni más ni menos, de la obligación estatal de garantizar condiciones de salud básicas e indispensables para todos los habitantes.

                                                2.- El caso sub examine, adquiere una mayor relevancia por tratarse del tratamiento que se le da a los residuos patogénicos en el principal Hospital de Infecciosas de la Ciudad, el que por definición, tiene especialidad en las enfermedades infectocontagiosas.

                                    2.1.- Conforme las constancias y comprobaciones resultantes de las dos inspecciones realizadas en el Hospital Muñiz, el informe técnico elaborado por la Gendarmería Nacional y las fotografías obtenidas -que resultan ilustrativas del lugar-, corresponde formular las siguientes conclusiones: 

                                    2.2.- El recinto donde se tratan los residuos patogénicos no guarda condiciones elementales de seguridad, de conformidad a la normativa vigente en la Ciudad. En efecto, el art. 33 del Decreto nº 1886-GCBA-01 establece que las unidades de tratamiento deberán estar aisladas sin poder afectar la bioseguridad e higiene del establecimiento generador, y en especial las áreas de atención y circulación de pacientes internos y deambulatorios, de elaboración de alimentos, lavaderos, laboratorios y dependencias donde se desarrollen actividades propias o conexas del establecimiento generador; como asimismo se estipula que no podrán arrojarse a desagüe cloacal o red de desagüe, los efluentes líquidos generados por dichas unidades con motivo de su actividad o limpieza, sin previo tratamiento, además de cumplir con el resto de la normativa complementaria vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este último punto es dable señalar que conforme lo informado por la Gendarmería Nacional -literalmente transcripto al punto de II. 3 de la presente- se constató en una de las cámaras cloacales la presencia de restos de guantes de látex, capuchones de agujas y frascos de vidrio color caramelo de aproximadamente 15 ml. provenientes presuntamente del lavado de los recipientes contenedores, ello, claro está, sin perjuicio de los resultados definitivos que arroje la pericia judicial ordenada.

                                    2.3.- Las condiciones del lugar destinado al acopio de residuos son inadecuadas y tampoco responden a las pautas establecidas por la reglamentación en vigencia, que entre otras cosas establece, que el local de acopio o almacenamiento deberá ser de uso exclusivo, cerrado, poseer salida cómoda, directa e indirecta a la calle. Las dimensiones deberán ser tales que puedan depositarse los residuos patogénicos generados en el establecimiento como mínimo durante un día, dejando un espacio de no menos de un (1) metro al frente no se corresponden y a un costado del lugar de almacenamiento, a los fines del tránsito interno. La altura mínima del recinto será de dos metros sesenta (recordemos que no se pudo ingresar al lugar porque el mismo se hallaba colmado en su capacidad)... Las características constructivas de todos los elementos deberán ser: Resistentes al fuego y la abrasión. De superficies lisas, impermeables, anticorrosivos y resistentes al contacto con líquidos de pH 1 a 13 a temperaturas de hasta 70ºC y de fácil limpieza... Los muros deberán ser de paredes lisas y de colores claros... Los zócalos y los ángulos de muros deberán ser de los mismos materiales y del tipo sanitario en cuanto a su conformación. Los cielos rasos deberán ser pintados de color blanco. El local deberá tener una iluminación germicida mediante dos lámparas ultravioleta UV-B permanente (recordemos que el lugar de almacenamiento tiene un frente alambrado, con exposición directa al aire libre, techo de chapa, y que en su parte posterior hay una ventana rota que permite la caída de bolsas ante el excesivo depósito de las mismas, tal como lo ilustra las fotos letra E y F de fs. 14 y 15). Si bien los recipientes utilizados para el acopio son de material plástico, no se ha verificado que los mismos tengan la tapa hermética que exige la reglamentación. Asimismo, no existe en dicho lugar la leyenda o cartel que identifique el sector como AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS PATOGENICOS - PELIGRO -ACCESO RESTRINGIDO con la correspondiente identificación internacional de residuos patogénicos.  

                                    2.4.- Que todas las bolsas rojas encontradas estén sin rotular (es decir, sin ninguna tarjeta o autoadhesivo que las identifique) constituye un hecho particularmente grave, puesto que ello impide precisar y cotejar la fecha de embolsado, peso, tipo, origen, lugar de generación, y cantidad de residuos patogénicos que contienen. Peor aún, cuando tampoco se pudo verificar en el lugar la existencia de planillas de control diario, ya que según lo manifestado por los empleados, toda la documentación es retirada por la empresa y guardada en sus oficinas. Al respecto, la Ley 154 de la Ciudad establece que en las bolsas y recipientes de residuos patogénicos almacenadas en el local de acopio, el generador debe colocar una tarjeta con los datos de generación de dichos residuos al precintarse las bolsas y recipientes. Asimismo, al momento del despacho deben completarse los datos respectivos a dicha operación (art. 24) y que los operadores deben tratar los residuos dentro de las 24 horas de su recepción (art. 36 inc. b), sin perjuicio de que la reglamentación admite que en aquellos lugares que cuenten con cámaras frías, el tiempo máximo de acopio -dentro de dichas cámaras-, es de cinco (5) días (art. 24 del Decreto nº 1886/01).

                                    2.5.- Reviste particular gravedad, también, el tipo y característica de las bolsas que se utilizan. Al respecto, el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (que integra como anexo II el Decreto nº 1886-GCBA-01) establece que las bolsas constituyen la primera ubicación de los residuos, y que las bolsas rojas contendrán únicamente residuos patogénicos, las que una vez llenas en las tres cuartas partes de su volumen deberán ser cerradas con precintos e identificadas conforme la reglamentación de la Ley (vale decir rotuladas); dichas bolsas deberán ser de un material resistente al corte y a ser punzadas, impermeables y opacas, y de un espesor de 120 micrones. Es obvio que los requisitos exigidos por la normativa descripta no son caprichosos, sino que responden a normas internacionalmente aceptadas tendientes a garantizar condiciones mínimas de bioseguridad, tanto para aquellos trabajadores directamente afectados a tareas de manipulación de residuos patogénicos, como para todo el personal que trabaja o asiste a centros asistenciales generadores y, en general, para la población en su conjunto. De modo que la utilización de bolsas inapropiadas, configura no sólo una inobservancia grave de la ley, sino además entraña una situación de serio peligro.  

                                    2.6.- El no funcionamiento de la máquina de autoclave, que data -al menos- desde el 5 de febrero de este año, importa otra situación de severa irregularidad. La legislación establece, concretamente, que en caso de emergencias y con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, los operadores deben contar con alternativas o convenios con otras prestadoras debidamente autorizadas. Tales circunstancias deben ser comunicadas formalmente a la Autoridad de Aplicación, al generador y al transportista por el operador (art. 34º de la Ley 154 de la Ciudad); al mismo tiempo, la reglamentación impone que además del plan de contingencias, los operadores de residuos patogénicos, deberán presentar un sistema alternativo de tratamiento para el caso de emergencias, de manera tal que quede garantizada la prestación del servicio. A los fines de poder cumplir con lo dispuesto anteriormente, se podrá presentar un contrato firmado con otra firma habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos, donde se establezca que podrán ser enviados para su tratamiento y posterior disposición final en una firma habilitada al efecto, en caso de emergencia, fallas o suspensión del servicio, todos los residuos que se encuentren en la planta o unidad de tratamiento (art. 13 párrafo cuarto del Decreto 1886-GCBA-01). Del mismo modo, la legislación nacional establece que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se inscriban en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, a fin de obtener la debida autorización para funcionar como generadores, operadores, tratante y/o transportistas de residuos peligrosos, deberán presentar en su declaración jurada anual los métodos utilizados para el tratamiento y los planes de contingencia ante situaciones de emergencia, como asimismo declarar en cualquier momento toda situación que modifique o altere el servicio. Tal circunstancia, adquiere una dimensión preocupante si se tiene en cuenta que no es lo mismo el transporte de residuos hospitalarios que ya fueron sometidos a tratamiento (a los que la ley asimila a los residuos domiciliarios) de aquellos que aún no fueron tratados y por ende, mantienen todos sus componentes riesgosos. Mucho más preocupante aún, cuando no se ha podido verificar el destino dado a los residuos patogénicos recolectados por la empresa durante estos últimos meses en los que el equipo autoclave no funcionó.    

                                    2.7.- Otro dato llamativo de la presente investigación, ha sido el periplo itinerante de la empresa DRP S.A. y la dificultad para precisar su actual domicilio legal y/o sede social, así como el teléfono para contactarse con la misma. A priori, se podría suponer que tal situación obedece a razones de índole económico-comercial producto de la situación de aguda crisis imperante en el país. Aún si así fuera, no resulta excusable que el órgano nacional encargado de supervisar y fiscalizar a las personas (físicas y jurídicas) que se dedican al tratamiento de residuos peligrosos, difunda datos desactualizados e inexactos.     

 

                                    2.8.- De todo lo dicho, surge como obvio, la carencia de controles mínimos por parte de los poderes públicos. Por un lado, las autoridades nacionales que, al parecer, limitan su tarea a cumplir formalidades registrales y de inscripción. Por otro lado, la Ciudad que recién está organizando el área respectiva. Y en lo cotidiano, el Comité de Control de Infecciones del Hospital Muñiz, que desde 1998 no ha sido capaz de advertir que las bolsas utilizadas por la empresa no son las apropiadas, que no se realiza la identificación de las mismas (rotulado), y que nada puede decir, del lugar al que son llevados los residuos patogénicos -no sujetos a tratamiento alguno- como consecuencia de los desperfectos del equipo instalado dentro de ese Hospital. Semejante cuadro de situación, invita a preguntarse ¿habrá que esperar que ocurra alguna desgracia o fatalidad para que se ejerzan los controles y previsiones necesarios?.

 

                                                3.- Ante la gravedad de los hechos detectados, y sin perjuicio de la prosecución de la presente actuación que aún se encuentra en su primera etapa de investigación, corresponde formular las siguientes recomendaciones. 

POR TODO ELLO: 

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E : 

1) Recomendar al señor Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, disponga a través del organismo pertinente una urgente inspección integral en el sector del Hospital General de Infecciosas “Francisco J. Muñiz” de esta Ciudad de Buenos Aires destinado al tratamiento de residuos patogénicos a cargo de la empresa Descontaminación de Residuos Patológicos S.A. a fin de verificar todo el proceso de manipulación, tratamiento, transporte y disposición final que allí se realiza, las condiciones de bioseguridad de todas las instalaciones, y los elementos que se utilizan, de conformidad con las facultades de fiscalización y poder de policía que la Ley nº 25.041 y su decreto reglamentario le confieren, debiéndose en su caso, aplicar las sanciones que correspondan, y en forma previa a que se le otorgue a dicha empresa la renovación de su Certificado Ambiental para el corriente año 2002. De todo ello, deberá informarse a esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de 5 (cinco) días.

2) Recomendar al señor Secretario de Medio Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en orden al poder de policía que le otorga la Ley nº 154 de la Ciudad, arbitre los medios necesarios para ejecutar una inspección integral en el sector del Hospital General de Infecciosas “Francisco J. Muñiz” de esta Ciudad de Buenos Aires destinado al tratamiento de residuos patogénicos a cargo de la empresa Descontaminación de Residuos Patológicos S.A. a fin de verificar todo el proceso de manipulación, tratamiento y disposición final que allí se realiza, debiéndose en su caso, aplicar las sanciones que correspondan. De todo ello, deberá informarse a esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de 5 (cinco) días.

3) Recomendar al señor Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, proceda a excluir a la empresa “Descontaminación de Residuos Patológicos S.A.” del proceso licitatorio en curso para la contratación de servicios de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados en los Hospitales bajo su dependencia, hasta tanto se verifique el debido cumplimiento de las normas legales a las que debe ajustarse dicha empresa, conforme a lo recomendado en los puntos 1) y 2) 

4) Recomendar al señor Director del Hospital General de Infecciosas Francisco J. Muñiz para que ejerza un estricto y eficaz control de todo el proceso de manipulación y tratamiento de residuos patogénicos que se realiza en el ámbito de ese hospital.

5) Recomendar al señor Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, instruya sumario administrativo a fin de atribuir o deslindar responsabilidades. 

6) Remitir la presente actuación a la Fiscalía nº 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional de la Capital Federal, a cargo del doctor Guillermo Cichetti, sita en Lavalle 1171, 2º piso de esta Ciudad a los efectos de ser agregada a la causa caratulada “OLIVEIRA, ALICIA S/TRAFICO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS PARA LA SALUD” Expediente nº C-03-04333/2002., para lo cual deberá sacarse previamente copia certificada de toda la actuación la que se reservara en el Area de Asuntos Jurídicos y Defensa del Consumidor de esta Defensoría del Pueblo.   

7) Comunicar la presente al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a sus efectos. 

8) Fijar en 15 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de los plazos dispuestos en los puntos 1) y 2) de la presente.


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