Como ustedes saben, desde hace tiempo la vida del país gira en torno de la llamada deuda externa.  El país está pendiente de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades nacionales no está cumpliendo con su función a la espera de saber qué les autorizan a hacer desde el exterior.
 
Las personas que endeudaron al país insisten en honrar los compromisos internacionales, en vez de informar adónde fue a parar ese dinero que se supone que debemos. Pero son muchos los economistas que cuestionan la forma en que se hacen los cálculos que nos ubican como deudores.
 
¿Y si el dinero llegó del exterior para ser regalado a los mismos que nos lo prestaron, para que pudieran volver a prestárselo a la Argentina una y otra vez?
 
¿Y si hubiéramos devuelto muchísimo más de lo que dicen que nos prestaron?
 
¿Y si los prestamistas nos hubieran hecho -a nosotros y a los demás países del Sur- tantos daños económicos, sociales y ecológicos que superen el valor del dinero que dicen que los prestaron?
 
¿Aún así seguiríamos siendo deudores?
 
En esta entrega ustedes reciben un artículo de Walter Alberto Pengue que cuestiona la visión oficial sobre la llamada deuda externa. Pengue pone el acento en la necesidad de calcular el daño que el Norte hizo al Sur en materia de degradación de los recursos naturales y del medio ambiente. El que los bancos internacionales no le asignen valores en dinero a la contaminación, la deforestación, la degradación de los suelos y el agotamiento de los recursos no renovables, no significa que esos fenómenos no existan.
 
Por el contrario, aunque todavía no se contabilicen, son muy reales y tienen la misma entidad económica que otros hechos que se expresan en dólares contantes y sonantes. La injusticia reside en contabilizar sólo lo que nosotros debemos, pero no contabilizar lo que ellos nos deben.
 
¿Por qué no calculamos cuánto vale lo que el imperio se lleva?
(Soldados romanos saquean la fauna de los países conquistados para sacrificarla en el Coliseo, mosaico romano en Piazza Armerina, Sicilia, Siglo IV DC)
 

 

Comercio desigual y "deuda ecológica"
Lo que el Norte le debe al Sur

Walter Alberto Pengue

(Le Monde Diplomatique, Argentina, abril 2002)

El concepto de costo ambiental, escasamente considerado en los países del Sur -que deberían ser los principales interesados- cobra vital importancia y asegura un novedoso enfoque ante la insostenible presión por el pago de la deuda externa en América Latina. El caso argentino, de notable actualidad, es ejemplar. Los dos temas tienen una relación básica, posible de confrontar, que ha comenzado a ser analizada recientemente, en particular por académicos y ONGs del Sur (Acción Ecológica de Ecuador, Rural Advancement Foundation International -RAFI- , Grupo de Reflexión Rural -GRR-, Jubileo 2000, Grain) apoyados por muchos de sus pares de los países desarrollados. La "deuda ambiental" se arrastra desde la colonia, se ha agravado en el siglo XX y es perfectamente cuantificable en términos económicos.

Los seres humanos no degradan voluntariamente su medio ambiente. Ningún agricultor sueña con dejar a sus hijos un campo destruido, con su capa fértil lavada, el agua contaminada y el terreno cubierto de cárcavas. Ninguna comunidad se somete voluntariamente a un desgaste azaroso. Sin embargo, las sociedades toleran el cautiverio de la deuda externa, aun cuando su origen es distante de su cotidianidad (1).

Una deuda externa que contiene un alto componente de ilegitimidad y ya ampliamente pagada, si se tienen en cuenta no sólo el flujo financiero y las tasas de interés pagadas –impuestas unilateralmente- sino también el de bienes y recursos naturales baratos exportados. “Si calculamos solamente cuánto hemos cubierto en exceso de intereses, cuando además la banca internacional decidió por sí misma en 1982 subirlos del 6 al 20%, es posible demostrar que la deuda está pagada y en exceso. Para obtener estos fondos y enviarlos como pago de la deuda externa, nuestros países se ven obligados a exportar cada vez más, en condiciones de poca equidad comercial y, lo que es más grave, a cualquier costo” (2).

Ecológica y colonial

Además del tremendo impacto que el peso de la deuda tiene sobre las sociedades de los países en desarrollo, debe tenerse en cuenta la presión sobre el patrimonio natural. Jacobo Achatan indica que “el volumen de exportaciones de América Latina ha aumentado desde 1980 hasta 1995 en un 245%. Entre 1985 y 1996 se habían extraído y enviado al exterior 2.706 millones de toneladas de productos básicos, la mayoría de ellos no renovables. El 88% corresponde a minerales y petróleo. Haciendo una proyección hacia el 2016 se calcula que el total de exportaciones de bienes materiales de América Latina hacia el Norte sería de 11.000 millones de toneladas. Entre 1982 y hasta 1996, en catorce años, América Latina había pagado 739.900 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que debía en 1982 –unos 300.000 millones de dólares- y sin embargo seguía debiendo 607.230 millones de dólares” (3).

Desde la perspectiva Sur-Norte se puede definir la “deuda ecológica” como “aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del Tercer Mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados” (4). A esta deuda generada por la sobreproducción, el sobreconsumo y la superproducción de desechos actuales y pasados de los países del Norte, debería sumárseles (¿por qué no?, al menos para tenerla en cuenta), la “deuda colonial” por la extracción y usufructo de recursos minerales no reembolsados (5).

Los daños ambientales generados por este comercio ecológicamente desigual se replican en todo el mundo subdesarrollado, especialmente en América Latina. Sin embargo, no han sido percibidos cabalmente ni aparecen en las agendas de los decisores políticos. Como señala Joan Martínez Alier, catedrático catalán de la Universidad de Barcelona, “es sorprendente la vigencia de antiguos agravios históricos sobre límites geográficos y el gran empeño que diversos países latinoamericanos ponen en defender o reivindicar su herencia territorial, en comparación con la inconciencia con la que ceden la herencia recibida del patrimonio natural” (y también del patrimonio cultural y social). Esas continuas cesiones podrían interpretarse como una amenaza a la propia seguridad. Desde el Sur puede afirmarse que el Norte ha producido y produce una cantidad desproporcionada de contaminación y degradación y se apodera o presiona para transformar una cantidad desproporcionada de recursos naturales, lo que pone en peligro la seguridad ecológica del Sur.

Debido en parte a este comercio desigual y a la adopción de algunas tecnologías importadas degradantes, Argentina tiene regiones erosionadas en casi todo su territorio (6). Los sistemas de producción ovina aplicados en la Patagonia desde el siglo XIX, que en menos de cien años la convirtieron en desierto, o la eliminación de los quebrachales en la zona chaqueña, son un claro ejemplo de depredación de la naturaleza, subvaluación del recurso, exportaciones mal pagadas y tecnologías pobremente adaptadas a la realidad regional.

Nutrientes, pesca y petróleo

Una situación muy similar se suscita en la región de suelos más ricos del mundo, la Pampa Ondulada. A causa de la presión exportadora de una agricultura industrial muy dependiente de insumos externos y energía, la estructura y calidad del sustrato se está perdiendo rápidamente. Argentina exporta millones de toneladas de nutrientes naturales –especialmente nitrógeno, fósforo y potasio- que por supuesto no se recuperan de manera natural. Se pretende mantenerlos mediante el uso de fertilizantes sintéticos, tal como se promueve desde la esfera pública y privada. Sólo con sus principales cultivos –soja, maíz, trigo y girasol- el país exporta anualmente alrededor de 3.500.000 toneladas de nutrientes.

La soja, el motor de la agricultura argentina exportadora, representa casi el 50% de esta cifra. Sin embargo, se impulsa a los agricultores a que sigan pagando para recuperar lo que pierden con esos métodos de cultivo. Se los obliga a aumentar la aplicación de los fertilizantes sintéticos (7) en lugar de utilizar las prácticas ancestrales de recuperación y rotación de suelos u otras antes habituales en el campo argentino: las rotaciones de agricultura por ganadería permiten, por ejemplo, un importante período de descanso y recuperación de suelos y un sistema productivo más diversificado, además de un menor consumo de insumos, si se utilizan prácticas de pastoreo racional.

El fuerte proceso de agriculturización de los últimos diez años, impulsado por una irrestricta apertura al ingreso de insumos externos (agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, que además contribuyó a la ruina de las industrias locales) no favoreció un proceso de enriquecimiento genuino. Sólo benefició a ciertos sectores concentrados de la exportación que ahora obtienen además ganancias fabulosas con la apreciación del dólar. Costo social: un tendal de productores quebrados, impulsados a la “pseudo-tecnificación” del agro.

Estos modelos de explotación despiadada de recursos naturales se globalizan hacia los países de economías más debilitadas y dependientes. En Argentina se repiten en casos como la pesca (destrucción de la industria pesquera nacional mediante la concesión indiscriminada a barcos-factoría; nulo control de las incursiones piratas) o el petróleo. Este último caso es extremadamente grave ya que se hace entrega de un producto no renovable a compañías multinacionales interesadas en el lucro inmediato (8).

Recursos irrecuperables

Muy pocos países cortaron el nudo gordiano de apoyar su crecimiento con la sobreexplotación de materias primas para reincidir solamente en más deuda y dependencia. La mayoría nunca alcanzó a financiar su propio desarrollo, por falta de verdaderas políticas independientes. En las crisis anteriores de la deuda externa “como las de 1875 y 1890, Argentina pudo salir con una combinación de pago de aranceles y aumento de los precios internacionales de la lana, pero nunca, ni en sus años dorados, ha podido o querido financiar su propio desarrollo. Tal vez una clase –la agropecuaria- pudo haber acumulado capital y volcarlo hacia otras inversiones productivas, pero no lo hizo y siguió aportando al campo. Y el campo, con sus precios, irremediablemente iba decayendo. Entonces los ingleses nos hicieron los ferrocarriles, los estadounidenses las empresas de servicios y las multinacionales, el sistema bancario” (9).

Lo mismo sucedió con los recursos forestales, pesqueros y petroleros. Se sobreexplotaron, malvendieron y muchos se tornaron irrecuperables. Tampoco se cumplió con la premisa formulada en los 70 por el economista del Banco Mundial, Salah El Serafy: “sembrar el petróleo”, en alusión a la reinversión de los fondos de ese origen en el sistema económico, para fomentar el desarrollo. En realidad, esos fondos fueron a parar a las compañías petroleras que obtienen en estos parajes tasas altísimas de ganancias, mientras los países siguen en un estado de subdesarrollo sustentable”. Poderosísimos lobbies se oponen a cualquier decisión independiente que implique desarrollo y una distribución más equitativa de la renta de los recursos naturales y financieros. Basta ver los fuertes movimientos en contra de la Cumbre de la Tierra en Bolivia (10), del MST en Brasil, de la revolución bolivariana en Venezuela (11), o la brutal presión extranjera contra las retenciones petroleras en Argentina.

Expresados en dinero, los componentes de esta “deuda ecológica” son fácilmente identificables, salvo en algunos casos complejos. Se vinculan por ejemplo con los costos de reproducción o manejo sostenible de recursos renovables exportados, como la reposición de los nutrientes incorporados en las exportaciones agrarias, o los costos de reparación de los daños locales producidos por las exportaciones: daños a la salud por el uso de agroquímicos prohibidos en sus países de origen, disminución productiva por sobreexplotación, contaminación con mercurio, relaves de minas, costos actualizados por la indisponibilidad futura de recursos no renovables como el petróleo o la biodiversidad. Todos estos costos no son considerados en el precio, por lo que son pagados por el país exportador y sus generaciones futuras.

Otro costo no reconocido por los países desarrollados es el de los servicios ambientales (12). Un ejemplo es el proceso de cambio climático, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, del cual son esencialmente responsables los países desarrollados. Los daños a la producción y economías de todo el mundo, la inestabilidad e incertidumbre sobre sus futuras e impredecibles consecuencias (desertización, inundaciones, daños a la biodiversidad), no son tenidos en cuenta. Mientras Estados Unidos genera emisiones de cinco toneladas por persona y por año (la Unión Europea la mitad), países como Argentina emiten menos del 10% de esta cifra, pero “colaboran” como sumideros de carbono gracias a sus ricas áreas selváticas, sin recibir retribución alguna por estas vitales funciones.

Deben considerarse además como relevantes servicios ambientales el reciclado de nutrientes, la depuración de aguas en los humedales, los centros originarios de biodiversidad y recursos genéticos, la evaporación y evapotranspiración del agua, la estabilización de zonas costeras, los procesos de formación de suelos, la disponibilidad de biomasa por otras especies, todos aportados esencialmente por los países menos desarrollados. Son vitales para la estabilidad planetaria, pero no han sido hasta ahora reconocidos por las economías mundiales, ni en precio ni en valor.

Por ejemplo, el servicio ambiental brindado por la biodiversidad agrícola a la seguridad alimentaria mundial se centra en el proceso de conservación in situ, llevado adelante por las comunidades campesinas e indígenas. Existe ya una conciencia generalizada en muchas sociedades de América Latina respecto de este valor intrínseco, que ha despertado un profundo sentimiento de protección comunitaria de los recursos frente a la biopiratería. Los litigios sobre patentes o intentos de patentes sobre plantas o sus atributos, como los casos de la ayahuasca, la sangre de drago, la quinoa, la uña de gato, el neem o el jaborandí, son sólo algunos ejemplos. El necesario reconocimiento a la importantísima función que cumplen estas comunidades, que utilizando prácticas agroecológicas y agricultura tradicional logran mantener productivas regiones donde cualquier proceso de agricultura industrial fracasaría, debería obligar a repensar el actual proceso de desarrollo agrícola y reconocer a su vez, en valor y en especie, la valiosa función que estas regiones ricas en biodiversidad bioecológica y socio-cultural cumplen para el mundo.

El derecho a reclamar

Las economías más desarrolladas utilizan no sólo nuestros recursos sino nuestro propio espacio vital. El concepto de “huella ecológica” o uso desproporcionado del espacio se vincula con el hecho de que sólo una quinta parte de la población mundial (6.100 millones de personas) habita en las naciones desarrolladas: Europa, Japón, EE.UU. y Australia. Sin embargo, éstas utilizan mucho más territorio y recursos que los de su propia superficie: se sirven de unas 8 hectáreas por habitante, generando una “huella ecológica” sobre las economías más desprotegidas, que se encuentran en el límite de su espacio vital, con menos de 2 hectáreas por persona (13). Esta “huella” (el cálculo de tierras necesarias para cultivo, productos forestales, vivienda y área marina explotada como fuente de alimento) es cuatro veces más grande en las regiones industriales que en los países en desarrollo. Las economías más ricas tampoco pagan cuota alguna por este “alquiler” del espacio vital de otras naciones.

Resulta por lo tanto sumamente importante institucionalizar la prudencia como instrumento de manejo de estos servicios y recursos (14) y discutir igualitariamente la distribución de riesgos emergentes de las nuevas tecnologías, que por lo general impactan de manera inequitativa sobre las comunidades más desprotegidas (15).

El lenguaje del dinero

Según Eric Toussaint, en “doce años, entre 1980 y 1992, los países del Tercer Mundo han pagado 1.662.200 millones de dólares, una cifra tres veces superior a su deuda de 1980, que era de 567.000 millones. Cada año, el servicio de la deuda drena desde los países del Tercer Mundo entre 160.000 y 200.000 millones de dólares hacia los bancos privados, especuladores financieros, el FMI, el Banco Mundial y los países ricos” (16). En Argentina, “entre 1976 y la actualidad la deuda externa pasó de 7.600 a 132.000 millones (17); 214.000 millones si se agregan la deuda pública provincial (22.000 millones) y la deuda privada (60.000 millones) (18).

El reclamo por una “deuda ecológica”, generado por el comercio ecológicamente desigual, el pago de los servicios ambientales y el reconocimiento de la “huella ecológica” debe ser expresado en el lenguaje que mejor entiende el Norte: el dinero, el bottom line en la cuenta de pérdidas o ganancias. Así, podría constituir un fuerte impulso desde el Sur para que el Norte encamine su economía en una dirección más sostenible. La cancelación de parte de la deuda externa a cuenta de la deuda ecológica disminuiría la presión sobre los recursos naturales de los países del Sur, al tiempo que mejoraría la situación de pobreza y contribuiría a un “ajuste ecológico” del planeta.

El Sur tiene cabal derecho de reclamar el pago de su “deuda ecológica” (19). Es necesario comprender los orígenes de este comercio desigual, valuarlos en lo posible y proponerlos en la agenda de los actores de la sociedad nacional e internacional. El tema de la deuda externa no debe continuar siendo abordado de la manera tradicional. Deberán reconocerse las consecuencias ecológicas y humanas -¡las externalidades!- que ha causado y que aún no han sido reconocidas.

Referencias

(1) Patricia Adams, “Deudas Odiosas, Un legado de insensatez económica y saqueo ambiental”, Editorial Planeta, 1993.

(2) Aurora Donoso, “Ecological Debt: South Tells North Time to pay up”, Acción Ecológica, Quito, 2000.

(3) Jacobo Schatan, “Deuda externa y neoliberalismo: el saqueo de América Latina”, Fundación CENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Santiago de Chile, 1999.

(4) Aurora Donoso, Deuda externa, mecanismo de dominación y saqueo, Acción Ecológica, Quito, 2000.

(5) Entre 1503 y 1660, los archivos de Sevilla dan cuenta de la extracción de metales preciosos: unos 185.000 kilogramos de oro y 16.000.000 de plata, obtenidos a costo cero.

(6) Jorge Morillo y Silvia Matteucci, “La Argentina agredida, “Ambiente y Territorio”, Realidad Económica, Núm. 169, Buenos Aires, 2000.

(7) En la última década Argentina pasó de un consumo de 300.000 toneladas/año (unos 6 kg/ha), a casi 2.000.000 de toneladas/año en la campaña actual.

(8) Alfredo Eric y Eric Calcagno, “YPF, otra privatización ruinosa”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2001.

(9) Clarín, entrevista a Félix Luna, Buenos Aires, 6-1-02.

(10) “Tierra a debate”, Revista Pulso, La Paz, Bolivia, 29-11-01.

(11) Luis Bilbao, “Revolución y contrarrevolución en Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2002.

(12) Joan Martinez Alier, “Deuda ecológica vs. Deuda externa. Una perspectiva latinoamericana”, Parlamento Latinoamericano, 1998.

(13) Pulsos de la Tierra, Nacional Geographic, Editorial Televisa Internacional, México, julio de 2001.

(14) Martine Rèmond-Gouilloud, El derecho a destruir, Losada, Buenos Aires, 1994.

(15) José Antonio López Cerezo, seminario “La democratización del conocimiento”, Cátedra CTS+I, Organización de Estados Iberoamericanos, Centro de Estudios Avanzados- UBA, Buenos Aires, octubre de 2001.

(16) Eric Toussaint es presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Bruselas.

(17) Carlos Gaveta, “Y la sociedad dio un grito”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2002.

(18) “Deuda Externa: una moratoria obligada por falta de fondos”, Clarín, Buenos Aires, 24-12-01.

(19) Joan Martinez Alier, Economía Ecológica, Editorial Rubes, Barcelona, 1999.


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