En la Primera Parte, publicamos  la desgrabación de nuestro programa de radio, en el que analizamos los posibles motivos que tiene un sector de nuestra dirigencia política para apoyar el contrato entre INVAP y el gobierno de Australia para vender un reactor nuclear e ingresar al país los residuos radiactivos que ese reactor produzca.

En esta segunda parte de esta serie, se exhibe el texto de la presentación judicial efectuada por  por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira, para saber qué tiene ese contrato y por qué es tan secreto. Se trata de una acción de amparo efectuada en el marco de las actuaciones nº 4136/00 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a fin de investigar la denuncia formulada por el Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).

¡El hombre radiactivo ya está entre nosotros! 


INICIA ACCION DE AMPARO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DESTINADO A LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE  

Por Alicia Oliveira

Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Señor Juez:

 

                        ALICIA OLIVEIRA, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la sede de la Defensoría,  Venezuela 842 de esta Ciudad, donde también lo constituyo a los efectos de este proceso conjuntamente con el letrado que me patrocina, Dr. Eduardo Jorge Monti, To. 10  Fo. 986, a  V.S. digo:

  

I.- REPRESENTACION  Y  OBJETO:

 

                        Que la suscrita desempeña el cargo indicado por designación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires conforme resolución nro 582 de fecha 12.11.98. (acompaño documentación letra "A").

 

                        Que para el caso hipotético de desconocimiento de mi titularidad, solicito desde ya se oficie a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para su certificación.

 

                        Que en el carácter invocado vengo a PROMOVER  una ACCION  DE AMPARO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DESTINADA LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE  DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES contra  el Poder Ejecutivo Nacional, Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por la omisión de informar en forma suficiente, adecuada y oportuna ante el requerimiento formal destinado a la protección de ese interés jurídico lo que viola el deber contemplado en los arts.  41, segundo párrafo,  de la C.N., 16 inc. 2 de la Convención sobre Seguridad Nuclear (ratificada por ley 24.776) y 13 inc. 2. ap. III de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos (ratificada por ley 25.279).

 

                Que mediante esta acción se pretende que el Poder Ejecutivo Nacional, por vía de la Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, informe sobre:

1) las medidas adecuadas contempladas en el contrato celebrado entre la empresa INVAP de la República Argentina y ANSTO de Australia y en el ACUERDO CON AUSTRALIA SOBRE COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, suscripto en Canberra el 8 de agosto de 2001,  para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos en la instalación proyectada de gestión del combustible gastado en nuestro país con el fin de:
a) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional;
b) Evaluar las consecuencias probables de dicha instalación para la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente;
c) Facilitar al público información sobre la seguridad de dicha instalación;
c) Consultar a los  Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio.

            2) Las medidas adecuadas contempladas en el referido contrato y en el ACUERDO CON AUSTRALIA SOBRE COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, suscripto en Canberra el 8 de agosto de 2001 para que a la población  y a las autoridades competentes de los Estado Argentino, nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, que se hallen en las cercanías de la referida instalación proyectada de gestión del combustible gastado  se les suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, en caso de  que resulten afectados por una emergencia radiológica originada en dicha instalación.

3)    Las medidas contempladas en el contrato de mención y en el ACUERDO CON AUSTRALIA SOBRE COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, suscripto en Canberra el 8 de agosto de 2001 , tendientes a asegurar que las instalaciones y materiales sean utilizados exclusivamente con fines pacíficos y a garantizar la estricta prohibición de:
a. El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma, y
b. El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo.

4)           Las medidas contempladas  en el contrato celebrado entre la empresa INVAP de la República Argentina y ANSTO de Australia y en el ACUERDO CON AUSTRALIA SOBRE COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, suscripto en Canberra el 8 de agosto de 20 tendientes a asegurar que Partes Contratantes se comprometen,  a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera.

 

II.- LEGITIMACION  ACTIVA:

 

                        Que  mi intervención está prevista expresamente en el mandato legal de la Constitución de la Ciudad (art. 137) que establece es misión de la Defensoría del Pueblo “...la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución...” .

 

                        Que, en efecto, la Ley nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires le otorga al Defensor o Defensora del Pueblo, para el cumplimiento de sus funciones, la atribución de requerir informes y promover acciones judiciales en todos los fueros, inclusive el federal (art. 13 inc. h).

 

III.- LEGITIMACIÓN PASIVA.

                       

                        Que el art. 41 de la Constitución Nacional obliga a que las autoridades provean a la protección del ambiente. Establece para ello, entre otras cosas, la obligación de proveer información.

                        Que el Decreto Nacional N° 146/98 determina entre los objetivos de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable :

                        Que el citado texto legal establece entre las acciones correspondientes a la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable "Administrar el SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL NACIONAL, con la participación de organismos nacionales, de las provincias y organizaciones no gubernamentales." (Decreto Nacional 146/98, Anexo III, Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional, Acciones, inc 4°),

 

                        Que mediante la Resolución nº  459/98 de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable se creó el Sistema de Información Ambiental Nacional  (SIAN) que es un sistema de alcance nacional, encargado de recopilar y organizar la información ambiental con el fin de ponerla a disposición de los organismos gubernamentales con competencias ambientales, de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales y de la comunidad en general. De acuerdo con la referida Resolución los objetivos principales del SIAN son (art. 2 del Anexo de la Resolución nº  459/98 de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable) los siguientes:

      Que en consecuencia, el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la referida Secretaría está legitimado pasivamente en la presente acción

 

IV.- TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN.

 

                        Que en cuanto al trámite de la presente acción es el del amparo previsto en el art. 43 de la Constitución Nacional que establece que “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación  y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente..., así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.  Resulta también de aplicación lo dispuesto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  en la ley 16.986 en tanto que no hubiera sido modificada por la referidas normas constitucionales.     

 

V.- HECHOS FUNDANTES DE LA DEMANDA.

 

                        V.1.- Actuación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.     

 

                        Que el 10 de octubre de 2000 se iniciaron las actuaciones nº 4136/00 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a fin de investigar la denuncia formulada por el Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM). Según el denunciante la empresa INVAP suscribió con una entidad del estado australiano, ANSTO, un contrato para la construcción en ese país de un reactor nuclear de investigación en Lucas Heights (Sydney), por el cual nuestro país, a través del INVAP, se compromete a recibir y procesar los residuos radiactivos que genere ese reactor en Australia, esto es su combustible nuclear agotado. A juicio del denunciante tal posibilidad está expresamente contemplada en las cláusulas (“Provisión”) de dicho contrato conforme lo explicitó  y admitiera el Ministro de Industria, Ciencia y Recursos de Australia, Senador Nick Minchin, en su respuesta al Cuestionario 2534 del Senador Nick Bolkus (Senado de Australia,  Pagina 15532, 29 de agosto de 2000, Respuestas (1) © (4) 2º Párrafo y (7). El Dr. Montenegro señaló que tal operatoria comercial es violatoria del art. 41 C.N. que prohíbe expresamente “el ingreso al territorio nacional de los residuos radiactivos” con el propósito de salvaguardar nuestro medio ambiente y la salud de las personas. Agrega que todo combustible agotado de central nuclear es residuo radiactivo aunque pueda ser procesado, y como tal contiene radioisótopos de alto riesgo como cesio 137, Estroncio 90, Yodo 131, plutonio 239 y otros que no estaban contenidos en el combustible nuclear original “sin quemar”.  El denunciante recalca que INVAP, haciendo caso omiso de la normativa legal vigente, ofreció un servicio. Recibir y procesar residuos radiactivos, por lo que dicha actitud, además de atentar contra las normas  de raigambre constitucional y/u otras normas provinciales y municipales, implicaría una conducta que “per se” y/o por hacerse efectiva dicha recepción y procesado, podría ser pasible de sanción penal, cuestión que debe dirimirse ante la sede que corresponde. El denunciante requirió específicamente que se arbitren las medidas urgentes y perentorias a fin de tomar los recaudos que estime corresponder ante la posibilidad de que puedan entrar residuos radiactivos nuestro país, ser transportados por rutas de distintas jurisdicciones y provincias incluidas la Capital Federal, y ser depositadas en las localidades de Ezeiza (Centro Atómico Ezeiza) y/o constituyentes (Centro Atómico Constituyentes), Provincia de Buenos Aires, y/o Provincia de río Negro y /u otras localidades, haciendo correr riesgos de impredecibles consecuencias.

  

          Que cabe señalar, por último, que el denunciante pidió expresamente que se intime al INVAP a fin de que remita copia del contrato celebrado con el Estado de Australia.

 

            Que la empresa INVAP informó que la Comisión Nacional de Energía Atómica le había comunicado que  podía desarrollar tanto el proceso de fabricación de elementos combustibles como el proceso de tratamiento de los elementos combustibles gastados basados en silicio para su disposición final. INVAP señaló que ofrecer a ANSTO esta alternativa implicaba que luego de usados en el reactor los elementos combustibles retornarían al país para ser procesados, estando claro que los residuos radiactivos que se produjeran durante el proceso serían enviados de regreso a Australia. Teniendo en claro que esta estrategia podía entrar en conflicto con el art. 41 de l Constitución Nacional, INVAP realizó las consultas pertinentes a la Autoridad Regulatoria Nuclear y a un reconocido especialista en Derecho Constitucional. En ambos casos recibió, por escrito, la opinión de que la propuesta de INVAP se ajustaba a la legislación vigente.  Estos informes no fueron acompañados de la copia del contrato celebrado con ANSTO.

 

            Que, a los fines de completar la investigación se requirió expresamente  por oficio la remisión de la copia del mencionado contrato celebrado el 13 de julio de ese año entre INVAP y la entidad australiana ANSTO al propio INVAP (fs. 12 de la actuación nº 4136/00 de esta Defensoría), a la Embajada de Australia (fs. 22 de la referida actuación) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (fs. 23).

 

            Que el representante de la sociedad de estado INVAP, Lic. Héctor E. Otheguy, manifestó en la audiencia celebrada el 7 de diciembre de 2000 (fs. 29 de la actuación nº 4136/00) que el pliego y los contratos de licitación eran confidenciales y no los podía suministrar. Esta negativa fue sostenida por escrito a fs. 31 de la actuación de referencia.

 

            Que esta negativa del representante legal del INVAP fue avalada por el Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señalar que el apartado 61 del pliego de licitación establece como una condición para su adjudicación la confidencialidad que se ha extendido a todo el contrato (fs. 43/46 de la actuación nº 4136/00).

 

            Que la Comisión Nacional de Energía Atómica respondió que no contaba con el contrato a que se alude precedentemente (fs. 53 de la actuación nº 4136/00). La embajada de Australia contestó que carecía de esa información (fs. 56 de la mencionada actuación).

 

            Que mientras transcurría la tramitación de la actuación nº 4136 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización No Gubernamental “Greenpeace” de Argentina llevó adelante una fuerte campaña de información tanto por internet como por los medios masivos de comunicación social denunciando los peligros que acechaban al medio ambiente a consecuencia del referido contrato.  “Greenpeace”, además,  produjo un voluminoso informe sobre la forma de proceder del INVAP y su tentativa de fabricar armas nucleares durante la dictadura y el riesgo que entrañaba que esta empresa dispusiera de elementos susceptibles de ser utilizados con fines militares en razón de sus negocios con potencias militaristas.

 

            Que esta nuevas denuncias públicas obligaron a la apertura de la actuación nº 4872/02. Cabe destacar que en dicha actuación consta la versión taquigráfica de la sesión del Senado de la Nación en la que se sancionó la aprobación del Acuerdo con Australia sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.  

 

VI.- DERECHO

 

                       Que el derecho al ambiente sano equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el de las generaciones futuras; es inherente al derecho a la vida, pues protege la integridad física de la persona. Es inherente también a la libertad y a la igualdad, por cuanto protege, asimismo, su integridad moral.

 

                      Que sin embargo, no fue reconocido explícitamente hasta hace muy poco, porque la agresión ambiental no era tan ostensible y grave y porque los grupos económicos y sociales que ejercían efectivamente el poder de legislar no habían visto amenazado su disfrute del ambiente.

 

            Que el reconocimiento internacional de este derecho se produjo con  la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972), auspiciada por nuestro país, donde se señaló que a los seres humanos les corresponde "un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias en un medio cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar". Como contrapartida les atribuyó "el deber solemne de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras" (Principio 1).

 

                       Que la Constitución Nacional, en su reforma de 1994, declara que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" presente y futuro. Además, impone a todos ellos el deber de preservarlo y al Estado el de proteger ese derecho.

 

                       Que el derecho al ambiente pertenece a los llamados derechos del hombre o derechos humanos . En consecuencia, es un derecho:

 

a) Natural: En el sentido de que la norma jurídica lo reconoce y ampara pero no lo crea.

b) Universal: Porque al tener su fundamento en la existencia misma de la persona, todo ser humano lo tiene. También lo tienen las personas jurídicas en cuanto lo necesiten para cumplir sus fines y aún cuando no lo enuncien sus estatutos.

Como el ambiente es un conjunto integrado que accede y condiciona al ser humano se superpone al de otros seres humanos, lo que crea complejas relaciones de interés entre los individuos.

c) Absoluto, por cuanto todos pueden ejercerlo directamente. Recíprocamente, todos deben respetarlo, inclusive el Estado y los Estados extranjeros, lo que implica la necesidad de acuerdo entre quienes pretendan ejercerlo y, en su defecto, al de una decisión jurisdiccional que determine el modo, la oportunidad y el lugar del ejercicio, precisamente para que todos puedan ejercer esos derechos absolutos que tienen al ambiente.

d) Que debe ser reglamentado para facilitar su ejercicio. Mientras no se lo reglamente mantiene su pleno vigor y la autoridad no puede excusarse de hacerlo respetar so pretexto de que falten reglamentaciones.

La necesidad de reglamentación es práctica. Por ejemplo, una norma jurídica puede obligar a los vecinos a tolerar la intrusión sónica de un pianista, pero limitándola en el tiempo y en su intensidad (*2).

e) Que está fuera del comercio y por ello es inalienable e imprescriptible. Implica un derecho a la libertad, a la integridad y a la igualdad, categoría que lo hace irrenunciable. Ello no impide que sea condicionado por la reglamentación de la autoridad o por acuerdo entre las partes.

 

En consecuencia, debe ser protegido aún cuando su violación no cause perjuicio patrimonial alguno. Un perjuicio a la salud, a la libertad o al goce cultural científico o estético habilita a quien lo padece a obtener su cesación y reparación tenga o no contenido patrimonial. Las consecuencias económicas derivadas del ejercicio o privación del derecho al ambiente pueden ser muy importantes, incluso el único derecho o la única pretensión del perjudicado puede ser la reparación pecuniaria (Art. 2618 Cód. Civil), pero ello no es esencial para tipificar el derecho al ambiente. Puede perfectamente una reclamación ambiental carecer de contenido patrimonial alguno. Paradójicamente el uso frecuente en esta materia del término patrimonio (cultural, histórico, faunístico, natural, ecológico, etc.), y la proclamación del ambiente como patrimonio común de la humanidad no implica que el ambiente integre el patrimonio sino precisamente que toda la comunidad y cada una de sus integrantes tenga derecho al uso y preservación del ambiente, lo que imposibilita su atribución exclusiva a un individuo o grupo de individuos.

 

f) Que incluye en su reverso la obligación de preservarlo, obligación que como tal suele enunciarse cada vez que se proclama el derecho al ambiente. Es obvio que si no se lo preserva mal puede disfrutárselo.

 

                        Que lo dicho significa que desde el punto de vista constitucional y legal no hay dudas de que está reconocido a todos los habitantes de la República Argentina el derecho al ambiente sano y equilibrado y como natural consecuencia el correlativo deber de las autoridades de preservarlo.

 

                        Que, en consecuencia,  los habitantes de Buenos Aires tienen derecho a la preservación de su ambiente y están legitimados para interponer acciones judiciales en su defensa (art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).

 

                        Que asimismo el art. 41, segundo párrafo,  de la Constitución Nacional y el art. 26, último párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establecen el derecho de acceso a la información para que el pueblo, en su conjunto, las organizaciones no gubernamentales y los individuos.

 

                        Que, por tanto y según la Ley Fundamental, el derecho al ambiente implica también el derecho a acceder a la información necesaria para protegerlo y protegerse contra riesgos ambientales.

 

              Que en este sentido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo proclamó el derecho de toda persona a la información de que disponga la autoridad pública, incluso sobre materiales y actividades peligrosas (Principio 11). También reconoció a los Estados que pudieran verse afectados por actividades que pudieran tener considerables efectos ambientales nocivos transfronterizos el derecho a la notificación previa y oportuna, a la información pertinente y a la consulta temprana y de buena fe (Principio 19).

 

                       Que en el Derecho comparado se puede advertir que se ha elaborado cuidadosamente los alcances del derecho a la información ambiental. En este sentido resulta de particular interés la DIRECTIVA DEL CONSEJO  DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS del 7 de junio de 1990 sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente (90/313/CEE). El objeto de la referida Directiva es garantizar la libertad de acceso y la difusión de la información sobre el medio ambiente que esté en poder de las autoridades públicas, así como establecer los plazos y condiciones básicas en que se pondrá a disposición dicha información. 

 

A esos efectos se entiende por:

 

a) « Información sobre medio ambiente »: cualquier información disponible en forma escrita, visual, oral o en forma de base de datos sobre el estado de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras y los espacios naturales, y sobre las actividades (incluidas las que ocasionan molestias como el ruido) o medidas que les afecten o puedan afectarles, y sobre las actividades y medidas destinadas a protegerlas, incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente;

b) « Autoridades públicas »: cualquier administración pública a nivel nacional, regional o local, que tenga responsabilidades y posea información relativa al medio ambiente, con excepción de los organismos que actúen en el ejercicio de poderes judiciales o legislativos. Con sujeción a lo dispuesto allí, los Estados miembros deben hacer lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. Los Estados miembros determinan las disposiciones con arreglo a las cuales se facilitará de forma efectiva dicha información.

 

Pueden  establecer disposiciones que les permitan denegar dicha información cuando ésta afecte a:

a) la confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades públicas, de las relaciones internacionales y de la defensa nacional;
b) la seguridad pública; c) los asuntos que se encuentren sub judice o lo hayan sido en el pasado, o sean objeto de pesquisas (incluidas las investigaciones disciplinarias), o de investigación preliminar; c) los secretos comerciales e industriales, incluida la propiedad intelectual; d) la confidencialidad de datos y/o de expedientes personales; e)  los datos proporcionados por un tercero sin que éste esté obligado jurídicamente a facilitarlos; f) los datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente al que se refieren.
Se facilitará parcialmente la información en posesión de las autoridades públicas cuando sea posible separar de la misma la información sobre puntos relacionados con los intereses antes mencionados. Según la mencionada Directiva se pueden denegar una solicitud de información cuando ésta implique el suministro de documentos o datos inconclusos o de comunicaciones internas o cuando la solicitud sea manifiestamente abusiva o esté formulada de forma demasiado general.
 Las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro de un plazo de dos meses. Se deben indicar las razones de la denegación de la solicitud de información. La persona que considere que su solicitud de información ha sido denegada o ignorada sin motivo justificado, o que haya recibido una respuesta inadecuada por parte de una autoridad pública, podrá presentar un recurso judicial o administrativo contra la decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia.
Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que la información relativa al medio ambiente en poder de organismos con responsabilidades públicas en materia de medio ambiente y bajo el control de las autoridades públicas se divulgue en los mismos términos y condiciones que los establecidos en los artículos 3, 4 y 5, bien a través de la autoridad pública competente, o directamente por el propio organismo.
Cabe destacar los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para facilitar al público información de carácter general sobre el estado del medio ambiente, utilizando medios tales como la publicación periódica de informes descriptivos. 

 

            Que estas normas del derecho comparado en lo referente al derecho a la información en materia de energía nuclear también existen en nuestro ordenamiento jurídico pero están dispersas en diferentes tratados y convenciones internacionales.

 

          Que así  la CONVENCION SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR adoptada en Viena -REPUBLICA DE AUSTRIA- el 20 de setiembre de 1994 ratificada por ley 24.776 establece que:

 

                        “ARTICULO 16: PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA
1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que existan planes de emergencia para las instalaciones nucleares, que sean aplicables dentro del emplazamiento y fuera de él, sean probados con regularidad y comprendan las actividades que se deban realizar en caso de emergencia. Cuando una instalación nuclear sea nueva, estos planes se elaborarán y probarán antes de que la misma comience a funcionar por encima de un nivel bajo de potencia, acordado por el órgano regulador.
2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que a su propia población y a las autoridades competentes de los Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear se les suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, siempre que sea probable que resulten afectados por una emergencia radiológica originada en dicha instalación.
3. Las Partes Contratantes que no tengan ninguna instalación nuclear en su territorio nacional, en tanto sea probable que resulten afectadas en caso de emergencia radiológica en una instalación nuclear situada en las cercanías, adoptarán las medidas adecuadas para velar por que se elaboren y prueben planes de emergencia para su territorio, que cubran las actividades que se deban realizar en caso de emergencia”.

 

            “ARTICULO 27: CONFIDENCIALIDAD
1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes, de proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no deba ser revelada. A los efectos de este artículo, la "información" incluye, entre otros,
i) los datos personales;
ii) la información protegida por derechos de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial o comercial;
iii) la información relativa a la seguridad nacional, o a la protección física de los materiales nucleares o de las instalaciones nucleares.
2. Cuando, en el contexto de la presente Convención, una Parte Contratante suministre información identificada por esa Parte como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los fines para los que haya sido suministrada y su confidencialidad deberá ser respetada.
3. Deberá mantenerse la confidencialidad del contenido de los debates de las Partes Contratantes durante el examen de los informes en cada reunión”.

 

                        Que la CONVENCION CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTION DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTION DE DESECHOS RADIACTIVOS, adoptada en Viena REPUBLICA DE AUSTRIA el 5 de septiembre de 1997 ratificada por la ley 25.279 establece que:

 

            “ARTICULO 6: EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS
1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos en una instalación proyectada de gestión del combustible gastado con el fin de:
i) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional;
ii) Evaluar las consecuencias probables de dicha instalación para la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente;
iii) Facilitar al público información sobre la seguridad de dicha instalación;
iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio”.

 

            “ARTICULO 13: EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS
1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para asegurar el establecimiento y la aplicación de procedimientos para una instalación proyectada de gestión de desechos radiactivos con el fin de:
i) Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha instalación durante su vida operacional, así como a la de una instalación de disposición final después del cierre;
ii) Evaluar las repercusiones probables de dicha instalación sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente, teniendo en cuenta la posible evolución de las condiciones del emplazamiento de las instalaciones para la disposición final después del cierre; iii) Facilitar información a los miembros del público sobre la seguridad de dicha instalación,
iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan resultar afectadas por la misma y facilitarles, previa petición, los datos generales relativos a la instalación que les permitan evaluar las probables consecuencias de la instalación para la seguridad en su territorio”

 

“ARTICULO 27: CONFIDENCIALIDAD
1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes, de proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no deba ser revelada. A los efectos de este artículo, la "información" incluye, entre otros,
i) los datos personales;
ii) la información protegida por derechos de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial o comercial;
iii) la información relativa a la seguridad nacional, o a la protección física de los materiales nucleares o de las instalaciones nucleares.
2. Cuando, en el contexto de la presente Convención, una Parte Contratante suministre información identificada por esa Parte como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los fines para los que haya sido suministrada y su confidencialidad deberá ser respetada.
3. Deberá mantenerse la confidencialidad del contenido de los debates de las Partes Contratantes durante el examen de los informes en cada reunión.”

 

                        Que sin perjuicio de lo expuesto señalo que tanto en el Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares, ratificado por ley 24.272, como en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ratificado por ley 24.448, la República Argentina se comprometió a no tratar de fabricar o proveerse de armas nucleares. También se encuentra entre los deberes de los países firmantes adoptar las medidas de control y salvaguardias para impedir y prevenir la violación de las normas de los tratados de mención. Cabe destacar que pocas cosas pueden tener el potencial contaminante de las armas atómicas, máxime cuando se construyen en un entorno de clandestinidad.

 

VIII.- PRUEBA

 

                        Que ofrezco la siguiente:

 

          Documental: las copias certificadas de las actuaciones     4136/00 y 4872/02 de esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires acompañada con la copia de a resolución que acredita que soy la titular del organismo. 

 

IX.- PETITORIO 

                  Que por lo expuesto solicito:

 

1) Me tenga por presentada en el carácter invocado, por parte y con el domicilio constituido;

2) Dé a la presente el trámite previsto en la ley 16986 en función de los 41 y 43  de la Constitución Nacional requiriendo el pedido de informes  a la contraria;

3) Tenga presente la prueba ofrecida.

4) Oportunamente se haga lugar a la acción entablada.

6) Dejo constancia que faculto a mi letrado patrocinante Dr. Eduardo Monti y/o los Dres. Mario Fernando Ganora, Duilio Ferlat y Valeria Mena a consultar el expediente, retirar documentación y cualquier otro trámite que fuese menester.

                    

    Proveer de conformidad,

                        SERA JUSTICIA.


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