Terminó la campaña electoral nacional menos interesante de la historia argentina, por la escasez de propuestas de fondo.
 
Aquellos argentinos que en 1868 votaron por Domingo Faustino Sarmiento sabían que elegían un proyecto de educación popular. Los que en 1916 pusieron la boleta que decía el nombre de Hipólito Yrigoyen optaban por el proyecto de incorporar la clase media al sistema político. Y los que en 1946 se decidieron por Juan Domingo Perón apuntaban a un proyecto de justicia social.
 
La evaluación histórica de qué significaron esos proyectos y sus respectivas implicancias es compleja y no vamos a hacerla aquí. Lo que sí nos interesa destacar es que en todos los casos los votantes sabían qué iban a hacer sus candidatos y tenían claros los motivos por los cuales votaban a unos u otros. Como sabemos, no es la situación actual, en la que los votantes tienen un alto grado de incertidumbre con respecto a las propuestas de los candidatos a Presidente de la Nación.
 
En nuestra opinión, es probable que muchos de los candidatos no hayan percibido la profundidad de la crisis argentina, que obliga a hacer mucho más que administrar honestamente los fondos públicos. Vivimos el agotamiento del modelo de país iniciado durante la última dictadura, y basado en el desmantelamiento del Estado y de la industria nacional.
 
Esta destrucción del aparato productivo fue disimulada mediante la venta de las empresas públicas y el endeudamiento externo. Pero nadie puede vivir mucho tiempo del dinero que pide prestado para pagar viejas deudas. ¿Qué alternativas tiene un país cuyo Estado y cuya estructura productiva han sido dañados de un modo tan severo?
 
Creemos que no tiene sentido insistir en el mismo camino que ha producido estos resultados. Los argentinos necesitamos volver a discutir nuestro modelo de país, un tema que no parece ocupar un lugar importante en esta campaña electoral.
 
Por eso, hemos redactado una propuesta sobre las cuestiones de fondo que no están siendo consideradas en este apagado debate. En particular, cuál es la relación que debemos establecer con la naturaleza en los próximos años y de qué modo incide esta relación en el proyecto de país que tenemos que definir.
 

Una sociedad en armonía con la naturaleza (Ilustración de la primera edición de la novela "Utopía", de Santo Tomás Moro, Lovaina, 1516)


LA ECOLOGÍA EN LA DEFINICIÓN DE UN PROYECTO NACIONAL (Primera parte)

 

Coordinación del equipo:

 Antonio Elio Brailovsky

Nélida Harracá

Integrantes:

Liliana Álvarez

Gladys Leiva

Mabel Santoro

 

La incorporación de la visión ecológica a la definición de un proyecto nacional va mucho más allá del cuidado de determinados recursos naturales o de la prevención de ciertas formas de contaminación. Se trata de una mirada abarcadora, que tiñe el proyecto en su totalidad, y cuyo análisis requiere de algunas precisiones. La definición de un proyecto nacional requiere también del establecimiento de nuevos modos de relación con el patrimonio natural y cultural de los argentinos.

 

1. EL FIN DE UNA ETAPA HISTÓRICA Y LA NECESIDAD DE VOLVER A TRABAJAR SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES.

 

Las sociedades humanas atraviesan por grandes períodos históricos, en los cuales se articulan en torno de un determinado proyecto nacional. Después, el modelo de país así constituido se desarma y es necesario volver a reconstruirlo sobre bases diferentes.

 

v     Así, hemos tenido el modelo de país agroexportador de la Generación del 80, en el cual el país entero se organizó en función de producir carnes y cereales para exportación y traer productos industriales. En esa etapa histórica, el país giró en torno de los recursos naturales de la región pampeana y de su utilización dentro del modelo agroexportador.

 

v     El pasaje al modelo de industrialización (iniciado a partir de la crisis de 1930 y profundizado desde el peronismo) significó volver a diseñar nuevamente el modelo de país, asignando nuevos roles al Estado, al sector privado, a los servicios públicos, etc.  En ese momento se establecieron nuevas formas de relación con los ecosistemas y los recursos naturales, en tanto proveedores de materias primas para la actividad fabril.

 

v     El modelo de industrialización se quiebra a partir de la última dictadura, en la que se inicia un nuevo modelo de país orientando hacia el sector financiero. Se desmantelan el Estado y la industria, con la promesa de que el mercado se encargaría de reconstruirlos en mejores condiciones. En esta etapa, el mejoramiento de las condiciones ambientales depende casi exclusivamente de los avances de la conciencia pública que presionan en ese sentido.

 

El agotamiento de ese modelo orientado hacia las finanzas nos lleva a la necesidad de volver a pensar el modelo de país desde un lugar distinto que la obsesiva mirada sobre la cotización del dólar.

 

2. UNA POLÍTICA AMBIENTAL DEBE TENER EN CUENTA LAS EMERGENCIAS SOCIALES

 

La Argentina del tercer milenio, es una nación en crisis, aislada frente a su realidad, atrás parecen quedar los proclamados sueños y metas de la última década. El país del crecimiento sostenido insertado en el mundo desarrollado, el de las misiones de paz en la ONU, queriendo crecer económicamente el setenta por ciento. Una nación de boom tecnológico agropecuario, octavo productor mundial de alimentos. Con floreciente industria automotriz y explotación minera, primer exportador mundial de jugo de limón y miel, cuarto en vinos y gran abastecedor energético. Una sociedad beneficiada con más de cuatro millones de nuevas líneas telefónicas, con cincuenta por ciento de televisores con servicio de cable y entre los tres primeros países del mundo consumidores de fibra óptica.

 

Hoy esta Argentina ideal se ha transformado en el país de los “piqueteros” sin instrucción o con educación, pero todos marginados y desocupados. Ciudades con “cacerolazos” producidos por los que han sido robados en sus ahorros e inversiones de pequeña burguesía. Una nación con latente “estallido social” con posible diagnóstico de represión y conflicto social violento.

 

Nuestra Argentina del 2002 ya no es una sociedad pluralista, participativa ni solidaria, se ha producido la muerte de los sentimientos y su última riqueza, común a todos, el espacio vital natural está en peligro. Urge realizar un auténtico y claro análisis de las necesidades de lo argentino frente a las exigencias de lo ecológico y el medio ambiente y del progreso de la sociedad y las relaciones de lo humano con el entorno existencial.

 

Enumeremos algunos elementos en juego para la posible estructura de una política eco-social:

 

a)     Hoy se trata de satisfacer las necesidades de explotación y de producción y se hiere al planeta. Se producen daños irreparables, contaminación del espacio, de la capa de ozono, atmósfera, cambios climáticos, el suelo, recursos hídricos, la flora, la fauna y la alternancia de ciclos naturales de los que dependen todos los seres vivos.

 

b)     El hombre ve el aumento de la marginación social y la pobreza. Se reinstalan enfermedades y epidemias supuestamente erradicadas. Aparecen nuevos y mortales flagelos. Aumentan la mortalidad infantil y el analfabetismo y se avasallan y destruyen culturas. Un sistema de guerras continuas y diferencias abismales en la calidad de vida.

 

c)     El mundo actual sufre una agonía institucional, social, cultural y física, debido a la separación de la humanidad del mundo natural. El “hombre dominador” genera un modelo de desarrollo perverso. Pese a declaraciones de derechos humanos, civiles y otras tantas, es la lucha dominadora del hombre por el hombre, por etnia, género, posición cultural y económica, edad, etcétera.

 

d)     El futuro cercano nos muestra en algunos un consumo irracional, aumento de bienes innecesarios y continua expoliación de la naturaleza. Para el noventa por ciento restante, la nada, frustración, violencia, criminalidad, incultura, aislamiento y marginación. La vida no es placentera, sólo es un infierno en la Tierra y a él condenamos a los inocentes.

 

3. UN NUEVO MODELO DE PAÍS

 

Un nuevo modelo de país, un nuevo proyecto nacional, debe tener en cuenta la amplia disponibilidad de recursos naturales de la Argentina. Hoy nuestro país utiliza menor cantidad de recursos naturales que durante su etapa de industrialización hacia la década de 1970. Pensar en el uso sustentable de esos recursos naturales es una manera de salir de la trampa de pensar en una sociedad compleja a partir de una única variable: el dólar.

 

Uno de los aspectos incumplidos de nuestra Constitución Nacional es la fijación de los presupuestos mínimos en materia de medio ambiente (Art.41). Esos presupuestos mínimos indican la base sobre la cual deberán ajustarse las legislaciones provinciales. Es decir, que toda ley provincial deberá ser más cuidadosa del ambiente, pero no menos.

 

Los presupuestos mínimos son indispensables para evitar que algunas provincias o municipios ofrezcan a determinadas empresas la posibilidad de contaminar sin restricciones, como una forma de aumentación las inversiones y la ocupación. La estrategia de cambiar medio ambiente por empleos ha sido usada muchas veces en países del Tercer Mundo, con un alto costo de vidas humanas por accidentes e intoxicaciones diversas.

 

De modo que es necesario establecer una legislación que ponga determinados contenidos mínimos para evitar que, al amparo de la situación económica, algunas jurisdicciones se especialicen en atraer industrias contaminantes. La terrible experiencia de los pobladores patagónicos afectados por la explotación de hidrocarburos es un antecedente que debemos evitar que se repita [1].

 

Los presupuestos mínimos de la política ambiental deberían contener, por lo menos:

 

v     El establecimiento de mecanismos muy claros de participación ciudadana en todos los aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a un ambiente sano.

 

Los principios acordados internacionalmente a partir de la llamada Agenda 21 establecen al ambiente como una construcción colectiva. La calidad ambiental es responsabilidad de toda la sociedad y la discusión de sus implicancias y la toma de decisiones claves no puede ser delegada en sectores técnicos, gubernamentales o empresarios.

 

v     El carácter público de toda información vinculada con el ambiente, esté en manos del Estado o de empresas privadas (salvo los casos que puedan afectar propiedad intelectual).

 

La responsabilidad social por un ambiente sano es un mandato constitucional. Sin embargo, nadie puede sentirse responsable a partir de la ignorancia. Es sustancial que los ciudadanos tengan el pleno conocimiento de las condiciones ambientales del sitio en que viven, trabajan, estudian, se recrean o se desplazan. El secreto industrial es un caso particular, pero su preservación no puede servir de pretexto para negar información ambiental sustancial.

 

v     La realización de evaluaciones de impacto ambiental previas a la realización de obras o emprendimientos de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.

 

Esto significa un modo operativo de transparentar la toma de decisiones en torno de nuevos proyectos que puedan afectar al ambiente. La experiencia indica que los estudios ambientales confidenciales que sólo son analizados por un funcionario se prestan demasiado a situaciones irregulares. Por el contrario, la presencia de la comunidad discutiendo públicamente esos proyectos puede contribuir a mejorar su incidencia sobre el ambiente y la sociedad.

 

v     La prohibición de las sustancias químicas y tecnologías prohibidas en los países de origen o patentamiento.

 

En muchas ocasiones se ofreció como inversión extranjera, como aporte al desarrollo o como nuevas tecnologías, lo que era simplemente la colocación de productos y tecnologías peligrosos, ya desechados por los países del Primer Mundo. Una propuesta sustentable implica establecer mecanismos para defenderse de este tipo de agresiones.

 

v     La facultad de las autoridades locales de controlar las condiciones ambientales de los establecimientos de utilidad nacional y para definir de qué modo se utiliza su territorio.

 

Los principios federalistas implican la necesidad de que provincias y municipios puedan controlar todas las instalaciones del Gobierno Nacional establecidas en su territorio, como también las de empresas privadas que actúan por concesión del Gobierno Nacional. Las instalaciones militares y las asociadas con la defensa nacional son fuentes potenciales de riesgos ambientales [2]. Tienen que poder ser inspeccionadas regularmente por las autoridades locales. Del mismo modo, son muchas las comunidades que rechazan la localización de determinadas instalaciones tales como grandes represas[3] o centrales atómicas[4]. Es necesario mantener el principio por el cual no se puede obligar a una comunidad a recibir una instalación que no acepta, en nombre de un interés ajeno a esa comunidad.

 

v     La explicitación de la prohibición de ingreso de residuos industriales y radiactivos en todas sus formas.

 

Si bien la Constitución Nacional es muy clara en cuanto a prohibir el ingreso al país de residuos industriales y radiactivos, han surgido interpretaciones interesadas, que sostienen que un residuo que ingresa para ser reprocesado no es un residuo sino un insumo. Esto implica el riesgo de especializar a la Argentina en el tratamiento y disposición de residuos de alta peligrosidad, que otros países quieren ver fuera de sus respectivos territorios. Por eso es importante una norma jurídica que evite este tipo de violaciones a los principios constitucionales y estas amenazas a la seguridad ambiental del país.

 

Hablar hoy de medio ambiente equivale a integrar la política ambiental en una política de desarrollo económico y social. Un desarrollo sustentable y equitativo puede basarse en un mejor uso de nuestros recursos naturales. Esto supone incorporar concepciones tecnológicas diferentes de las técnicas “duras” actualmente en boga. El desarrollo de tecnologías sustentables significa apuntar al ahorro de energía, al bajo impacto ambiental, al desarrollo de técnicas intensivas en el uso de la mano de obra.

 

También significa definir una política de desarrollo que:

 

v     En su concepción política integre los conceptos y las estrategias del modelo de Agenda 21, acordado por los distintos gobiernos del Mundo en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (ECO´92).

 

v     En su tratamiento geográfico utilice criterios de planeamiento por cuencas hidrológicas.

 

v     En su implementación tecnológica ponga el acento en el uso de ecotécnicas y en el desarrollo de fuentes renovables y limpias de energía.

 

4) IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 21 EN LOS DISTINTOS NIVELES, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.

 

"La Agenda 21" es un plan de acción de las Naciones Unidas para el desarrollo sustentable en el siglo 21, aprobado por 173 gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), celebrada en Río de Janeiro en 1992.

 

Haciendo una síntesis podemos decir:

 

1.      Es el principal documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo    (CNUMAD).

2.      Es la propuesta más consistente para alcanzar el desarrollo sustentable.

3.      Es un planeamiento del futuro con acciones de corto, mediano y largo plazos.

4.      Es una ruta de acciones concretas, con metas, recursos y responsabilidades definidas.

5.      Es un plan que se obtiene a través del consenso.

 

Si bien en su concepción fue pensada como estrategia de escala nacional, ya en el Capítulo 28 de la Agenda aparece citada por primera vez la Agenda 21 Local donde se insta a todos los municipios y a las autoridades locales de todo el mundo a redactar y ejecutar planes de acción para el desarrollo sostenible en asociación con los sectores relevantes de la comunidad local. Existen también experiencias internacionales de Agendas a nivel Regional.

 

La Agenda 21 Local, que se desprende de la Agenda 21, constituye un medio para llevar a la práctica los conceptos del desarrollo sustentable y para recuperar conocimientos y prácticas locales, así como una oportunidad para impulsar las capacidades individuales y colectivas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una comunidad.

 

Es importante considerar que, dada la diversidad de procesos productivos, sociales, demográficos y ambientales que se presentan en cada una de las regiones, municipios o comunidades de nuestro país, no existe una fórmula única para promover procesos de Agenda 21 Local. Sin embargo, deben establecerse acuerdos básicos sobre los supuestos y elementos a considerar para su elaboración, que orienten a la sociedad en su conjunto hacia un fin común.

 

Básicamente las etapas para la confección de una Agenda son:

 

1.      A partir de estratégicas de diagnóstico participativo elaborar una Perfil Ambiental del área. (Se trabaja con un listado de problemas ambientales claves, así como una ponderación de los mismos).

2.      Realizar un diagnóstico de la Capacidad local para la Gestión Ambiental (potencialidades y restricciones).

3.      Definición preliminar de una Agenda estratégica de Gestión Ambiental para el área seleccionada. (Surge de la definición de objetivos y acciones que compatibilicen los problemas ambientales priorizados con la capacidad local instalada para su gestión).

 

En nuestro país hay experiencias a nivel local en distintas provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, entre otras.) y se está trabajando en la confección de la Agenda para la Ciudad de Buenos Aires.

Ideas clave para lograr una Agenda 21 Local exitosa

Proceso. No es el documento final lo que importa, sino el proceso para producirlo, ejecutarlo y evaluarlo, haciendo que participen los grupos de la localidad, creando interés por el desarrollo sustentable, modificando las actividades económicas del sector gobierno y del sector privado e incrementando la conciencia ambiental y social.

 

Los problemas son oportunidades. Los problemas pueden ser percibidos como oportunidades si se ubican en su contexto y se analizan desde el ángulo y la actitud apropiada. Todo problema encierra oportunidades que pueden ser aprovechadas para transformar la situación actual y ganar en términos de sostenibilidad social, ambiental y económica.

 

La gestión ambiental requiere de visiones sistémicas. Una visión sistémica ubica los elementos de una acción en conexión, para lo cual genera sistemas y subsistemas de influencia mutua y/o complementaria.

 

La transversalidad en la gestión. La mejor forma de ver la realidad no es sectorialmente. De esta manera se edifican listados de demandas o acciones. Se trata de abordar los problemas y sus soluciones transversalmente y ubicando aquellos aspectos que se convierten en factores claves que pueden influir sobre los otros problemas.

 

Participación de los grupos locales organizados. El proceso debe acoger a todos, en especial a los grupos de mujeres, jóvenes, empresas locales, y organismos no gubernamentales, entre otros. Estos grupos son importantes en la medida en que lleven a cabo las decisiones cotidianas. De ahí, que el trabajo de la Agenda 21 Local pueda también verse como un mejoramiento de la democracia.

 

Perspectiva holística. La visión holística ubica al mundo, personas y naturaleza en íntima y sutil conexión, además de reconocer que las distintas corrientes e ideas en el mundo avanzan hacia un todo armónico. Es muy importante ver a la comunidad en forma integral, global, y como parte de algo más grande, la región, el país, el mundo. El concepto se concibe globalmente pero se actúa localmente.

 

Perspectiva de largo plazo. Quienes toman las decisiones necesitan planear y decidir con una perspectiva de mayor plazo y no sólo para el periodo en el que fueron elegidos.

 

Búsqueda de ideas innovadoras. ¿Por qué reinventar la rueda? Muchas soluciones ya existen. Algunas ciudades, municipios, etc., se han especializado en resolver alguno o un conjunto de problemas y sus experiencias pueden ser de utilidad para otros sitios.

 

Aplicar lo que se dice. Para avanzar en realidades complejas con institucionalidades débiles, es necesario contar con una  visión global e integral y actuar sobre problemas concretos y sentidos en la población, para lo cual se desarrollan proyectos pilotos cuya aplicación despierte el interés y la posibilidad de su replicabilidad.

 

5) EL MANEJO DE CUENCAS HÍDRICAS EN UN PROYECTO DE DESARROLLO.

 

Una propuesta para nuestro país

 

En el II Congreso Latinoamericano de Cuencas Hidrográficas (Mérida Venezuela Nov. 1994) se ha definido el proceso de gestión en una cuenca: "El proceso es formular, gestionar y ejecutar un conjunto integrado de acciones sobre el medio natural y la estructura social, económica y legal de una Cuenca Hidrográfica, con participación de la población y usuarios de la misma para alcanzar objetivos específicos requeridos por la sociedad"

 

La gestión integral de cuencas

De acuerdo con un informe de la OPS, la gestión de los recursos hídricos ocupa un lugar preponderante en la gestión ambiental. Las unidades ideales de manejo son justamente las cuencas hidrológicas, a lo largo de las cuales se puede controlar el flujo y el uso del agua.

Con relación al ambiente, implica un proceso continuo de análisis, de toma de decisiones, organización, control de actividades de desarrollo, así como la evaluación de los resultados para mejorar las formulaciones de políticas y su implementación para el futuro.

El proceso de gestión se caracteriza por:

El principal objetivo de conducir un proceso de gestión es tratar en forma integral los sistemas hídricos o cuencas. Se busca aprovecharlos, conservarlos, protegerlos o recuperarlos a fin de satisfacer demandas de la población asegurando su uso para las generaciones futuras.

Las distintas corrientes en torno a la gestión de los recursos hídricos

Los modelos de gestión de los recursos hídricos constituyen un perfil de administración del agua. Le dan una estructura y un marco institucional al manejo del ambiente y aportan propuestas metodológicas. En Francia, una legislación eficiente ha responsabilizado la gestión del agua a las agencias del agua. En el caso norteamericano la ley estipula la propiedad privada del uso del recurso, lo que organiza a los diferentes usuarios de una misma cuenca. El modelo de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina) representa una propuesta metodológica para el manejo integrado de cuencas. A continuación se presentan las ideas básicas de cada enfoque.

El modelo francés: Considera al agua como un patrimonio común de la humanidad. Postula una organización planificada de los usos legítimos del agua basada en una ley que fomenta la concertación entre los usuarios del agua. Garantiza la coherencia de actividades dentro de cada cuenca. Los organismos de control son los comités de cuencas, integrados por representantes de los usuarios, asociaciones locales y del Estado. Los órganos ejecutivos de los comités son las agencias del agua que aplican el principio de «quien contamina paga». Todos los usuarios participan en el consejo de administración de cada agencia.

El modelo norteamericano: La legislación sobre los derechos del agua se basa en las leyes inglesas adoptadas después de la independencia. Se considera que los derechos de «dominio» del recurso agua son de carácter privado. Postula que todo propietario de tierras ribereñas, aquellas tierras que bordean o contienen una masa de agua tiene uso prioritario. Los derechos sobre el agua son privados y pueden comprarse o venderse independientemente de la propiedad de la tierra.

El enfoque de la CEPAL: La CEPAL ha elaborado un marco metodológico para la gestión integrada de cuencas hidrológicas. Postula que todo proceso de gestión para el desarrollo sustentable debe maximizar en forma equilibrada tres planos:

Sostiene que el manejo de los recursos hídricos no constituye una actividad aislada del manejo de los recursos naturales de una cuenca.

La gestión integrada se sustenta en la capacidad de una entidad de cuencas para tomar decisiones y diseñar estrategias, con el fin de alcanzar los objetivos deseados por y para un grupo relativamente grande de usuarios que depende y comparte un territorio.[5]

El proceso de gestión de cuencas

Es evidente que hay un atraso entre los avances de los procesos de privatización de servicios públicos vinculados al agua y la creación de mercados de agua con relación a la formulación y aplicación de marcos regulatorios y la organización de la institucionalidad requerida para la gestión integral del agua. Ello puede traer consecuencias muy negativas en varios campos, inclusive para el mismo sector privado a quien se pretende beneficiar. Si bien es fundamental alentar la participación privada dándoles seguridad al inversionista –en particular para fomentar el aumento de aportes de capital hacia el uso beneficioso del agua y la eficiencia basada en la competencia honesta- es esencial recordar que para alcanzar metas de desarrollo sostenible el rol del Estado y de la sociedad civil en la gestión del recurso no puede ser abandonado. Ni la intervención privada ni la propiedad, por sí solos, garantizan que se va a alcanzar una eficiencia en la gestión del uso múltiple del recurso. La privatización puede ser beneficiosa en manos de una empresa usuaria pero no necesariamente sirve para conciliar intereses sociales y ambientales. Los propuso usuarios privados, tales como empresas de agua potable, hidroenergía, riego, recreación, necesitan estar respaldados por una institucionalidad que les asegure que sus derechos serán respetados de acuerdo a las condiciones con que la ley se los asigna. Hoy en día ello no ocurre en muchos sistemas hídricos en los cuales un sector usuario es el dominante.

 

La creación de entidades de cuenca bajo cualquiera de sus variantes, implica la ejecución de una serie de procesos que se pueden llevar a cabo en forma paralela y que son continuos en el tiempo. Estos son:

 

1)     proceso de comunicación y concientización o sensibilización.

2)     Proceso de formación de alianzas y acuerdos entre los actores de una cuenca.

3)     Proceso de legalización de funciones

4)     Proceso de formulación de escenarios, evaluaciones y diagnósticos

5)     Proceso de consolidación operativa de cada usuario del agua. Tiene como meta asistir a cada actor de la cuenca para asegurarse que cumpla con las funciones.

6)     Proceso de organización de la administración.

7)     Proceso de valorización económica y formulación de estrategias. El plan es un elemento que sirve par comunicar las intenciones de ejecución de acciones y coordinar aquellas que así lo requieran, incluyendo la sustentación económica y financiera de cada proyecto.

8)     Proceso de operación del sistema hidráulico compartido.

9)     Proceso de conservación de cuerpos de agua, hábitat silvestre y biodiversidad. Este proceso requiere que los urbanistas integren los cauces naturales en sus decisiones.

10)Proceso de control de contaminación, de recuperación de cursos de agua y zonas aledañas a los ríos, y de recuperación de la capacidad de drenaje a nivel rural y urbano.[6]

 

La gestión integral incluye a todos estos procesos, si alguno de estos falta, puede desmoronarse el sistema, porque no cumplirá con sus objetivos de manejo integral.

 

El valor económico del recurso[7]

El factor más importante en un sistema de gestión de recursos hídricos es la capacidad institucional de hacer cumplir cargos realistas, plenamente controlados, y canalizar el ingreso correspondiente hacia inversiones necesarias. Esto quita importancia al hecho de que las cuencas hidrográficas estén en manos de los estados o del Gobierno federal. Si no existen comités de gestión, la tasa federal sería aplicada por organismos públicos.

A continuación se ofrecen dos experiencias con enfoques distintos:

La experiencia brasileña:

Desde la reciente aprobación de la Ley Federal de Aguas (Ley 9.433, de enero de 1997), Brasil está a punto de llevar a cabo una amplia gama de reformas en el sector del agua, inclusive la introducción de un sistema de determinación de precios de utilización de agua en gran escala. El marco jurídico brasileño de gestión de los recursos hídricos se basa en la distinción constitucional entre aguas federales y estatales. Se denominan aguas federales las que corren a través de fronteras estatales o a lo largo de fronteras de dos o más estados o de un país extranjero. Se denominan aguas estatales las situadas enteramente dentro del territorio de un mismo estado.

A nivel federal, la nueva legislación sobre aguas reconoce el hecho de que el agua es un bien económico (no gratuito), por cuya utilización, en consecuencia, debe cobrarse, a fin de (1) lograr una asignación racional de la misma y (2) crear recursos financieros para un manejo integrado de los recursos hídricos a nivel de las cuencas hidrográficas. La aplicación de la ley requiere aún la sanción de normas reglamentarias detalladas, inclusive criterios de determinación de precios, que están siendo debatidas.

Según el proyecto de reglamento recientemente dado a conocer, los consejos de gestión de cuencas hidrográficas estarán facultados para establecer los precios del agua conforme a principios generales. Aunque en el nuevo sistema de gestión de aguas de Brasil se adoptó el principio francés de una gestión por cuencas, los comités de cuencas brasileños, a diferencia de los de Francia, son entidades formadas espontáneamente por usuarios,13 y la tasa es determinada por ellos y constituye más bien un tipo de precio por servicios que un impuesto.

Hasta ahora Ceará es el único estado que ha establecido cargos por utilización de agua. En noviembre de 1996 introdujo cargos por utilización en gran volumen para usos domésticos e industriales. La política de determinación de los precios del agua se basa expresamente en criterios de capacidad de pago, en que el sector industrial constituye la fuente de la principal proporción de los ingresos, otorgando subsidios cruzados a los hogares y, con el tiempo, a los usuarios rurales. Actualmente los ingresos provenientes del sector industrial representan alrededor del 65% del total, frente a una proporción del consumo que no llega al 5%. En el futuro próximo es probable que esta participación en los ingresos siga siendo alta, ya que la demanda industrial se va a incrementar en virtud del acelerado programa de industrialización que se está ejecutando en la región.

Se sostiene que Ceará ha sido un estado pionero en cobrar por el uso del agua debido a la escasez de este recurso y al no existir ríos perennes en el estado. Ceará no ha tratado de introducir componentes de contaminación en la determinación de los precios del agua, lo que evita un problema bastante complejo. El precio del agua suministrada en grandes volúmenes puede determinarse en forma similar al de cualquier otro servicio público, como por ejemplo el de la energía.

El hecho de que no exista preocupación por la contaminación del agua puede parecer razonable en una región afectada por sequías, aunque la propia degradación cualitativa da lugar a la reducción del suministro de agua. Teniendo en cuenta el programa de industrialización del estado, la determinación del precio de la contaminación del agua podría ser un factor importante de modificación de las modalidades industriales en función de la disponibilidad de agua.

En conclusión, en el caso de Ceará, la solución, más bien que general, debe concebirse como una solución particular a un caso particular. No obstante, la lección principal es de carácter general:  el sistema de fijación de precios para el agua es viable inclusive en las regiones pobres, y puede cumplir un papel decisivo a los efectos de una mejor gestión del agua y una mayor participación de los usuarios.

La experiencia mexicana:

La legislación mexicana sobre agua permite a la Comisión Nacional del Agua (CNA) aplicar el principio de que “el que contamina paga” con respecto a la descarga de agua de las municipalidades y plantas industriales, cuando se superan determinados umbrales de materia orgánica y sólidos en suspensión.

El sistema de cargos por aguas residuales, que rige desde octubre de 1991 y fue revisado recientemente, está destinado a hacer cumplir las normas sobre efluentes y brindar incentivos a las empresas para que inviertan en reducción de la contaminación a los efectos del control de la calidad del agua.

La falta de cumplimiento ha dado lugar a una considerable reducción de los ingresos recaudados. Las principales razones de fracaso del sistema de recaudación consisten en un control ineficaz y en la oposición de los contaminadores.

Dado el alcance nacional del sistema de agua, un control efectivo requeriría recursos que escapan a las actuales posibilidades financieras de la CNA. La falta de participación privada y pública vinculada con la ausencia de información basada en un cuidadoso análisis de las repercusiones previstas para los cargos ha creado oposición de los contaminadores, por razones relacionadas con la competitividad y la distribución.

La versión revisada del texto legal constituye un intento de eliminar esas barreras políticas mediante participación e información y una mayor capacidad institucional. Se cree que un método más participativo y realista puede dar a México la oportunidad de establecer un muy eficaz sistema de incentivos económicos para la gestión del agua y además garantizar la obtención de recursos financieros para mejorar la capacidad institucional.

La versión original de 1991 era un cargo por incumplimiento aplicable exclusivamente a niveles de concentración de contaminantes superiores a los umbrales de tolerancia. La revisión de 1995 fue más allá, convirtiendo a la tasa en un tipo de impuesto aplicado a todos los niveles de concentración. En la versión de 1991 el cargo era pagadero por metro cúbico descargado y variaba en función de las cuatro zonas en que se dividió al país conforme a criterios de disponibilidad de agua. Actualmente se aplica a todas las fuentes de contaminación que descargan efluentes. Sólo se consideran dos indicadores de contaminación:  la concentración de la demanda de oxígeno químico (DOQ) y el total de sólidos en suspensión (TSS).

Mediante revisiones de la Ley Federal de Derechos Hídricos en diciembre de 1995, se introdujeron nuevos procedimientos para calcular los cargos pagaderos:

1.      El cargo dejará de basarse en zonas de disponibilidad de agua, pasando a depender de la capacidad de asimilación de los cuerpos hídricos receptores conforme al uso corriente del agua y al nivel de tratamiento requerido para el volumen de contaminantes que se encuentra en el cuerpo de agua. Se definieron tres categorías de cuerpos de agua: (a) los que requieren escaso tratamiento, (b) los que requieren un tratamiento secundario, y (c) los que requieren un tratamiento más avanzado.

2.      El cargo variará en función de diferentes niveles de contenido de contaminantes. Los niveles de los cargos se determinan tomando como base los costos de reducción, por lo cual varían en función del nivel de control y de la concentración de la contaminación en el cuerpo de agua receptor.

Esta revisión es importante desde el punto de vista económico y ambiental:  primero, porque crea un incentivo permanente para que los usuarios reduzcan el volumen y el nivel de la contaminación descargada, y en segundo lugar porque ahora se tiene en cuenta la capacidad de asimilación del cuerpo de agua.

La Ley Federal de Cargos se revisa anualmente. El principal objetivo de este nuevo enfoque consiste en establecer incentivos para que los contaminadores adopten nuevas prácticas, procesos y tecnologías de reducción de sus emisiones. Este cambio fue orientado, entre otras cosas, por el hecho de que el Gobierno percibió un alto grado de incumplimiento de obligaciones de pago entre los usuarios, vinculado con la crisis económica que azotó al país. En consecuencia se entendió que un enfoque gradual o en varias etapas sería el de más fácil aplicación. Los plazos de cumplimiento de las normas sobre niveles máximos permisibles de descarga en aguas nacionales vencen en los años 2000, 2005 y 2010, lo que está en función del volumen de población en el caso de las municipalidades y de la gama de DOQ en las descargas no municipales.

Vale la pena notar que las tasas aplicadas se vierten en la Tesorería y la CNA recibe cierta proporción de la recaudación para cubrir su presupuesto.

Por último, las inversiones en control de la contaminación del agua que se requerirán en los próximos años para cumplir esas nuevas normas regulatorias serán enormes.
 
(Continuará)

[1] Por ejemplo, el caso de las comunidades mapuches Paynemil y Xatripaiñ, de la provincia del Neuquén, que estuvieron varios años bebiendo agua subterránea contaminada por residuos de la explotación de hidrocarburos del yacimiento Loma de La Lata.

[2] Como lo descubrimos trágicamente con la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.

[3] La Provincia de Entre Ríos ha dictado una Ley que prohíbe la construcción de represas sobre el Paraná o el Uruguay, debido al impacto ambiental provocado por la central hidroeléctrica de Salto Grande.

[4] Son numerosas las jurisdicciones que se han declarado no nucleares, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego. Ambas lo han colocado en sus respectivas Constituciones.

[5] Extractado de OPS. El agua, un patrimonio para preservar. 1995

[6] Extractado de CEPAL. Gestión de cuencas y ríos vinculados con centros urbanos. 1999

[7] Capítulo extractado de Seria da Mota, Ronaldo. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión del medio ambiente en América Latina: de dificultades teóricas a dificultades prácticas


La Gestión de cuencas en nuestro país

 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, es el organismo encargado a nivel nacional del manejo del recurso agua.

 

Como tal, participa en los organismos interjurisdiccionales de gestión de cuencas que existen actualmente:

1)     Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE)

2)     Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquen y Negro

3)     Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)

4)     Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de manejo de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

 

También tiene participación en los organismos internacionales de gestión de cuencas:

1)     Comisión Binacional Administradora de la Cuenca inferior del río Pilcomayo

2)     Comisión Trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo

3)     Comisión Binacional para el desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija.

4)     Comité Intergubernamental coordinador de los países de la Cuenca del Plata (contrapartes técnicas)

5)     Comisión de coordinación interjurisdiccional del programa Hidrovía Paraguay-Paraná.

 

Por otra parte, existen otros organismos internacionales cuyo objetivo es la intervención en alguna cuenca, en las que nuestro país participa:

1)     Comisión Administradora del Río Uruguay.

2)     Comisión Mixta Paraguayo Argentina del Río Paraná.

3)     Ente Binacional Yaciretá

Estos organismos han sido creados con distintos fines. Algunos nacieron con el objetivo de llevarse a cabo un proyecto de inversión importante en la cuenca (como el caso de la Hidrovía Paraná); con la intención principal de desarrollar económicamente la zona (caso Río Bermejo); o con la prioridad de la recuperación ambiental de una cuenca degradada (Matanza-Riachuelo). Esto significa que no todas tienen por objeto, aunque algunas lo enuncien formalmente, la gestión integral de la cuenca. Muchos de estos organismos mueren en la práctica, una vez finalizada la obra por la que fueron creados, porque se agotaron los recursos financieros para sostenerlo. De allí que sea tan importante la formulación clara y realista de los recursos con los que se valdrá el organismo para mantenerse y llevar adelante sus propósitos. 

Hasta ahora, ninguno de estos organismos interjurisdiccionales o internacionales han incorporado de manera formal en el proceso de la toma de decisiones a los usuarios de las cuencas. Esto se refleja en reclamos no escuchados, que son tomados a veces por la prensa y por alguna institución gubernamental como la Defensoría del Pueblo, los Entes Reguladores o de control (cuando existen), las Comisiones de las Cámaras Legislativas, etc. Las ONG ambientalistas cumplen un rol fundamental en la formulación de estas demandas.

Veamos algunos ejemplos de estos reclamos:  

Comisión Regional del Río Bermejo:

La COREBE está integrada por un Ministro del Poder Ejecutivo Nacional y los señores Gobernadores de las Provincias del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, que pasan a constituir el Consejo de Gobierno de dicha Comisión.

En todos los casos las decisiones se toman por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Gobierno, esto es, con un mínimo de cinco votos.

El Objeto de la Comisión Regional del Río Bermejo es adoptar las decisiones políticas y ejercer la dirección de las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional y múltiple de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Bermejo.[1]

No obstante lo escrito precedentemente, existen denuncias de algunos de los miembros, como la presentada por la provincia del Chaco.

Chaco se quejó de que las pocas acciones que se realizan no son acordadas con las provincias ni siguen una estrategia seria de manejo y gestión integrada del recurso hídrico de la cuenca.

El problema más grave que se presenta se debe a una falta de verdadera democratización de las decisiones que se toman, dado que las mismas no han sido consultadas con los directores de las respectivas provincias. Hasta la fecha la doctora Guzmán no logró efectuar ninguna reunión de directorio, con quórum, desde que asumió la presidencia de la COREBE en junio de 2001.

Por otro lado, el gobierno del Chaco, al constatar a través de un funcionario de la Administración Provincial del Agua (APA) la contaminación del río Bermejo por residuos de petróleo, realizó una denuncia a la Comisión regional del Bermejo (COREBE).[2]

Sobre esta cuenca se han proyectado tres represas: Cambarí (en territorio de Bolivia, sobre el río Grande de Tarija, 95 MW de potencia instalada y un embalse de 2.750 hectáreas), Las Pavas (binacional Argentina-Bolivia, 75 MW y 3.250 ha de embalse) y Arrazayal (también sobre el Bermejo, 85 MW y 4.115 ha de embalse). Las Pavas afectará 660 ha de rica biodiversidad del Parque Nacional Baritú y otro tanto en Bolivia.

Debido a que varias ONG se quejaron públicamente sobre la inconveniencia de la ejecución de estas obras, aludiendo la nula participación de las comunidades afectadas en la cuenca, los cuestionamientos legales que implican inundar parte del Parque Nacional Baritú, o los fuertes procesos sedimentarios que acortarían sensiblemente la vida útil de los embalses; la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación organizó una reunión con representantes de la COREBE y dichas ONGs., en la cual la COREBE, admitió que hay incertidumbres, pero la Comisión decidió licitar con la información disponible.[3]

Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná:

La Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (COMIP) está en el proceso de licitar los estudios de impacto ambiental y social de la represa de Corpus, cuya producción energética estará destinada principalmente a proveer al mercado brasilero.

 

A causa de la terrible experiencia de las comunidades afectadas por Yacyretá, la mayor parte de la población de la zona se opone a la construcción de Corpus. Por un plebiscito, legalmente vinculante en la Argentina, llevado a cabo en la provincia de Misiones en 1996, el pueblo misionero manifestó su rotundo rechazo a la construcción de la nueva mega-represa. El Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA) de Córdoba, Argentina, presentó el 26 de octubre de 2001, una denuncia ante el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina para frenar lo que llamaron "la construcción de un nuevo Yacyretá sobre el río Paraná".

 

Con su salto de 22 metros, la represa de Corpus, ubicada unos kilómetros aguas arriba de Encarnación y Posadas en la cola del embalse de Yacyretá, formaría un embalse que llegaría hasta el pie de la represa de Itaipú. Con Corpus, todo el tramo del Alto Paraná aguas arriba de Yacyretá sería convertido en una escalera de embalses. Los impactos que la muerte de este tramo del Alto Paraná tendrán sobre la vida acuática se pueden vislumbrar con lo que sucedió a causa del embalse de Yacyretá: la desaparición de especies de peces de enorme importancia para la vida y la economía de miles de familias ribereñas, como el dorado, el surubí y el pacú.

 

Aparte de sus impactos sobre los peces, el embalse de corpus desplazaría a miles de familias campesinas en Itapúa y Alto Paraná en el Paraguay y en Misiones, Argentina, y a comunidades indígenas Mbya Guaraní, además de inundar parte de las últimas porciones de la selva paranaense en esta región. Por otro lado, la exposición de comunidades ribereñas a las enfermedades de transmisión hídrica se extendería desde la zona de Encarnación y Posadas, ya gravísimamente afectada por el embalse de Yacyretá, hasta el pié de la represa de Itaipú. [4]

 

Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná:

 

El proyecto de la Hidrovía —suscripto por presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay durante un encuentro celebrado en junio de 1992— fue adjudicado en 1994 a la empresa Hidrovías, formada principalmente por capitales belgas y argentinos, cuya inversión total alcanzará los 650 millones de dólares.

 

La obra apunta a transformar el eje Paraguay-Paraná-Uruguay en una salida fluvial de 3.442 kilómetros navegables a 10 pies de profundidad, entre el puerto de Cáceres (Mato Grosso del Sur, Brasil) y Buenos Aires y Nueva Palmira (Uruguay).

 

Por esta vía, se pretende que la producción agrícola y de minerales llegue al mar más rápido y con fletes reducidos. Es decir, se quiere garantizar la navegabilidad y reducir costos.


Desde hace aproximadamente ocho años, organizaciones ambientalistas, científicos, pescadores artesanales, organizaciones gremiales y numerosas entidades no gubernamentales de Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay vienen manifestando públicamente su oposición con argumentos sólidos a cualquier intervención estructural sobre los ríos que altere su naturaleza y suponga una transformación ecológica y socialmente negativa. Estas organizaciones sostienen que barcos y navegación deben adaptarse a los ríos y ecosistemas que integran.

 

Esta posición ha estado fundamentada en estudios independientes que exponen que las obras de ingeniería previstas afectarían no sólo el Pantanal (uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo y que juega un rol fundamental en la regulación del ciclo hidrológico) sino también el ciclo hidrológico de la cuenca en su conjunto y a los recursos naturales que permiten la supervivencia de muchas poblaciones ribereñas.

 

Las obras en la alta cuenca de la Hidrovía Paraná-Paraguay, suspendidas meses atrás a raíz de una decisión de un juez federal brasileño de Mato Grosso, quien hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Federal de Brasil para anular una serie de licencias de obras de dragado y balizamiento en el tramo norte de la Hidrovía.

 

Ya dos años antes de esta última decisión judicial, otra medida había paralizado las obras que una draga argentina realizaba en la zona del Canal Tamengo, en Bolivia, ya que se argumentó que ponía en riesgo la toma de agua de la ciudad de Corumbá.[5]

 

Estos hechos indican que no existe un verdadero consenso político, ni que hablar social, con respecto a este  proyecto.

 

La gestión del agua en el marco de la Agenda 21

 

El Capítulo 18 de la Agenda 21 está dedicado a la “Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce”

 

Para el sector de los recursos de agua dulce se proponen las siguientes áreas de programas:

 

a)     Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos

b)     Evaluación de los recursos hídricos

c)     Protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos

d)     Abastecimiento de agua potable y saneamiento

e)     El agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenible

f)       Repercusiones del cambio climático en los recursos hídrico.

 

En cuanto a las principales propuestas de la Agenda 21 se pueden mencionar:

 

La ordenación integrada de los recursos hídricos, incluida la integración de los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, tendría que hacerse a nivel de cuenca o subcuenca de captación. Deberían perseguirse cuatro objetivos principales, a saber:

a)     Promover un enfoque dinámico, interactivo, iterativo y multisectorial de la ordenación de los recursos hídricos, incluidas la protección y la determinación de posibles fuentes de abastecimiento de agua dulce, que abarque consideraciones tecnológicas, económicas, ambientales y sanitarias;

b)    Planificar la utilización, protección, conservación y ordenación sostenibles y racionales de los recursos hídricos con arreglo a las necesidades  y prioridades de la colectividad dentro del marco de la política de desarrollo económico nacional;

c)     Elaborar, aplicar y evaluar proyectos y programas que sean tanto económicamente eficientes como socialmente adecuados dentro de unas estrategias definidas con claridad y basadas en un enfoque de plena participación pública, incluida la de la mujer, la juventud, las poblaciones indígenas y las comunidades locales en las medidas y decisiones sobre la ordenación del agua;

d)    Determinar y fortalecer o implantar, según sea necesario, en particular en los países en desarrollo, los mecanismos institucionales, jurídicos y financieros adecuados para lograr que la política sobre los recursos hídricos y su ejecución sean un catalizador del progreso social y el crecimiento económico sostenibles.

Cuando se trate de recursos hídricos transfronterizos, será necesario que los Estados ribereños formulen estrategias relativas a esos recursos, preparen programas de acción para su utilización y tengan en cuenta, cuando proceda, la armonización de esas estrategias y programas de acción.

 

ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA HÍDRICA PARA NUESTRO PAÍS

 

En la actualidad, la Subsecretaría de Recursos Hídricos está trabajando en el primer paso del programa de Política Hídrica: la definición y búsqueda de consenso sobre un conjunto de principios que regirán las actividades de gestión de los recursos hídricos en todo el país, los cuales están siendo elaborados y discutidos, para luego ser adoptados formalmente por todas las jurisdicciones. Estos principios han sido plasmados en un documento sobre política hídrica que todavía se considera borrador, hasta tanto sea consensuado con las provincias. Su última versión es de Enero de 2002.

 

Cabe destacar la importancia que se da a la gestión integral de cuencas. A continuación se ofrecen algunas partes del mismo:

 

“Varios son los problemas que ponen en peligro y limitan severamente la eficiencia de uso de nuestros recursos hídricos. Los miembros de la comunidad hídrica del país identificaron varias áreas críticas, comprometiendo sus esfuerzos para darles una pronta solución. Entre ellas se encuentran:

1.     Frenar y revertir los procesos de contaminación de acuíferos debido a la explotación irracional de los mismos (salinización por sobre-explotación, contaminación industrial, presencia de nitratos).

2.     Alcanzar niveles de servicio de agua potable, cloacas y tratamiento de efluentes en todo el país acordes con los estándares de países desarrollados.

3.     Mitigar los efectos devastadores de las recurrentes inundaciones rurales creadas por la deficiente infraestructura vial y obras de desagüe sin control adecuado. Similar objetivo se persigue en las áreas urbanas, problema exacerbado por el asentamiento de población en zonas de alto riesgo hídrico.

4.     Mejorar las muy bajas eficiencias de suministro de agua en los sectores de agua potable y riego, procurando así bajar drásticamente las dotaciones actuales.

5.     Recuperar tierras salinizadas de las zonas áridas y semiáridas del país, situación a la que se llegó por el deficiente manejo del riego y falta de drenajes.

6.     Realizar un exhaustivo inventario de las disponibilidades de recurso hídrico en todo el país, tanto superficial como subterráneo.

7.     Pasar de una administración y legislación sectorial y fragmentada de los recursos hídricos a una gestión integrada, moderna y eficiente.

 

Podemos agregar que un aspecto fundamental para la adecuada administración de los usos del agua es la participación de los usuarios, así como un seguimiento especial a los siguientes aspectos:

a)     Mejorar el conocimiento de la disponibilidad del agua, mediante la modernización de las redes de medición de la ocurrencia y calidad del agua.

b)     Intensificar la creación de los organismos de cuenca

c)     Conjuntamente con los usuarios, establecer las acciones para reducir la sobreexplotación de las fuentes de suministro de agua en el marco de los consejos de cuenca.

d)     Reestructuración y desarrollo de la capacidad institucional de la autoridad del agua

e)     Mejorar la calidad en la atención al usuario a lo largo del proceso de otorgamiento de las concesiones y permisos, así como en el control de la transmisión de derechos de agua.

f)       Mejoramiento de los sistemas de información para el registro y control de la atención de las solicitudes de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y fiscales, con el fin de apoyar la toma de decisiones en los niveles directivos con información confiable y oportuna.

g)     Considerar la participación de la sociedad a través de los organismos de cuenca, instancias de coordinación entre los usuarios, autoridades federales, estatales y municipales, cuya finalidad es aprovechar el recurso en las condiciones que defina la sociedad.

 

Al convertirse el agua en un bien escaso como resultado de la competencia por su aprovechamiento, ésta adquiere valor en términos económicos, condición que introduce racionalidad y eficiencia en la distribución del recurso. Más específicamente, reconocer el valor económico del agua implica identificar e incentivar todos los posibles usos que aporten desarrollo económico a la región, con particular atención a aquellos usos que generen el mayor crecimiento del producto geográfico y demanden mayor empleo de mano de obra por unidad de volumen de agua utilizada.

 

Todo uso o vertido de agua abonará un canon de gestión hídrica para cubrir los gastos de planificación, administración y protección de las fuentes de agua (diferenciado de acuerdo al riesgo y complejidad que el uso o vertido en cuestión implique). Adicionalmente, y según corresponda, se estipularán tasas por servicios para cubrir los gastos inherentes al manejo propiamente dicho del recurso, tal el caso de la operación y mantenimiento de los sistemas hídricos y el valor de la nueva infraestructura. Por último, para aquellos usos del agua con probada rentabilidad, se cobrarán regalías por el uso diferenciado de un bien público.

Las estructuras tarifarías asociadas al cobro por el uso del agua deben incentivar el uso racional del recurso y penalizar ineficiencias. Asimismo, el cobro por vertido de efluentes debe inducir al desarrollo de procesos productivos / industriales limpios. Los recursos económicos así recaudados se reinvierten parte en el sector hídrico que los generó (canon de gestión hídrica y tasas de servicio) y parte retornan a la sociedad (regalías). De este modo el sector hídrico obtiene recursos económicos genuinos para llevar adelante una gestión hídrica independiente y con continuidad en el tiempo y la sociedad se ve retribuida.

 

Finalmente uno de los aspectos claves para lograr el desarrollo sustentable del agua es la educación, por lo tanto es necesario que desde los primeros grados de enseñanza se cree conciencia sobre la importancia del uso eficiente del agua y la preservación de su calidad.

 

El rol institucional

 

Una adecuada y efectiva gestión del agua, conlleva tener claramente definidas los roles institucionales y es obligación de la autoridad de aguas, difundir las mismas, aplicarlas, orientar la participación tanto de los actores públicos como privados.

 

La demanda por el agua es creciente y también lo es su conflictividad. No tener claramente definidos los ámbitos de competencia institucional, obstaculizarán la administración de los recursos hídricos y la resolución de los conflictos, prolongándolos en el tiempo, perjudicando al propio recurso, las inversiones y la estabilidad social.

 

Se recomienda concentrar la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos de cada provincia en una única autoridad provincial del agua, responsable de llevar adelante su misión -por sí misma o a través de organismos de cuenca- en un marco de uso múltiple del agua. Dicha autoridad deberá también articular la planificación hídrica con los demás sectores de gobierno que planifican el desarrollo socio-económico de la provincia. Estos nuevos roles requieren reorientar las tradicionales estructuras operacionales de la administración hídrica hacia funciones de planificación, administración, supervisión y control. La autoridad hídrica debe disponer de la necesaria autonomía institucional y financiera para garantizar una adecuada gestión del recurso.

 

Dada la conveniencia de institucionalizar la cuenca como una unidad de gestión, se promueve la formación de "organismos de cuenca" abocados a la gestión integrada del recurso hídrico dentro de los límites de cuencas ubicadas dentro de una misma provincia como así también en aquéllas con recursos hídricos compartidos (interjurisdiccionales). Dotados de la necesaria autoridad por parte de cada autoridad hídrica provincial, los organismos de cuenca son efectivos en la coordinación intersectorial e interjurisdiccional por el uso del agua y en la vinculación de sus usuarios con la autoridad hídrica provincial. De ello se desprende el importante rol de los organismos de cuenca como primera instancia para la resolución de conflictos.

 

6.  LA ECOTECNOLOGÍA

 

Una característica del ecologismo como movimiento social es su cuestionamiento de las tecnologías vigentes. Detrás de cada tecnología, no hay solamente una forma (mejor o peor) de hacer las cosas. Hay también un conjunto de condiciones sociales vinculadas con esa tecnología. Con frecuencia, una tecnología es una forma de apropiación o de concentración del ingreso. El monopolio tecnológico puede significar imponer a poblaciones del Tercer Mundo tecnologías innecesariamente sofisticadas y costosas, que a menudo tienen un alto impacto ambiental, absolutamente evitable.

 

Por el contrario, las ecotécnicas están basadas en recuperar las grandes líneas de los conocimientos populares tradicionales. Con esos criterios se desarrollan prototipos tecnológicos que permiten integrar conocimientos antiguos con formas modernas de desarrollo industrial.

 

La ecotecnología, es toda aquella tecnología que se utiliza para el mejoramiento del medio ambiente, debe ser una tecnología apropiada  y autóctona y su finalidad es precisamente la de mejorar el entorno social- ambiental. Los trabajos del ingles E.F. Schumacher, iniciaron el concepto y el movimiento de “la tecnología apropiada”, por la década  de los 60, quien, escribió el libro "Small is beautiful" ("Lo pequeño es hermoso").

 

Schumacher sostiene como tesis fundamental que la economía moderna esta basada sobre un principio erróneo, pues se considera como renta lo que se debería considerar y conservarse como capital. Se refiere al uso indebido de las fuentes de energía no renovables, de la tierra y, de manera más general, de la vida, la naturaleza y el medio ambiente.

 

La tecnología apropiada y la tecnología intermedia, surgieron otros conceptos tales como ecotecnología (eco de ecología), tecnología progresiva, etc. La voluntad de diferenciarse de la tecnología moderna, es decir, oponerle una alternativa, es el elemento común entre ellas. Sintetizamos estos conceptos en uno solo, al cual llamamos Tecnologías Alternativas.

 

Se pueden resumir los criterios básicos de las tecnologías alternativas en un capital por unidad de producto, por nivel de inversión o unidad de trabajo. La mano de obra en estas tecnologías deben generar un máximo de empleos, lo más cercano al saber- hacer de la artesanía local. Las maquinas utilizadas deben ser resistentes, sencillas, fáciles de manejar, con posibilidad de mantenimiento local.

 

Pretenden economizar al máximo los recursos no renovables y utilizar fuentes energéticas inagotables (sol, viento, geotermia e hidráulica). Utilizan y valorizan principalmente las materias primas locales. Se procuran montar pequeñas unidades de instalaciones, a escala "humana".

 

En primera instancia se producirán bienes de primera necesidad con el propósito de dar cierta autonomía a los sectores de menores recursos. Procuran mantener el equilibrio ecológico, respetar el medio ambiente y evitar la contaminación. El ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, creativo y no alienante.

 

Los criterios mencionados reflejan los principios filosóficos difundidos por el Mahatma Gandhi y  opuestos a los de la actual tecnología moderna.

 

Las tecnologías alternativas ha acompañado al desarrollo del mundo  permitiendo aportar innovaciones en campos tan distintos como el uso de energías renovables; elevación y conservación de agua: tratamiento de desechos; técnicas agrícolas, forestal, acuífera y pesquera; procesamiento de los productos agrícolas y producción de alimentos; técnicas artesanales, técnicas de construcción de viviendas; salud.

 

El uso de la energía solar se vio como el milagro que iba a salvar y resolver el problema energético de las zonas rurales. Pero, surgieron dificultades para utilizar esas tecnologías, en especial en aspectos vinculados con la transferencia y en los aspectos económicos (elevado costo de la tecnología).

 

            Actualmente,  puede verse como han evolucionado algunas tecnologías: se racionalizaron, por ejemplo, métodos para conservar las mejores tecnologías alternativas para construcción de viviendas; el uso de la energía solar ha dado origen a aparatos solares eficientes e interesantes, tales como secadores, calentadores de agua, hornos, destiladores, refrigeradores. Ciertas tecnologías dieron origen a otras más sofisticadas, como las microcentrales hidráulicas, las pilas solares o las técnicas geotérmicas.

 

La tecnología autóctona es una de las formas de expresión cultural de una sociedad; tan es así que la historia de las civilizaciones se conoce sobre todo gracias a las técnicas por ellas implantadas.

 

En el terreno de la alimentación, la relación tecnologia-cultura es aun más evidente. Cuando se habla de valorizar las tecnologías autóctonas, se habla de valorizar las tecnologías apropiadas de un país o de una región, es decir, valorizar parte del patrimonio cultural, lo cual no implica juicio alguno sobre el tamaño o la complejidad técnica de los equipos [6].

 

            Los modelos de desarrollo, construidos más "mirando hacia fuera" que hacia las características propias de las sociedades autóctonas, plantea el interés de buscar también "hacia adentro", conocer nuestras propias fuerzas en lo que concierne a los nuestros recursos tecnológicos.

 

            Todas estas tecnologías, influyen sobre una fuente de trabajo e ingresos en las zonas rurales, a disminuir relativamente los flujos migratorios hacia las grandes ciudades. También están asociadas a una mejor utilización de los recursos regionales y a la descentralización geográfica de la producción.

 

Asimismo, existe un control local de la tecnología. Los equipos son fabricados, en su mayor parte, en el orden local, lo que implica economía de divisas y la inducción de otras actividades económicas.


 


[1] De acuerdo con la Ley 22.697 Anexo A de Creación de la Comisión Regional del Bermejo.

[2] Diario Norte. Resistencia, Chaco. 9 de Enero de 2002

[3] Red Latinoamericana de Conflictos Ambientales. Noticia: Represas del Bermejo: Representantes de Ríos Vivos cuestionaron a la COREBE en el Congreso Nacional.

[4] Revista Sobrevivencia. Amigos de la Tierra, Paraguay. 26 de Octubre de 2001

[5] Diario Entre Ríos. 1 de Julio de 2001

[6] Los Incas utilizaban por lo menos 200 especies de vegetales comestibles, aprovechando los distintos ecosistemas en que estaban asentados. En cambio, nuestro país actual parece incapaz de aprovechar el enorme potencial alimentario de zonas como la Puna o las áreas inundadas de la Provincia de Buenos Aires.


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