Es probable que en algún momento, el Congreso Nacional vuelva a tratar el controvertido proyecto de venta de un reactor nuclear a Australia, que incluye el reprocesamiento en la Argentina del combustible usado.
 
Nuestro punto de vista es que se trata de una importación de residuos radiactivos, operación estrictamente prohibida por la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Creemos que la exportación de productos de alta tecnología es beneficiosa para el país, y debe ser apoyada con toda clase de incentivos, pero que no debe hacerse al precio de violar las leyes.
 
Nos interesa que ustedes conozcan lo que se dijo en la Cámara de Diputados de la Nación sobre este tema, ya que aún no quedó resuelto y lo que se resuelva puede llegar a afectarnos durante un tiempo muy prolongado. En tal sentido, el contrato con Australia puede ser visto como el comienzo de una estrategia de política tecnológico-industrial, que, en caso de llegar a aprobarse significará su repetición en situaciones semejantes. ¿Es éste el camino más deseable para el país? ¿O, ante la falta de opciones y la desesperación del momento, los Diputados se sentirán tentados a elegirlo?
 
No siempre los debates parlamentarios son interesantes. La mayor parte de las veces, se trata de una larga repetición de lugares comunes que aburre a los propios legisladores, que suelen hablar más para el periodismo o para la versión taquigráfica que para sus colegas.
 
Ésta es, sin embargo, una buena excepción. La Cámara escuchó los distintos puntos de vista que fueron fundamentados seriamente, cada uno desde su postura. Como se sabe, los Diputados decidieron que el tema era demasiado importante como para tratarlo de apuro (es decir, sobre tablas) y lo enviaron para su estudio a las comisiones respectivas. El texto del debate es una buena síntesis de la polémica acerca de si el desarrollo nuclear argentino debe o no incluir el tratamiento de residuos radiactivos extranjeros.
Una polémica que sigue abierta.
 
(Agradecemos a la Lic. Silvina L. Gutiérrez, bióloga, asesora del ex Diputado Nacional Jorge Giles el envío de esta versión taquigráfica).
 
 

LOS DIPUTADOS DISCUTEN EL CONVENIO NUCLEAR CON AUSTRALIA

- En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2001, a la hora 20 y 40:

Sr. Pernasetti (FRENTE CIVICO Y SOCIAL).- Señor presidente: el tema que sigue es el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el acuerdo entre la República Argentina y Australia sobre cooperación de los usos pacíficos de la energía nuclear, suscripto en Camberra, Australia, el 8 de agosto de 2001 (expediente 241-S.-2001).

Sr. Peyrou (Frepaso).-  Señor presidente: en primer término, considerando la importancia que tiene este tema, creo que es imprescindible empezar con una opinión personal acerca de la trascendencia de la investigación científica y técnica y del desarrollo tecnológico nuclear.

                        Hace cerca de un mes, cuando un grupo de legisladores de los distintos bloques nos reunimos con la señora secretaria de Ciencia y Tecnología, hablamos acerca de cómo se debían fijar las prioridades para el desarrollo tecnológico.

                        Teniendo en cuenta esa reunión sobre la definición de prioridades, he estado pensando que uno de los temas por los cuales algo debiera ser prioritario en el uso de los fondos públicos es en función también de lo ya invertido por la Nación para permitir que haya científicos e investigadores de buen nivel y que permite alcanzar situaciones lo más óptimas posibles a nivel internacional.

                        Desde ese punto de vista, considero  -y soy absolutamente claro en lo que estoy diciendo-  que los temas de la tecnología nuclear deberían ser prioritarios. Soy consciente de que lo que estoy diciendo es un punto de diferencia con muchas organizaciones ecologistas que funcionan en nuestro país.

                        En segundo lugar quiero decir que el tratado que estamos analizando tiene como función principal ser el marco general de un contrato firmado entre el INVAP y una empresa del gobierno australiano. En realidad este tratado no tiene demasiado valor en sí, más que ser el marco legal necesario para que sea cumplido.

                        Como la cuestión es sumamente polémica, con fecha 17 de octubre envié una carta en mi carácter de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología al INVAP, solicitando información sobre el particular, y fundamentalmente la copia del tratado.

                        Tengo en mi poder copia de la respuesta que dice que el contrato es secreto y que no me lo pueden acercar. Junto con esa información que dice que el contrato es secreto, recibí también copia de tres dictámenes con opiniones de distinguidos juristas de nuestro país señalando que el contrato que se había firmado estaba bien a pesar de que ellos no lo habían visto.

                        Quiero repetir lo que he dicho: he recibido y tengo copia en mi poder de esos dictámenes de importantes juristas nacionales, que sostienen que sin haber visto el contrato consideran que si las cosas son como se dicen, todo va a estar bien.

                        De la misma autoridad también recibí cuál era la opinión de los responsables de la regulación nuclear en esta materia. Dicha opinión fue emitida antes de que se firmara el contrato.

                        Además, existía un dictamen del procurador general de la nación, que fue emitido antes de que el contrato fuese firmado.

                        En última instancia, estoy dispuesto a aceptar que en función de criterios de confidencialidad comercial se diga que los legisladores no tienen que conocer lo que se está aprobando.

                        Lo que me parece que es inconcebible es que la autoridad regulatoria en materia nuclear tampoco conozca de qué estamos hablando, y que no exista un documento firmado sobre todo esto. O sea que alrededor de esta cuestión no existen responsables.

                        Existe un contrato que es secreto; también una serie de dictámenes, que fueron elaborados sin conocer lo concreto de la cuestión; y hay también un tratado que sólo analiza tangencialmente el problema del que estamos hablando, que es el marco general.

                        Me da la impresión de que si algo saliera mal en torno de esta cuestión, no habrá responsables, porque la autoridad regulatoria nuclear no revisó el contrato, no lo evaluó técnicamente ni tampoco lo hizo legalmente. Nadie ha podido asegurar aquí -con conocimiento real de causa- que el combustible que ingrese vaya a salir. No existe certeza alguna sobre toda esta cuestión.

                        Más todavía: la tecnología que debería usarse para que el combustible saliera del país no está todavía desarrollada en la Argentina. Entonces –me parece una deducción lógica-, existe la posibilidad de que se desarrolle o no.

                        Me encantaría que el diputado que me está interrumpiendo en este momento (refiriéndose a Stubrin) lo hiciera con el contrato en la mano para poderme demostrar que en ningún caso existe posibilidad de que el material quede en la Argentina. Yo entiendo de que existe una posibilidad cierta de que ello ocurra.

                        Todo esto no constituye un tema menor, porque en última instancia no existe una autoridad pública –no digo que debamos ser nosotros- que dé fe de que las cosas son como deben ser.

                        Tenemos que promover el INVAP. Lo digo convencido, porque debemos promover la investigación acerca de la tecnología atómica y la investigación nuclear.

                        No creo que la mejor forma de proceder sea utilizando mecanismos que no son transparentes.

Sr. Giles (ARI).- Señor presidente: en realidad, me hubiera gustado mucho concurrir a esta última sesión de este período a aplaudir fervorosamente –con la humildad y la coherencia que uno siempre se ha expresado- la sanción de este proyecto. Sin embargo, hoy venimos a este recinto para oponernos también fervorosamente a la aprobación de este acuerdo entre Argentina y Australia. Respetuosos de aquellos bien intencionados, legisladores y no legisladores, que están atrás de la aprobación de este acuerdo, vamos a tratar ‑también modestamente‑ de demostrar por qué de aprobarse este proyecto convertiría a nuestro país –ya de por sí atravesando la crisis tal vez más fenomenal y más dolorosa que ha sufrido en la historia política contemporánea‑ en el basurero nuclear del mundo.

                        Me habría gustado que esta Cámara se diera el tiempo y las formas institucionales reglamentarias necesarios para debatir a fondo este proyecto, para debatir artículo por artículo, para representar a nuestro pueblo en todo lo concerniente a la defensa de la salud del medio ambiente y de los intereses estratégicos de nuestra Nación. Sin embargo, este tema se trató así: entró al Senado rápidamente y tuvo la intervención de apenas dos senadores, que con pocas palabras dijeron que había que aprobar este proyecto, y rápidamente también pasó a esta Cámara de Diputados.

                        ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este proyecto de ley que aprueba el acuerdo entre Argentina y Australia. Para referirme a la materia específica voy a leer el artículo 12 de este acuerdo que dice así: “Cuando se irradie combustible en un reactor de investigación provisto por la Argentina a Australia: a) si así fuere solicitado, la Argentina asegurará que dicho combustible sea procesado o acondicionado mediante arreglos apropiados a fin de hacerlo apto para su disposición en Australia; b) Australia podrá dar consentimiento previo por escrito...” ‑no dice deberá‑ “...para el reprocesamiento a fin de recuperar el material nuclear para su uso ulterior conforme las disposiciones del presente Acuerdo; y c)Australia permitirá al subsiguiente regreso hacia su país de todo el combustible acondicionado y todos los desechos radiactivos resultantes de tal procesamiento, o acondicionamiento, o reprocesamiento conforme a los puntos 1 a) y 1 b) de este artículo.”

                        Ahora bien, se niega que este artículo y este contrato violen la Constitución Nacional, y nosotros llamamos la atención de todos los legisladores ‑en particular de aquellos que están hablando y que están parados como si acá se estuviera tratando una cuestión que no va a afectar el presente y el futuro de los argentinos‑ en el sentido de que aquellos que aprueben este contrato se tendrán que hacer cargo ante la sociedad de que estarán violando nada más y nada menos que la Constitución Nacional de los argentinos.

                        El artículo 41 de la Constitución es bien claro, cuando en su último párrafo dice: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” No puede ni debe haber ningún legislador que tenga una actitud tan clara y manifiesta en contra de la letra y del espíritu de la Constitución Nacional. Ningún acuerdo, ningún contrato, ninguna ley y ninguna disposición pueden interpretar de manera tan grosera la Constitución, ya que finalmente la vacía, la deforma y la transforma al punto tal de que la termina negando y violando.

                        ¿Por qué decimos que viola la Constitución Nacional en su artículo 41? El artículo 41 determina precisamente que no pueden ingresar al territorio nacional residuos radiactivos.

                        Frente a este argumento nos contestan que no se trata de residuos radiactivos sino de combustible quemado. Por lo tanto, voy a demostrar que no es así, pero no desde mi propio saber y entender, que es muy pobre en esta materia, sino a partir de la opinión de los entendidos.

                        En un trabajo de divulgación de la Comisión Nacional de Energía Atómica titulado “Energía nucleoeléctrica”, Darío Jinchuk describe los desechos radiactivos, calificándolos en un primer punto como residuos de actividad media y baja y en un segundo acápite como residuos de alta actividad. En este último caso señala que se componen principalmente de los elementos combustibles quemados en el núcleo del reactor. ¿Así que los combustibles quemados en el núcleo del reactor no son residuos radiactivos?

                        Además, al argumento de que no son residuos radiactivos contestamos con la letra de la ley y no con la interpretación posiblemente subjetiva de cualquiera de nosotros. En tal sentido, la ley 25.018, sobre régimen de gestión de residuos radiactivos, determina en su artículo 3º: “A efectos de la presente ley se entiende por residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.” ¿Así que no son residuos radiactivos? Fíjense que lo está diciendo la misma ley.

                        Asimismo, el artículo 8º de la misma ley lo determina con más claridad todavía cuando dice: “La transferencia a la Comisión Nacional de Energía Atómica de los residuos radiactivos...”, –pido especial atención a la siguiente frase‑ “...en particular los elementos combustibles irradiados, se efectuará en el momento y de acuerdo a los procedimientos que establezca la Comisión Nacional de Energía Atómica, previamente aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear.”

                        Vale decir que esta normativa está definiendo lo que es un residuo radiactivo y en particular los elementos combustibles irradiados.

                        Estos argumentos son más que suficientes para eliminar la tesis de que no son residuos radiactivos sino combustible quemado. No se puede sostener que se trata de combustibles nucleares cuando están destinados al reactor nuclear pero que una vez quemados, cuando cumplieron su uso, dejan de serlo. Por todo lo que he señalado, este es material radiactivo y su desembarco en el país viola la Constitución Nacional.

                        Esta basura mortal para la salud y el medio ambiente también nos ilustra sobre algunas paradojas dignas de mencionar. En los meses de enero y febrero se publicó en los diarios que varios barcos cargados con residuos radiactivos pasarían por el sur del país en su trayecto de Japón a Francia o Inglaterra.

                        La opinión pública argentina se vio muy afectada, ‑no sólo las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales sino los medios en general‑, en el sentido de que no podía admitirse que estos barcos pasaran por el sur de nuestro país con estos residuos radiactivos.

                        Nos rasgamos las vestiduras frente a ese hecho pero, paradójicamente, vamos a permitir, por medio de este acuerdo, que directamente esos residuos radiactivos lleguen al puerto de Buenos Aires y sean descargados y subidos en camiones. Me pregunto cuántos de los que están dispuestos a votar favorablemente esta iniciativa se van a hacer cargo de ese escenario, sobre todo cuando sean paseados por la avenida General Paz y las rutas de la Argentina para ser llevados no sé a qué lugar en virtud de esta falacia de que deberán ser tratados para posteriormente ser reenviados a Australia.

                        Otra paradoja es que pocas horas atrás el cuerpo sancionó   –diría de modo casi inadvertido, lo cual me entristece‑ un proyecto de ley sobre régimen de eliminación y gestión de los PCB y creación del Registro Nacional de Poseedores de PCB. Asimismo, hace escasos días tomamos conocimiento por los medios de prensa del fallecimiento de Nahuel Lorenzo, un pequeño argentino de seis años, que fue víctima de este cancerígeno. ¡Qué paradoja! La Cámara de Diputados de la Nación sanciona una iniciativa para terminar con este cancerígeno, y hoy se propicia el ingreso de esta carga mortal de residuos radioactivos a nuestro país.

                        Como un ignorante del tema tuve que consultar  toda la bibliografía de los entendidos y los científicos que se especializan en esta materia, como lo expresaba recién el señor diputado Peyrou, con el objeto de seguir informándome.

                        No venimos aquí a rasgarnos las vestiduras con un tardío nacionalismo, como algunos que tratan de defender este proyecto desde un pretendido nacionalismo y sostienen que si se rechaza esta iniciativa privaremos a la República Argentina de un proyecto fabuloso que permitiría el ingreso de 180 millones de dólares, lo cual no sería propio de un país serio. La vida de los pueblos, señor presidente, no tiene precio. No se puede poner el precio de 180 millones de pesos a la vida de un pueblo.

                        En realidad la Argentina fue un país serio cuando exportó reactores nucleares a Egipto, Argelia y Perú, y no se bajó los pantalones a cambio de aceptar la propuesta que ahora nos hacen los australianos en defensa de su propio medio ambiente: “Les compramos el reactor pero a cambio ustedes se llevan la basura”. Hoy decimos que sí y antes que no. En aquel momento sí fuimos serios; se trataba de un tipo de convenio que nosotros acompañaríamos con fervor. En cambio, la iniciativa que estamos analizando implica hipotecar la salud y el medio ambiente de los argentinos.

                        Otro argumento que se utiliza falazmente es que en realidad no se trata de un ingreso. Incluso en el Honorable Senado de la Nación también se aclaró que esto no es un ingreso, porque en realidad el material radiactivo permanecerá en nuestro país por un tiempo hasta que se reprocese y vuelva a ser enviado a Australia. Ciertamente me parece que esto implica atentar contra el sentido común de la gente.

                        Con ese criterio, cuando alguien ingresa a mi casa de visita, yo debería decirle: “Mirá, no ingresaste porque te vas a ir en un par de horas; hacé de cuenta que no ingresaste”. O debería razonar que cuando entran 10 mil turistas al país no ingresan, porque se irán a los quince días.

                        Esta argumentación carece de toda seriedad. Con todo respeto, debo decir que no creo que se haya podido expresar una pavada mayor, que en rigor no debería merecer ninguna respuesta seria.

                        Deseo dar lectura de un párrafo de una carta que me parece ilustrativa, aunque no creo que determine nada en nuestra conciencia ni en nuestro proceder como ciudadanos y legisladores. Se trata de una carta del senador Nick Bolkus, del Partido Laborista australiano -la segunda fuerza política nacional, que fue gobierno y acaba de perder las elecciones por muy pocos votos-, dirigida a los diputados nacionales de la República Argentina, que en uno de sus párrafos dice: “Sostenemos nuestra posición un importante número de razones. Una cuestión crítica se relaciona con los residuos. Nuestro gobierno ha intentado persuadir a los australianos de que la Argentina está preparada para aceptar un sinfín de basura nuclear a ser almacenada en vuestro país. Realmente no creemos que los franceses, que fueron los perdedores de esa licitación, aceptaran llevarse los residuos; por lo tanto ustedes –los argentinos‑ deberían cargar con un problema de altísimo costo.”

                        Obviamente, el Partido Laborista ‑como el resto de los partidos australianos‑ defiende su medio ambiente. El partido oficialista acepta comprar el reactor a condición de que quien se lo venda se haga cargo de la basura.

                        Por ello adelanto mi voto negativo al proyecto en consideración y solicito que la votación sea nominal. (Aplausos.)

Sr. Fernández Valoni (ACCION POR LA REPÚBLICA).- Señor presidente: el bloque de Acción por la República adelanta su voto afirmativo al proyecto de ley por el que se ratifica el Convenio Internacional entre la República Argentina y Australia sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.

                        Nuestro país ha hecho un enorme esfuerzo en una de las áreas más difíciles de la conducción del Estado en lo referido al avance tecnológico, e incluso se pudo abrir paso en la bruma que siempre dificultó los caminos para alcanzar tecnologías de punta sospechadas siempre de estar inspirados por un espíritu bélico o suicida.

                        En ese marco, tal vez el único ámbito en el cual las políticas de Estado fueron sostenidas en forma consecuente por los sectores más esclarecidos de la política nacional fue el de la formación castrense, tanto en los períodos en los que predominó la democracia como cuando se dejó de lado el orden constitucional.

                        Quizás uno de los capitales de mayor orgullo para esta política de Estado, para esta conciencia nacional en pos de la vanguardia tecnológica, haya sido la ocurrencia genial de establecer en Río Negro una sociedad como el Instituto de Investigaciones Aplicadas. Su trayectoria, sus éxitos económicos y técnicos, su material humano y la exportación de tecnología y sabiduría nacionales ha puesto a ese instituto en los niveles de mayor prestigio internacional.

                        Hoy el INVAP incluso nos sorprende, porque en momentos en que se considera que existe una crisis fenomenal aparece un hilo de esperanza para salir de esta situación con la posibilidad de que la Argentina realice una exportación tecnológica por un valor aproximado de 180 millones de dólares. Esto a su vez se produce en circunstancias en que, obviamente, existe una gran confusión. Hay paradojas y contradicciones entre la dirigencia nacional en la Argentina y también las hay en la dirigencia australiana.

                        Podemos leer las opiniones del Partido Laborista australiano, así como las de los dirigentes que acaban de ganar las elecciones y que han impulsado este proceso de cooperación entre la Argentina y Australia. Asimismo podemos oponer los dictámenes de reconocidos y prestigiosos constitucionalistas argentinos, como los doctores Vanossi, Loñ y Cabaña Martínez.

                        Lo que ocurre es que estamos avanzando por una delgada cornisa, porque una potencia mediana como la Argentina se está atreviendo a llevar adelante un negocio económico con un país de similar estructura, desarrollo y potencialidad, como Australia. Nos estamos atreviendo a transitar el camino de la investigación nuclear, impulsando un proceso de cooperación binacional, al margen de los países más avanzados del Primer Mundo y compitiendo con las potencias que dominan el ciclo del combustible, la producción de energía y el control de los residuos, como Alemania, Francia y Canadá.

                        Considero que en este tema también debemos hacer una apuesta a la conciencia nacional, a la experiencia de nuestros científicos y al futuro de la República Argentina.

                        Probablemente podamos discutir con amplitud cuál es el espíritu del artículo 41 de la Constitución reformada en 1994. No sólo sobre ese artículo sino también sobre muchos otros se ha polemizado para saber en qué estaba pensando el constituyente cuando escribió esas palabras, que en su momento parecieron resolverlo todo pero que ahora parecen complicarlo. El espíritu de nuestra Constitución en ningún caso puede estar en contra del desarrollo nacional ni de que la Argentina encuentre caminos para la exportación de su tecnología. Tampoco puede perseguir el objetivo de llevar al fracaso un esfuerzo continuo y sistemático de décadas de una institución como el INVAP, que hace unas semanas cumplió veinticinco años de su creación.

                        Vamos a apoyar este proyecto porque creemos que la alianza estratégica que representa en el hemisferio sur la nueva conexión entre Australia y la Argentina puede ser ampliamente favorable para el desarrollo de ambos pueblos. Vamos a acompañar este convenio internacional porque creemos que las inversiones de Australia en la Argentina en minería, medios de comunicación y en otros campos de la economía, nos augura que a partir de nuestro propio esfuerzo podremos fortalecer esa relación bilateral.

                        La Argentina estuvo durante mucho tiempo fuera del esquema geopolítico del Asia Pacífico. Si asociamos esto con la relación que nuestro país mantiene con otras naciones del Cono Sur –con las que también hemos firmado convenios de cooperación nuclear-, no tengo dudas de que será muy ventajoso para la República.

                        Estoy convencido de que a partir del libre juego de interpretaciones de nuestra Constitución Nacional y del Convenio de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear suscripto entre la Argentina y Australia estaremos dando un paso en la dirección correcta. Por eso vamos a acompañar con nuestro voto la sanción del proyecto de ley en consideración.

Sr. Giustiniani (PSP).- Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional remitido a este Parlamento el 29 de octubre del año en curso. En mi opinión sería muy grave que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobara esta noche el convenio en análisis, dado que no pudo ser estudiado en las comisiones respectivas.

                        Este es un tema de gran envergadura que atañe a la política que la Argentina sigue en esta materia. Hemos podido observar que los señores diputados preopinantes esbozaron interpretaciones distintas y encontradas. Por eso trataré de transmitir a los presentes cuál es la posición del bloque del Partido Socialista Popular, que integro junto con la señora diputada Barbagelatta.

                        Desde ya, adelantamos el pedido de que este asunto vuelva a comisión, por las siguientes razones.

                        En el mensaje que acompaña el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, se expresa: “El propósito del presente Acuerdo es el de facilitar la cooperación relativa a los usos pacíficos de la energía nuclear entre la República Argentina y Australia.” Más adelante, dice: “La cooperación prevista podrá concretarse a través de las siguientes modalidades: asistencia mutua dirigida a educación y capacitación de personal científico y técnico;  intercambio de expertos, científicos y conferenciantes; consultas recíprocas sobre problemas científicos y tecnológicos; creación de grupos de trabajo para llevar a cabo estudios y proyectos sobre investigación científica y desarrollo tecnológico;...” –préstese atención a lo que sigue, porque es lo verdaderamente importante- “...envíos recíprocos de material nuclear y otros materiales, equipos y servicios; intercambio de información y documentación, y otras formas de cooperación que acuerden las Partes.”

                        Quiero aclarar que soy ingeniero civil y he sido decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. En ese centro de estudio existe un reactor nuclear de baja potencia, de poca intensidad, utilizado con fines pedagógicos. He consultado a numerosos especialistas en la materia, entre ellos, físicos de primer nivel que desarrollan investigación en el Conicet. Todos ellos han coincidido en que no existe disquisición posible entre el combustible gastado o irradiado y los residuos radiactivos; es decir que todo elemento que adquiere algún tipo de fisión nuclear es considerado como desecho nuclear. En consecuencia, el ingreso a nuestro país de cualquier combustible irradiado viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es muy claro a pesar de que algunos señores diputados entienden que puede prestarse a diferentes interpretaciones.

                        El último párrafo de dicha disposición constitucional, dice: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” Es decir que la Constitución es absolutamente clara en esta materia.

                        El conocido constitucionalista Miguel Angel Ekmekdjian, en un trabajo realizado sobre la materia que nos ocupa, ha señalado: “El párrafo final del artículo de la Constitución Nacional prohíbe el ingreso en el territorio nacional de residuos tóxicos y radiactivos. La inclusión de esta nueva norma es oportuna y afortunada. Ella resulta directamente operativa aunque no existiera una ley específica, ya que implica una obligación directa de no hacer que impide que nuestro país sea el basurero de países industrializados que pretendan utilizar nuestro territorio para volcar sus residuos industriales y radiactivos a cambio del pago de una suma de dinero.”

                        Más adelante, agrega: “No estamos de acuerdo con la distinción que se hace o se quiere hacer entre lo que significa combustible radiactivo o desechos nucleares, porque esta distinción es artificial y puramente semántica. Los residuos, sirvan o no sirvan para los procesos industriales, siguen siendo residuos; y si son peligrosos no pueden ingresar en el territorio nacional porque la télesis constitucional es la defensa del ambiente.”

                        Es decir que nuestros constitucionalistas fueron muy claros y el artículo 41 es muy explícito, pues apunta a la defensa del ambiente. Hoy en el mundo se discute el problema de los desechos nucleares porque existe conciencia de que por centenares de años van a seguir en actividad, pudiendo contaminar el medio ambiente. 

                        Por eso, no en medios políticos donde se hacen interpretaciones ideológicas, sino en medios técnicos y científicos, hoy se mantiene el siguiente concepto de que el gran problema de la energía nuclear son los desechos y éstos constituyen un problema para la seguridad. Además, existe conciencia de que ciertos países con altos niveles de corrupción administrativa y que enfrentan grandes dificultades económicas, como muchos países africanos, están aceptando ingresar desechos nucleares. 

                        ¿Saben por qué pasa esto?  Porque aceptar desechos nucleares es un gran negocio.  Porque lo que en el mundo hoy no es negocio es reconstruir el combustible, lo que ciertamente tiene una baja rentabilidad.

                        Con este convenio estamos construyendo un reactor tipo caren que funciona con uranio altamente enriquecido.  Habría un proceso de reconstrucción de los elementos que ese reactor nuclear utiliza para funcionar y que vendrían a la Argentina. Es decir, ese material ingresaría al país, sería enriquecido nuevamente como combustible y enviado de vuelta a Australia. Pero sucede que en ese enriquecimiento del material, en esa regeneración de combustible, que es el uranio 235, se generan muchos desechos nucleares, mucha basura nuclear.

                        Es decir que el peligro no solamente es que ingrese desde Australia material desechado para que sea enriquecido en nuestro país, sino que en el mismo proceso de enriquecimiento en la República Argentina se generen más desechos que incrementen la alta peligrosidad de lo que se esté haciendo.

                        Por eso creemos que esto constituye una flagrante violación de la Constitución Nacional y de la ley 25.018, de 1998, llamada Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos.  Esta ley es muy clara en su artículo 3° cuando dice: “A efectos de la presente ley se entiende por residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas no puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.”

                        Cuando el 11 de septiembre dos aviones destruyeron las Torres Gemelas en los Estados Unidos de América, el criterio de la seguridad cobró una consideración muy especial.  Por eso cada central nuclear es un elemento fundamental, porque –como lo demostró Chernobyl‑ puede poner en peligro la estabilidad del medio ambiente.  

                        Muchos países, como Suecia y Noruega que tienen problemas de energía, pero cuyas economías funcionan correctamente‑, están desactivando sus centrales nucleares y reemplazándolas por sistemas de energía limpia, como es el sistema hidroeléctrico. 

                        Por lo expuesto, creemos que no sería muy serio que esta noche se apruebe un proyecto de esta naturaleza, ya que el tema tiene ópticas diferentes y no ha sido debatido lo suficiente.  Además, como lo han expresado los señores diputados preopinantes, tampoco están en conocimiento de los legisladores los contratos celebrados entre las empresas ANSTO e INVAP, de la República Argentina.

                        Por todas estas consideraciones solicitamos la vuelta a comisión de este convenio entre la República Argentina y Australia. (Aplausos.)  

Sr. Stubrin (UCR).- Señor presidente: voy a formular una moción de orden.

                        Recuerdo una frase de Raúl Prebisch, quien siempre hablaba de la ambivalencia de la ciencia y de la técnica. Desafortunadamente, la Cámara esta noche no está en condiciones de desarrollar este debate.

                        Estoy seguro de que el tratado debe ser aprobado y de que las objeciones que a él se plantean son fácilmente rebatibles. Tengo la convicción más profunda de que todas esas objeciones se pueden rebatir, pero no me gusta el modo en que estamos tratando esta cuestión, en una sesión raída.

                        Efectivamente, es necesario un trabajo en el seno de las comisiones. Sus actuales conformaciones caducan el 10 de diciembre, pero nos vamos a poner de acuerdo para hacer audiencias públicas y desarrollar todos los debates que sean necesarios para retener al recinto con los dictámenes como corresponde.

                        Desde el punto de vista del desarrollo científico-tecnológico se juega una gran oportunidad para nuestro país. INVAP es una empresa líder, estatal, que ha derrotado en esa licitación a Siemmens y a una empresa francesa que se llama Tecnicom, las que propusieron exactamente lo mismo.

                        Estamos hablando de un peligro potencial para dentro de catorce años y medio, tiempo para el cual debe estar reglamentado el artículo 41 de la Constitución Nacional.

                        Tenemos muchos argumentos, pero me parece que ésta no es la noche para abordar este tema porque no hemos podido desarrollar los debates correspondientes.

                        Por lo expuesto, voy a formular una moción de orden, con la esperanza de que los representantes de los bloques del justicialismo, del ARI y del Frepaso coincidan con este procedimiento. Al mismo tiempo, debemos comprometernos a brindar a este tema un tratamiento veloz y no especulativo, en el que todos los elementos puedan ser volcados sobre la mesa.

                        Tengo un discurso para más de una hora, hay tratados internacionales en juego y diversas cuestiones técnicas. Esto no puede tratarse en una sesión que está al filo de su caída.

                        Va a ser bueno para el prestigio internacional de la Argentina, que es un país líder en materia nuclear, que podamos agotar este debate de la manera que corresponde.

Sr. Pichetto (PJ).- Señor presidente: avalo las expresiones del señor diputado Stubrin.

                        Nuestro bloque mayoritariamente tiene una posición a favor de aprobar este convenio, que es de gran trascendencia para el país.     

                        Además, estamos dispuestos a hacer un abordaje del tema con total seriedad y responsabilidad, porque el país está esperando de sus representantes una actitud esclarecida y responsable que lo ponga en la senda del crecimiento.

                        Podemos llegar a frustrar el principal proyecto de desarrollo de tecnología nuclear, de tecnología de punta, con discursos totalmente negativos y oportunistas. Existe esta corriente de pensamiento en el país, esta visión del progresismo de la Capital, esta mirada desde la izquierda, según la cual para ser políticamente correcto en la Argentina hay que ser progresista, de izquierda, verde y enemigo del desarrollo tecnológico.

                        Sólo hay que ser un país primario, que exporte granos y vacas, sin ninguna posibilidad de desarrollo tecnológico.

                        Este proyecto importante, esta empresa de trascendencia que hemos sostenido en muchas oportunidades desde el Parlamento argentino, este proyecto que se inició allá por 1945, con la llegada de científicos, con la posibilidad de capacitación que significa el Instituto Balseiro y con la importancia de este desarrollo que nos permite competir en el mundo y ganar licitaciones internacionales frente a los alemanes, los norteamericanos y los franceses.

                        Aquí también hay intereses respecto de este tema. ¿Cómo se puede frustrar esta alternativa con esta argumentación, que incluso es falsa? El INVAP está trabajando en el desarrollo de un combustible que evitará tener que hacer cualquier tarea de reposición. Concretamente, si esta actividad se desarrolla en un número reducido de años permitirá otra alternativa de desarrollo tecnológico y colocará a la Argentina en un destacado lugar en lo relativo al desarrollo de combustible nuclear.

                        Además, tenemos una certeza absoluta desde el punto de vista jurídico, más allá de todas estas argumentaciones que han sido absolutamente falaces y mentirosas. El material no viene para quedarse, si es que viene, porque Australia puede optar por hacer la reposición en Francia dentro de un período de quince años. En ese ínterin el INVAP estará trabajando en la preparación del nuevo combustible, que reitero que puede ser de punta, primero en el mundo.

                        Vamos a frustrar entonces la posibilidad del desarrollo de la Argentina en un debate con argumentos falsos. Este convenio firmado por el presidente de la Nación apunta al desarrollo y a colocar al país en el mundo para poder competir desde la tecnología de punta con los principales países desarrollados. Con estas argumentaciones hechas sin profundidad y sin estudio lo vamos a limitar.

                        Como bien se dijo aquí hay dictámenes de la Procuración del Tesoro y opiniones de importantes constitucionalistas, como el doctor Vanossi.

                        Si es que el material viene, repito, en un período de casi quince años, va a ser de manera transitoria. No va a quedar en forma permanente en el país, porque se hace la tarea y se devuelve a Australia.

Sr. Pichetto.- Creo que hay que recordar, porque este es un país paradójico, emocional, a veces casi futbolero, que cuando el INVAP ganó la licitación internacional todos los argentinos estábamos felices de haberlo logrado luego de competir con países desarrollados.

                        Ahora, de repente, venimos aquí con un conjunto de argumentaciones que no sé qué intereses defienden. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué país quieren, un país bananero, un país que no tenga desarrollo tecnológico?

                    La instalación del reactor en Italia representa un tercio de la exportación de carnes argentinas, casi 200 millones de dólares. Por eso, damos este debate con convicción. En muchos momentos, he señalado otros proyectos, importantes, por los que hay que recordar la historia del desarrollo científico y de los abnegados integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que perciben salarios magros que no están a la altura de la dignidad que significa realizar esas tareas.

                        Me pregunto si esta noche vamos a frustar todos estos proyectos, y en ese sentido convoco al Parlamento argentino a actuar con responsabilidad. Por eso, también coincido con el señor diputado Stubrin.

                        Este debate lo tenemos que dar de cara a la sociedad. El contrato no es secreto sino reservado, y estamos dispuestos a discutirlo en las comisiones.

                        Vamos a defender con toda nuestra fuerza este convenio de cooperación científica que se firmó entre la Argentina y Australia. Y lo vamos a defender, porque nos interesa el desarrollo de la Argentina, la generación de empleo y la captación de inversiones en el mundo.

                        El INVAP ha hecho reactores en Argelia; por muy poco ha perdido licitaciones en otros países del mundo. Está compitiendo y es una empresa importante que los argentinos debemos defender. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pascual).-  La Presidencia informa que se ha formulado una moción de orden que debe ser sometida a votación. Por lo tanto, no va a conceder el uso de la palabra a nadie, porque así lo establece el reglamento.

- Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pascual).- Se va a votar la moción de que el proyecto vuelva a comisión.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pascual).-  Queda aprobada la moción.


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