Acaba de cerrar la inscripción para postulantes al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Defensores Adjuntos, quienes deberán reemplazar a los que estamos actualmente en funciones.
 
El procedimiento consiste en que se presentan postulantes, que si obtienen el aval de un Diputado de la Ciudad pasan a ser candidatos. Entre estos candidatos, la Legislatura deberá elegir el próximo 30 de septiembre un Defensor del Pueblo y varios Defensores Adjuntos, cuyo número aún no está especificado. Tiene que hacerlo por una mayoría especial de dos terceras partes de sus miembros, lo que es extraordinariamente difícil en un cuerpo con 26 bloques partidarios distintos, que suele tener problemas para obtener el quorum necesario para sesionar.
 
Antes de esa sesión, el 22 de septiembre, hay una Audiencia Pública en la que se espera que los ciudadanos digan si tienen alguna objeción contra alguno de los candidatos. Me parece que va a ser una buena oportunidad para que ustedes opinen, no sólo sobre la idoneidad de los candidatos, sino también sobre qué esperan que haga la Defensoría del Pueblo y si coinciden con la forma en que se lleva adelante la elección de los Defensores.
 
Como ocurre con muchos otros casos en nuestro país, parece que se está pensando más en las personas que vayan a ocupar estos cargos que en lo que vayan a hacer allí.
 
Nuestro punto de vista es que esta renovación debería ser motivo para un amplio debate en la sociedad porteña sobre cómo estuvo funcionando el organismo y cómo debería funcionar en el futuro. Los vecinos, ¿se han sentido adecuadamente defendidos por su Defensoría? ¿En cuáles cosas sí y en cuáles cosas no? ¿Qué propuestas y expectativas tienen para esta renovación? ¿Cómo evalúan los vecinos la primer gestión de Antonio Cartañá y la segunda de Alicia Oliveira? ¿Qué habría que mantener y qué habría que mejorar?
  
Hasta ahora, ha habido muy pocas opiniones al respecto, muchas menos de las que nosotros desearíamos. Desde muy diferentes enfoques, en líneas generales coinciden en expresar una preocupación: temen que el próximo Defensor del Pueblo defienda más los intereses del sector político que lo impulsa que los del pueblo al que debe defender.
 
Por supuesto que la opinión contraria también es atendible: si el Defensor representa a un partido político de sólido prestigio por su trayectoria, esa adscripción le ayudará a obtener el reconocimiento público y el apoyo a su tarea.
 
El tema no es menor y tiene fuertes implicaciones políticas, ya que hace a las funciones que debe cumplir. La Defensoría del Pueblo es un organismo encargado de controlar al Gobierno de la Ciudad. No es una mera oficina de quejas por baches y veredas rotas como a menudo se la hace aparecer.
 
Tiene que ocuparse de controlar las cuestiones de fondo, que a menudo son eludidas. Por ejemplo, una de sus funciones es tratar de que el Gobierno no efectúe concesiones excesivas a sus contratistas. Lo que equivale a tratar de evitar que las empresas privatizadas sean quienes manejen la Ciudad, lo que ha ocurrido con demasiada frecuencia entre nosotros. Por supuesto que los intereses creados prefieren un Defensor del Pueblo que mire los baches antes que uno que se ponga a mirar los contratos.
 
De modo que tiene un sentido que se debata para qué queremos una Defensoría del Pueblo, antes de elegir a los Defensores. Ustedes conocen muchas de mis opiniones al respecto, y otras que iré enviando en próximas entregas. Pero la mía es una opinión sesgada, en la medida que yo también soy uno de los candidatos para ocupar ese cargo. Por eso me importa que circulen otros puntos de vista diferentes.
 
En esta entrega ustedes reciben las cuatro primeras opiniones que recibimos sobre el tema. La primera es una nota del diario La Nación, que expresa sus dudas con respecto a la transparencia del proceso de selección de los defensores. La segunda es la propuesta de Héctor Ulises Viviani, de reformar la institución mediante la creación de un Tribuno del Pueblo. La tercera es el pedido de Omar Berengeno de nombramiento por elección directa. Y la cuarta es un reclamo de prescindencia del sector político, de Pedro Rossi.
 

Y ahora, ¿quién podrá defenderme? 


 1 - La opinión del Diario La Nación.
 
 
     
Dudas sobre la transparencia del proceso.
Cerró el registro para candidatos a defensor del Pueblo

http://www.lanacion.com.ar/03/08/09/dg_518015.asp

Se inscribieron 121 personas
 
  • Un grupo de organizaciones pide que la designación no responda a acuerdos políticos
  • Seis legisladores porteños se presentaron como candidatos para suceder a Alicia Oliveira
 
El plazo para postularse para el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires venció ayer. Y ayer mismo empezaron las dudas sobre la trasparencia del proceso y las advertencias de organizaciones civiles dispuestas a seguir de cerca la elección. El registro quedó cerrado a las 18 con el candidato número 121.

El mandato del puesto que Alicia Oliveira ocupó hasta el último 26 de junio -y dejó vacante para ir a trabajar con Rafael Bielsa en la Cancillería, como directora general de Derechos Humanos- vence el 12 de noviembre de este año. Quien hoy la reemplaza al frente del organismo de control porteño es Alejandro Nató, uno de los defensores adjuntos.

La convocatoria estaba abierta a todos los ciudadanos. En teoría puede presentarse cualquiera, pero en la práctica no es tan sencillo. Lo cierto es que los postulantes deben contar con el aval de algún legislador, un filtro que hace que el registro se reduzca considerablemente y quede sujeto, de alguna manera, a las alianzas y manejos políticos.

El hecho es que la elección a Defensor del Pueblo -y sus cuatro adjuntos- coincide con la renovación de la Legislatura, por lo que algunos diputados se postularon. Lo hizo Atilio Alimena (Juntos por Buenos Aires), Claudia Serio (UCR), Marcela Larrosa (UCR), Alicia Pierini (PJ), Roque Bellomo (Fuerza Porteña), Eduardo Peduto (ARI) y Marta Talotti (Argentina por Siempre).

Todos ellos están en una situación un poco confusa. Por un lado quieren ser elegidos y, por el otro, son los encargados de elegir. Y de impugnar candidatos también.

Ese es el peligro sobre el que advierten organizaciones que evalúan la posibilidad de plantear algunas impugnaciones y seguir de cerca el proceso. Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Incip) decidieron no presentar candidatos para estar en condiciones de monitorear la elección.

"En el marco de un proceso caracterizado por la falta de transparencia, es muy probable que la designación responda más a acuerdos políticos partidarios, que a criterios de idoneidad y compromiso del candidato o la candidata.Ya se estaba hablando de números puestos antes de que se cerrara la convocatoria -continuó Andrés Nápoli, de la FARN-. Empezaron con las negociaciones y los repartos de cargos entre muchos que no entraron en las listas de las renovaciones".

María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano, hizo hincapié en la necesidad de controlar que el proceso no sea más que una "teatralización" para cumplir con cuestiones formales. "El que cada postulante necesite el aval de un legislador hace que el proceso queda muy pegado a la rosca política", dijo una fuente de la Defensoría.

La Defensoría tiene unos 200 empleados y maneja para este año un presupuesto de 6.716.234 pesos, un 21 por ciento más que los 5.563.000 que recibió durante 1999.

Empezó a funcionar el 12 de noviembre de 1998 y continuó con las tareas de la entonces Controladuría General Comunal, cuyo último titular fue Antonio Cartañá. Al Defensor del Pueblo porteño lo elige la Legislatura y tiene que obtener el voto de las dos terceras partes, unos 40 diputados. El mecanismo prevé una audiencia pública previa, en la que se hacen las impugnaciones.

Marta García Terán


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2. Propuesta de Tribuno del Pueblo

Héctor Ulises Viviani

Concepto

4 ciudadanos ejerciendo responsabilidad cívica, sin participación política previa, conforman un órgano de fiscalización de las actividades del gobierno

Objeto

Mayor control directo popular sobre los actos de gobierno. Ejercicio efectivo de la publicidad, elemento constitutivo de la república. Participación ciudadana. Democracia real.

Implementación.

Cuatro Tribunos del Pueblo.

Serán elegidos por la gente un número de 4 Electores y 4 Suplentes, que no serán especialistas, ni versados en el tema correspondiente. Deberá representar activamente una figura social, con interés legítimo particular, según se detallará. Las elecciones serán a nivel barrial, de modo que el  Elector sea conocido por un gran número de personas y esto permita mayor confianza y posibilidad de objetarlo, en su caso. Los Electores se reunirán en deliberación, a los efectos de elegir cuatro representantes, por consenso generalizado, y si no lo hubiera directamente por sorteo. Los elegidos serán designados Tribunos del Pueblo para el gobierno inmediato que posea (v.gr, Intendencia). Los Tribunos de “primera instancia”, elegirán en asamblea 4 Electores y 4 Suplentes para intervenir en el gobierno inmediato superior (v.gr. Gobierno de Provincia). En el lugar que dejan vacante, tomarán ubicación los Suplentes designados. Por último, los Tribunos de “segunda instancia” elegirán según el procedimiento detallado 4 Tribunos para intervenir en el gobierno superior (v.gr, Gobierno Federal). A pedido fundado de cualquier Tribuno, podrá ser analizada en la asamblea de pares la remoción de cualquiera de ellos,  y definida por consenso ampliamente mayoritario. En este caso, el puesto será ocupado por sorteo de Suplentes.

Estarán habilitados para ser Electores quienes no tengan participación activa en la política, y revistan las siguientes cualidades:

·         Un vecino/a, de más de 18 años (interés: Justicia y Seguridad)

·         Un padre/madre, de entre 25 y 55 años (interés: Educación)

·         Un jubilado/a o persona mayor de 55 años (interés: Salud)

·         Un trabajador/a en relación de dependencia (interés: Trabajo)

Durarán en su función (no es un cargo, es una responsabilidad cívica) el término de tres años. Percibirán como remuneración la misma entrada de que disponían previamente, con un mínimo funcional, y se asegurará su reinserción laboral o económica. En caso de renuncia serán reemplazados por los Suplentes designados, y ante la renuncia de éstos se sorteará el puesto entre los Suplentes más cercanos al lugar de actividad.

Tendrán entre sus funciones:

1)    Pedir informes sobre actos de gobierno, evaluando las razones de mérito, oportunidad y conveniencia de las mismas, y sus efectos sobre los gobernados, desde el sentido común. Podrán ser asistidos a su pedido por cualquier funcionario o agente del gobierno.

2)    Objetar públicamente actos o medidas emanadas de los órganos de la Administración. La misma no tendrá carácter vinculante. Será difundida en un medio gratuito creado al efecto y publicada en los Boletines Oficiales. La objeción podrá ser parcial, cuando implique una reserva ante una medida de cumplimiento inminente sobre la cual no se haya recolectado la información solicitada, o definitiva, cuando la misma haya sido evaluada. Las objeciones definitivas serán anotadas en un Registro, con indicación de: fecha, tipo de medida, evaluación, informes solicitados, y mención expresa con nombre y apellido de todos los funcionarios con nivel de decisión que hayan intervenido. De esta forma, se podrá consultar por apellido o documento, las objeciones recibidas por cualquier funcionario (junto con su descargo personal, si así lo quisiere), las que serán publicadas en el órgano de difusión en oportunidad de presentarse a un cargo electivo. 

3)    Opinar sobre el funcionamiento de la administración estatal, y promover el debate para su mejoramiento. Recibir, publicar y trasladar las propuestas o conclusiones.

4)    Registrar y dar a conocer las actitudes y actividades de los funcionarios que a su juicio expresen un profundo sentimiento de responsabilidad política y patriotismo ejemplar.

Comentario

La propuesta surge de la teoría de que la gente no se gobierna por sí misma. Como individuo, el ser humano es un ser fraccionado (instinto y razón) y le cuesta ser coherente.  Cuando actúa en muchedumbre, es mucho más susceptible de actuar por instinto.

Por otro lado, el gobierno político no surge del pueblo (en origen), pero es un órgano del Estado tan importante como él. Siguiendo un análisis organicista, diría que las extremidades no pueden vivir sin la cabeza; y si bien no las controla (pues la función de dirección reside en la cabeza) les envían señales de dolor o placer, señales que pueden ser valoradas o ignoradas (esto último a costa de la supervivencia misma del organismo)

En el sistema político, lo que se observa es una desconexión entre lo que se espera y lo que se consigue. Seguramente en muchos casos no hay falta de reacción, sino reacción consciente en perjuicio de lo esperado, por diversos condicionamientos previos, internos y externos. En otros casos, el accionar político se vuelve egoísta por falta de condena efectiva (impunidad). El organismo así todo está a punto de morir.

El Tribuno del Pueblo viene entonces, a cubrir el nexo quebrado entre gobernante y gobernado. El gobernante no se verá obligado por esta figura, salvo en lo concerniente a evacuar informes. En el ámbito legal, no se crean obligaciones que impliquen modificar la Constitución, o que afecten potestades o derechos adquiridos. El Tribuno no tendrá mas poder que el que le otorgue la confianza popular (garantizada ab initio por su elección altamente representativa). Otorga a un ciudadano, la tarea honrosísima de ser los ojos y oídos del pueblo, y representarlos en su sentido común.

La gente se sentirá realmente representada, infundiendo ánimo y esperanza. La interacción de los Tribunos con el Poder redundará en un mejor ejercicio democrático y mayor gobernabilidad.

Los gobernantes tendrán un control organizado extra-sistema. El único hasta ahora es el voto, los demás son intrapoder (los órganos de fiscalización del Congreso, las Auditorías, el control judicial).

El gobernante justo (y el juicioso) observarán con atención sus dictámenes y propuestas

Consideraciones particulares.

Evidentemente la figura se inspira y toma el nombre del Tribuno de la Plebe de la república romana. Con dos grandes diferencias:

1)    Al ser el nuestro un régimen representativo democrático, y constitucionalmente representar los funcionarios la voluntad popular, el Tribuno no tiene potestad para vetar los actos administrativos o de gobierno. Demás está decir que una facultad como esa potenciaría la ingobernabilidad y la anarquía burocrática.

2)    La elección de los Tribunos radica en un hombre no participativo de la política, por que uno de los objetivos es que intervenga en el gobierno el sentido común popular, que muchas veces el político de carrera olvida, le cuesta encontrar, o directamente lo elude.


 

3. Nombramiento por elección directa.
 
Estimado Antonio creo que un régimen democrático (dudo que este lo sea) el defensor del pueblo debería ser elegido por el pueblo.
 
También creo que todos los cargos tendrían que estar ocupados por persona intachables veo que en estas próximas elecciones se postulan y en este gobierno los hay, personas de dudosa procedencia (Ex socios de traidores, procesados, indultados por atentar contra la democracia, etc., etc.) Recuerdo que cuando entre a la facultad me pidieron el certificado de buena conducta expedido por la Policía Federal sino no entraba ¿No debería implementarse lo mismo para evitar a toda esta gentuza?
Un cordial saludo y a tu disposición como siempre.
Omar Berengeno
 

 
4. Prescindencia del sector político

Estimado Brailovsky:

                                Es interesante que desde el ámbito de la Defensoría exista preocupación respecto a la opinión del pueblo, pero previamente se debería tener en cuenta lo inconstitucional de la respectiva ley que rige la elección del mismo y sus adjunto. La forma actual permite que las instancias políticas, las cuales deberían ser teóricamente prescindentes, tienen poder absoluto (anticonsticucionalmente, ya que generan ciudadanos de diferentes clases, los que tienen un legislador que los avale y otros que no tienen esa posibilidad y por lo tanto no pueden ser postulados) y esto debería ser modificado por un cambio conceptual de la ley, abriendo las posibilidades a una elección directa por parte de la gente (que indudablemente puede ser manipulada desde las instancias políticas pero que abriría una instancia, quizás mínima pero de posibiidades desde la gente en lo concerniente a postular sus candidatos, lo que hoy no existe).

                                   Respecto al funcionamiento actual, hay bastante que puede ser criticado, como por ejemplo la falta de respuesta directa desde ese organismo. Generalemente el ciudadano tiene que disponer de un tiempo que muchas veces no dispone para poder verificar en que estado de situación está el trámite iniciado.  En épocas del Sr. Cartañá siempre hemos tenido respuesta, por lo menos es lo que me marca la experiencia vivida con el organismo. Creo que esto es un defecto serio y que tendría que tener una instancia de análisis.

                                    Por el momento sin otro particular, saludo a Ud. y colaboradores atentamente.

                                                                                   Lic. Pedro V. Rossi