Uno de los aspectos más dificiles de comprender son las motivaciones de algunos de nuestros políticos para adherir al contrato de la empresa INVAP con el gobierno de Australia para la venta de un reactor nuclear.
 
En efecto, la parte de INVAP puede comprenderse perfectamente (ellos fabrican y venden el reactor), lo mismo que el gobierno australiano (ellos han conseguido un país del Sur, lo suficientemente subdesarrollado como para recibir los residuos radiactivos que ese reactor genere).
 
Por el contrario, nuestros políticos se encuentran ante un contrato lleno de desventajas:
Ante este panorama, a nadie le quedan muy en claro los motivos de algunos políticos para apoyarlo. ¿Acaso todavía hay gente que cree en el mito nuclear? ¿Atrasan tanto nuestros políticos? ¿Tal vez la ilusión de apoderarnos del rayo de Zeus justifique el pasar por encima de la Constitución y las leyes? Para tratar de dilucidar esas razones, le dedicamos al tema una emisión de nuestro programa radial: "Ésta, nuestra única Tierra".
 
En esta primera entrega, ustedes reciben la desgrabación de dicho programa radial. En la próxima, van a recibir el texto completo de la acción de amparo por derecho a la información pública, presentado por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira, para saber qué tiene ese contrato y por qué es tan secreto.
 

¿Algún irresponsable quiso conseguir el rayo de Zeus?
 

“Esta, nuestra única Tierra” - Programa N°116

Fecha de emisión: Martes 27 de agosto de 2002

Antonio Elio Brailovsky:- Hay un reactor nuclear causa de conflictos, un reactor en Australia que ya está obsoleto, que termina su vida útil y un gobierno, de Australia, que llama a licitación para que de algún país venga alguien a fabricarle otro reactor nuclear. Así las cosas, a la licitación se presentó una empresa argentina, INVAP, y la ganó en medio de una espectacular publicidad acerca de la ciencia argentina y demás hasta que, poco a poco, nos fuimos enterando de que a los australianos no les interesaba tanto la ciencia argentina, sino el compromiso de esta empresa INVAP de recibir los residuos radiactivos del reactor que se construyera en Australia, que serían tratados en Argentina. Allí se abre un debate. Por un lado, sobre el grado de peligrosidad de estos residuos radiactivos. Por alguna misteriosa razón los australianos no los quieren en su país. Y esto de que aparezca un país del Tercer Mundo que diga “yo voy a trabajar de basurero, no se preocupen”, debería causarnos alguna inquietud. Pero, por otro lado -y esto es lo más preocupante-, la importación de residuos radiactivos está explícitamente prohibida en la Constitución Nacional, que dice que “no se pueden traer residuos radiactivos del exterior a la Argentina” y no admite ninguna otra interpretación.

Sin embargo, un sector muy importante del espectro político que incluye gente de casi todos los partidos políticos y una mayoría en el Senado, en su composición anterior, y una proporción muy alta de la Cámara de Diputados de la Nación están de acuerdo con traer residuos radiactivos a la Argentina y, más allá de que esto es peligroso, me interesa señalar un poco los argumentos por los cuales están dispuestos a violar la Constitución del país. Tal vez el más explícito, el más sincero dentro de su actitud, haya sido el diputado Marcelo Stubrin cuando dijo que “no hay que preocuparse, total el problema va a aparecer dentro de 15 años, cuando haya que traer esos residuos a la Argentina”. La idea de que no hay que preocuparse porque la manera de solucionar un problema es echárselo a nuestros hijos o a la generación siguiente, nos muestra la concepción sobre el ambiente que tienen algunos de nuestros políticos. Pero además, si bien los cursos de derecho de la secundaria nos enseñaron que hay una pirámide jurídica apoyada en la Constitución, nuestro sector político está considerando que la Constitución es de cumplimiento optativo, que se cumple cuando uno quiere. Esto nos retrotrae a una cosa que creíamos exclusiva de los militares. Ellos durante años se dedicaron a romper la Constitución y romper el orden institucional. De manera que el principal desconcierto que nos provoca el debate con respecto a la importación de residuos radiactivos ligados con este contrato con Australia, el principal desconcierto, fue la actitud de unos cuantos políticos que saben que están violando nuestro orden constitucional y que dan cualquier pretexto porque piensan que el negocio está antes que la seguridad jurídica, que las garantías que da la Constitución a los ciudadanos. Me pregunto de qué manera podríamos reconstruir el país de sus ruinas si nuestros dirigentes siguen considerando que la Constitución y las leyes son de cumplimiento optativo. 

Vilma Osella:- Vamos a hablar de la basura nuclear australiana que, aparentemente, está por llegar al país. Recordemos que el 8 de agosto de 2001 las empresas INVAP de Argentina y ANSTO de Australia suscribieron un convenio de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Este acuerdo permite el ingreso al país de combustible nuclear gastado con el propósito de su instalación en el Centro Atómico de Ezeiza y su devolución a INVAP en Bariloche para la construcción de un reactor nuclear que volvería después a Australia. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo respecto de este tema. ¿Cómo fue el proceso que llevó a esta determinación? ¿Qué aplicaciones tiene esta medida? De todo esto vamos a hablar hoy en el programa.

Tenemos el gusto de recibir a Juan Carlos Villalonga de Greenpeace, responsable de la campaña de energía de esa entidad. ¿Ud. se estuvo peleando con la embajadora australiana?

Juan Carlos Villalonga:- Con tanta gente... Creo que desde el punto de vista jurídico-ambiental es el tema más importante en los últimos años. Creo que aquí se define si los derechos ambientales incluidos en la Constitución forman parte de una inclusión simbólica o hay alguna pretensión de tomarlos en serio. Creo que lo que decía Antonio Brailovsky al comienzo es absolutamente cierto. Esto tiene a todo el movimiento ambientalista argentino unido en contra de este acuerdo, porque se sabe que si esto pasa, si este antecedente de violación a la Constitución se efectúa, luego puede ocurrir cualquier cosa. 

Vilma Osella: ¿Qué opina acerca de la violación del orden constitucional a favor de defender un negocio? Esto ya está aprobado en el Senado y está tratándose en Diputados.

Juan Carlos Villalonga: Está siendo más fuerte la voluntad de defender un negocio planteado por una empresa que tiene muy fuertes lazos políticos con las principales fuerzas representadas en el Parlamento por sobre el orden institucional, las propias leyes nacionales, la propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esto es violatorio de una serie de normativas que se construyeron en los últimos años con una cierta lógica que esto rompe. La lógica dice que Argentina no interviene en el negocio de residuos nucleares a nivel internacional, que esto además proyecta una política internacional argentina implícita pero muy clara que es la que dice que cada país debe ser absoluto responsable de los residuos y de las consecuencias que genera su desarrollo industrial, sea nuclear o no. Cuando un país dice que no participa de ese negocio está diciendo “esto debe resolverse de otro modo”. Esto es una manera de responsabilizar a los gobiernos y a las empresas a un desarrollo muy responsable en lo que es generación de residuos peligrosos y radiactivos y a comprometerlo con la gestión, porque si uno alienta la lógica contraria, a la larga o a la corta, uno termina teniendo países grandes productores de residuos y países grandes receptores, que son los que plantean las menores exigencias, los menores costos.

A diferencia de los residuos peligrosos, el caso de los residuos radiactivos está vinculado a otra industria: la industria de armamentos. Los residuos radiactivos son la materia prima para producir armas nucleares. En los combustibles gastados que surgen de un reactor aparece una sustancia que no se la encuentra en ningún otro lado, que es el plutonio. Los reactores nucleares en la década del 40 fueron diseñados y creados para fabricar plutonio, no para fabricar electricidad. Los materiales radiactivos no sólo son peligrosos y requieren un cuidado desde el punto de vista ambiental, sino que además requieren cuidado desde el punto de vista de la seguridad. Si esto cae en manos de grupos de presión como grupos terroristas, estos son potenciales materiales para usos bélicos.

Francia tiene una industria de procesamiento de combustible nuclear gastado porque fue un Estado que desarrolló una gran industria bélica. Lo mismo Inglaterra, EE.UU., Rusia. Esa maquinaria fue puesta allí por el desarrollo militarista en industrias nucleares. Esa capacidad ociosa hoy en día se la usa con fines propagandísticos para decir “resolvemos” el tema de la basura nuclear a nivel internacional. 

Antonio Elio Brailovsky:- Quiero aclarar que el tema en discusión no es este reactor con Australia, éste es una especie de puerta, si se admite, es una especie de caso testigo. Yo tuve una charla muy interesante con el director de INVAP, el Dr. Oteguy, que planteaba –con una sinceridad sorprendente- que en un momento en que todos los países estaban rechazando el tema de los residuos radiactivos, que tenían miedo de recibirlos, se le abría a la Argentina la oportunidad de un gran negocio, que era convertirse en el gran procesador internacional de residuos radiactivos y que detrás del contrato de Australia, ellos iban a buscar que en todos los países hubiera alguien que estuviera dispuesto a mandar residuos radiactivos a tratar a la Argentina. El sueño del pibe para la gente de INVAP es convertirnos en el basurero nuclear del mundo, una cosa que me parece absolutamente escalofriante, porque si los argumentos del diputado Stubrin o de algún otro diputado es que “son muy pocos kilos de producto radiactivo, es difícil que ocurra un accidente” –asunto con el que se puede discrepar-, detrás de estos pocos kilos, vienen muchos más y, si los dejamos entrar, van a venir los otros.

Vilma Osella:- Siendo aval de paz, Argentina vendió armas a Croacia y Ecuador. Este es un hecho que le quitó confiabilidad. En agosto del año 2000 la policía de Nueva Zelanda desbarató un plan guerrillero para atacar el reactor australiano ubicado a 30 km de Sydney, el mismo que sería reemplazado por el que se construiría en Bariloche. Eso sucedió un mes antes de las Olimpíadas Sydney 2000. ¿Un país que está bajo la mira del terrorismo internacional es confiable a la hora de manejar material nuclear? ¿Un país como Argentina es confiable en el mismo sentido? 

Juan Carlos Villalonga:- No, no. Creo que los aspectos de seguridad en esta materia han sido totalmente soslayados por los legisladores argentinos, porque el cóctel que se arma acá es realmente preocupante. En primer lugar, cuando se menciona el intento de ataque terrorista al actual reactor de Australia, ese era un primer ataque importante que tenía planificado Al Quaeda. En términos de política internacional, Australia es un país aliado absolutamente a EE.UU. Es un socio fuerte. En segundo lugar, haciendo negocios internacionales, INVAP tiene relaciones siniestras. Cuando en la investigación de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA aparecen las pistas iraní y siria, se comienza a investigar las razones. Las razones eran promesas incumplidas de Argentina en esos dos países. ¿Cuáles fueron esas promesas incumplidas? El misil Cóndor, un desarrollo de fines de los ’80, que se desarma en 1992, y la tecnología nuclear. La tecnología nuclear era provista por INVAP. Son negocios que INVAP había hecho a través de una diplomacia paralela, desconocida por la gente. Tenía vendida tecnología nuclear sensible a Irán, que tuvo que suspender justamente en enero de 1992. Tenemos un cóctel explosivo en cuanto a una empresa que ha hecho permanentemente negocios en el borde de la legalidad y de lo aconsejable en diplomacia. Somos un país vulnerable en ese sentido, somos un país poco confiable en cuanto a la conducta que hemos tenido y nos estamos involucrando con un programa nuclear que ya fue objeto de blanco terrorista como es el plan nuclear australiano. El cóctel que estamos comprando desde el punto de vista de la seguridad no fue para nada contemplado por los senadores cuando aprobaron este acuerdo.

Vilma Osella:- Así como lo estamos planteando, parecería ser que el Gobierno está avalando el ingreso de residuos nucleares al país. Sin embargo, tenemos declaraciones del secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Carlos Merenson, que dijo que “estamos de acuerdo con el desarrollo tecnológico del país, pero no al precio de violar la Constitución Nacional. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. ¿Cómo podríamos entender esto? 

Juan Carlos Villalonga:- Creo que este tema quebró la unanimidad en todos los bloques. Es difícil decir que el bloque radical está a favor o en contra, porque hay radicales a favor y los hay en contra. Lo mismo sucede en el bloque justicialista, en las provincias y dentro del Gobierno mismo. Dentro del Gobierno hay un funcionario como Merenson con una clarísima posición de defensa de la Constitución; y está la Cancillería diciendo lo contrario. Ellos negociaron este acuerdo y siguen entendiendo que es un acuerdo que no viola la Constitución.

Vilma Osella:- Pero la Constitución es clarísima. 

Juan Carlos Villalonga:- Sí, pero empiezan las interpretaciones. Estamos ante la primera posibilidad de violar la Constitución en esta materia. Y depende de cómo se resuelva, si a través de un engaño se va violar la Constitución o si va a preservarse el texto constitucional, cómo nos vaya en el futuro. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con Brailovsky: esto sienta un precedente fenomenal, clarísimo, acá hay intenciones expresas para que esto sea el primer antecedente. De hecho, aprobado este acuerdo, se oficializa esa lectura tendenciosa y caprichosa de la Constitución, por la cual ya no hay ningún impedimento de traer este tipo de residuos a la Argentina, ya no hay con qué elemento legal yo me voy a oponer a una segunda tanda de residuos que puedan venir de Bulgaria, Japón, Argelia o de otro país.

Vilma Osella:- La embajadora australiana hizo muchas declaraciones. Le hicieron un escrache. Dice que Argentina tiene que cumplir y que los ambientalistas están equivocados. Ud. tuvo ciertos enfrentamientos con ella. Cuéntenos un poco. 

Juan Carlos Villalonga:- La embajadora se equivoca. Primero, ella toma parte en esta discusión y trata de ignorar que la discusión es muy seria. Califica a aquellos que están diciendo que esto es violatorio de la Constitución como sectores minoritarios, marginales, y desconoce la opinión pública, desconoce la posición del Ing. Merenson, desconoce la opinión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) -formalmente el máximo organismo ambiental de la Argentina, que reúne a todos los ministros o secretarios de Medio Ambiente de las provincias y de la Nación-, ignora la posición de centenares de legisladores provinciales que hicieron declaraciones reclamando a los diputados nacionales que voten en contra de este acuerdo y,  por supuesto, no tiene en cuenta la cantidad, las decenas de diputados nacionales que están en contra de este acuerdo. Digo esto para demostrar que esto no es sólo una posición desarrollada por las organizaciones ambientalistas. Insisto en la unanimidad total en cuanto a la importancia de este tema. Entonces ella soslaya eso. Y, por otro lado, dice una gran mentira: “que si el acuerdo no se aprueba traerá problemas al INVAP, porque los sectores que se oponen a esto en Australia van a problematizar la continuidad del contrato”. Y es mentira. Ninguna organización ambientalista allá está pidiendo este acuerdo. Jamás lo hizo, ni lo reclamó. Más aún: tanto el Partido Laborista australiano como los demócratas, que son segunda y tercera fuerza en Australia, les pidieron a diputados argentinos que no aprueben el acuerdo porque lo consideran dañino, porque creen que es una mala política de Australia el hecho de intentar exportar y tratar residuos afuera. Ellos están discutiendo lo apropiado o no que es este contrato. La embajadora tiene que asumir la responsabilidad de que Austrlia está presionando al Gobierno argentino, porque es el Gobierno australiano el que quiere este acuerdo, quiere tener las garantías que no le da la firma de INVAP.

Vilma Osella:- En el año 2000 el Dr. Raúl Montenegro, que es presidente de FUNAM, una organización ambientalista con sede en Córdoba, estuvo con nosotros en “Esta, nuestra única Tierra”. A través de una nota telefónica, él manifestó su intención de realizar una denuncia para que este acuerdo se detenga. Y la denuncia la realizó en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que toma una posición. La Defensora acaba de sacar un amparo. 

Antonio Elio Brailovsky:- Así es. La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, presentó una acción de amparo ante la Justicia por derecho de la información, es decir, en la medida en que la Constitución garantiza el derecho de información ambiental, Oliveira está preguntando en qué consiste el convenio con INVAP y está pidiendo que se hagan públicas todas sus cláusulas, porque además, si bien los partidarios de la energía nuclear –o al menos de este convenio- dicen que esto es una maravilla, lo que llama la atención es que sea un convenio secreto. Y son muy pocas las maravillas que uno mantiene secretas. Si uno tiene algo de qué estar orgulloso, lo habitual es que lo muestre. En la conversación que tuve con Oteguy, yo le pedía que si había alguna reserva de secreto tecnológico la guardara, pero que divulgara el resto del contrato, donde no había secretos tecnológicos, sino procedimientos comerciales, y dijo que no podía divulgar nada. Lo interesante, lo sugestivo de esto es un Parlamento que está dispuesto a votar un convenio que aprueba un contrato con cláusulas secretas. Aquí hay que volver al tema que destapa la acción de amparo de Alicia Oliveira cuando dice “la sociedad tiene que poder leer este contrato y conocerlo”. En todo el debate parlamentario el Congreso no está pidiendo conocer el contrato. Está diciendo “lo voto, no lo voto”, pero ¿no sería bueno leerlo antes que nada?

El Congreso argentino tiene un mecanismo mediante el cual para casos muy sensibles se puede hacer una sesión secreta. Se cierran las puertas con llave, se toma juramento a los taquígrafos para que escriban pero que no divulguen nada y la información que no se puede divulgar al público por alguna razón -uno discrepa con que haya información secreta, pero de todos modos el procedimiento existe- es tratada por diputados y senadores, para que se enteren de cualquier cosa secreta antes de votar. Lo interesante es que este cuerpo no pidió esa información, no quiere saber qué es lo que votará. Cuando uno se entera de que los diputados prefieren votar sin saber qué votan, a mi me corre frío por la espalda.

Vilma Osella:- ¿Qué hay de cierto en una versión publicada en junio de que una falla sísmica no permitiría avanzar este negocio planteado entre Argentina y Australia? 

Juan Carlos Villalonga:- Es cierto. La autoridad regulatoria nuclear australiana informó que había detectado una falla sísmica en el sitio donde se iba a construir el reactor. Esto obligó a hacer nuevos estudios, posiblemente va a replantear el lugar donde se va a ubicar el reactor. Yo creo que esto en principio no significa un golpe mortal para el proyecto. Lo que sí sucede en este momento es que está parada la construcción.

Vilma Osella:- La Municipalidad de Sutherland, que es el sitio donde está ubicado ahora el reactor, algunos políticos y los ecologistas australianos reclamaron el inmediato cierre de la planta y también que se abandone el acuerdo con Argentina. ¿Qué opina Greenpeace al respecto? 

Juan Carlos Villalonga:- Greenpeace tiene una campaña muy fuerte en contra de la actividad nuclear, pero eso está fundamentalmente focalizado en lo que son plantas de generación eléctrica, de potencia. No hay una campaña en contra particularmente de los reactores de investigación o de uso medicinal. Pero el caso australiano es un caso particular. Greenpeace en Australia, al igual que todas las organizaciones ambientalistas australianas, está en contra de este reactor porque lo considera un gasto totalmente inútil, que no representará ningún servicio adicional y que todos los servicios que dará este reactor pueden ser obtenidos por otras vías. De hecho, el Gobierno australiano avanzó en esta licitación sin cumplir una serie de pasos, de recomendaciones que habían sido hechas por una comisión de expertos que habían dicho “bueno, si el Gobierno quiere decidir, quiere lanzarse a la búsqueda de un nuevo reactor, tendría que verificar una serie de condiciones”. No se verificaron, entonces para Australia esto es un gasto enorme. Son 180 millones de dólares, que no son considerados como una inversión razonable. Ese es el debate que hay en Australia. Y, por supuesto, hay un debate muy particular con que Australia tiene una mala política de gestión de residuos nucleares. El Senado australiano recomendó en mayo del año pasado que el Gobierno estudie la posibilidad de gestionar los residuos en Australia mismo. Debió haber sido lo que el Senado argentino debería haber recomendado.

Vilma Osella:- ¿Qué sensación tiene Ud. respecto de lo que le pasa al ciudadano argentino? 

Juan Carlos Villalonga:- En general, la oposición a este tema es mayoritaria. No sólo es una sensación. En julio de este año publicamos una encuesta que hizo la empresa Mori Argentina que arroja como resultado un 86 por ciento de oposición a la posibilidad de que ingresen residuos radiactivos en Australia. Este 86 por ciento se expresa de manera absolutamente pareja en cualquier nivel educativo. Hay unanimidad y alto consenso de que esto no es un negocio en el que Argentina se tiene que meter. Y este consenso es el mismo que teníamos en el ’94 cuando reformamos la Constitución. Este tema se debatió mucho hasta que se incorporó la cláusula del artículo 41. Ahora el tema se reabre y hay quienes vemos que cambiaron de opinión, pero la gente no cambió de opinión. Yo creo que esto no lo van a poder hacer, porque la gente está en contra, porque las organizaciones ambientalistas en Argentina vamos a seguir luchando y, si no se da a través de una discusión con los diputados, será a través de la Justicia, parando esto en los puertos. Esto no va a entrar a la Argentina, a pesar de que los diputados quieren dar el visto bueno y una muestra de disciplina a la presión australiana.

Antonio Elio Brailovsky - Cuando uno trata de ponerse en el lugar de los diputados que maifestaron su acuerdo con votar este convenio con Australia, hay algunas cosas de análisis político sobre las que vale la pena reflexionar. Está claro que para un político firmar el convenio que permita traer residuos radiactivos al país violando la Constitución es un acto irreversible. Es una marca que le queda para toda la vida y cada vez que intente ser candidato, cada vez que vaya a cualquier parte, la gente lo va a señalar con el dedo y le va a decir “Ud. es el que firmó, el que votó para que entren residuos radiactivos al país, Ud. es el responsable”. Y si hay un accidente, la gente lo va a señalar como responsable de un acto criminal, no ya de una violación de un texto escrito, sino como el responsable de un crimen. La pregunta es: ¿por qué lo están haciendo si lo saben perfectamente?

Yo no creo que haya habido sobornos. Son demasiados legisladores en un negocio que no se concretó aún. Y los que son sobornables sabemos que son caros. No hay en este momento dinero para sobornar a tantos, de manera que yo descartaría la idea del soborno. Pero me preocupa la otra hipótesis. Me da la sensación de que son muchos los diputados que quieren demostrar que tienen buena voluntad ante una presión de una potencia extranjera –de ésa o a cualquier otra, incluyendo los EE.UU., el FMI-, a la que le quieren demostrar que si hay una presión del exterior, ellos están dispuestos a ceder ante esa presión, aunque signifique violar la Constitución, violar las leyes y ponernos en peligro a nosotros. Se me ocurre que están haciendo campaña no para la gente que los vote, sino para otro sector en el que confían será su fuente de poder.

Tenemos además una duda con respecto a qué significa este convenio desde el punto de vista económico. ¿Se va a ganar dinero? ¿Se va a perder dinero? Porque, claramente, el contrato implica que INVAP le dijo a los australianos “traigan dentro de 15 años los residuos radiactivos y nosotros se los procesamos a tal precio”. Si uno no pone precio, el otro no va a firmar un contrato. Pero INVAP no tiene la menor idea de a qué costos va a construir la planta de tratamiento de residuos radiactivos, por una cosa que sabe cualquier ingeniero industrial: hasta que una planta no está funcionando y no se solucionan los miles de problemas que en el plano no aparecen, pero que sí aparecen cuando uno trata de construir algo, y se da cuenta de todos los puntos en los que el plano falla, recién cuando INVAP empiece a tratar residuos radiactivos va a poder saber el costo al cual esto llega. ¿Por qué INVAP se larga a esto entonces si no sabe si va a ser un negocio o no? Porque si INVAP pierde dinero, el que pone la plata es el Estado argentino. De manera que tenemos una empresa irresponsable, que se compromete con el exterior a violar la ley y además a hacer un negocio ofreciendo un servicio peligroso que no sabe cuánto cuesta, porque sabe que si pierde dinero, la diferencia la vamos a poner nosotros.


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