La horrible situación económica por la que atravesó la Argentina en los últimos tiempos (de la que espero estemos saliendo) condicionó a muchos de nuestros decisores para aceptar situaciones que en otro contexto considerarían inaceptables.
 
La más notoria es la del controvertido contrato de la empresa nuclear INVAP con el gobierno de Australia para la venta de un reactor experimental a ese país y que estipula que la Argentina podrá hacerse cargo de los residuos radiactivos generados por ese reactor.
 
El enorme rechazo de la sociedad a esa cláusula es una clara señal de que algo debe cambiar en la política argentina al respecto. Tal vez el cambio necesario sea político. No es deseable que un organismo técnico como es INVAP fije la política exterior de la Argentina o la condicione mediante hechos consumados, tales como presentarse a una licitación que exige a quien la gane que tenga conductas violatorias de nuestra Constitución Nacional.
 
Esta es mi propuesta para que el Presidente de la Nación fije la política exterior en materia nuclear de un modo coherente con el mandato constitucional y con el reclamo de la sociedad. Fue  publicada en el diario La Nación.
 

LA NACION LINE

El contrato de Invap con Australia


http://www.lanacion.com.ar/03/07/16/do_511626.asp

Por Antonio Elio Brailovsky
Para LA NACION

El controvertido contrato de la empresa estatal Invap para la venta de un reactor nuclear a Australia se encuentra paralizado en la Cámara de Diputados de la Nación por un conflicto político al que hasta ahora nadie llegó a darle solución.

Argumentan los partidarios del contrato que la Argentina no puede perderse una exportación de productos tecnológicos que la ubicaría muy bien en los mercados mundiales. Por su parte, los que se oponen señalan la cláusula que permite tratar en el país los combustibles quemados por ese reactor. Algo muy parecido (o tal vez idéntico) al ingreso de residuos radiactivos, que prohíbe la Constitución Nacional. Con el agravante de que después podrían venir otros contratos semejantes.

Así las cosas, cualquier decisión que se tome implicaría un altísimo costo político. A nadie le gusta ser señalado como el que impidió una exportación tecnológica en un país que siempre vendió cereales y carnes. Y nadie quiere quedar marcado en el futuro como responsable de un eventual accidente nuclear, o por haber convertido a la Argentina en el basurero atómico de otros países.

Para peor, esta incertidumbre no les conviene ni siquiera a los australianos. Hay demasiadas interpretaciones que identifican combustibles quemados con residuos radiactivos como para darles la seguridad jurídica que ellos esperan. Quizá la próxima Corte Suprema de Justicia interprete que esos materiales no pueden ingresar en la Argentina por motivos constitucionales y no se podría cumplir con esa parte del contrato. Esto nos obligaría a indemnizarlos, con lo cual este contrato terminaría dando pérdidas en vez de ganancias.

La solución es renegociar

Cuando un problema de esta envergadura no tiene una solución aceptable para la mayoría de las partes, la función de la cabeza política es cambiar las reglas del juego. Mucho más porque se trata de una cláusula política puesta dentro de un contrato técnico y comercial, y un sano principio es que las decisiones políticas sean tomadas por las autoridades políticas.

Los defensores del contrato han repetido hasta el cansancio que el posible ingreso de esos residuos en eal país es un hecho "meramente eventual" o "una lejana posibilidad", pero de ninguna manera sería su objeto principal. Es decir que Australia no eligió a Invap porque Invap se comprometiera a traer a la Argentina los residuos radiactivos.

Si, de veras, esa cláusula no es esencial, ¿por qué no renegociar el contrato y eliminarla? ¿Qué perdemos con intentarlo?

Se me ocurre que el Presidente de la Nación puede encomendar a la Cancillería que inicie conversaciones para que esa venta no siga atada a la cláusula de traer a la Argentina los residuos radiactivos, que es lo que tanta gente objeta del contrato. Hay otros países especializados en hacerlo, como señala el propio Invap, y los argentinos podríamos renunciar a esa parte del negocio. Además, Invap puede asesorar a los australianos sobre cómo hacerlo en su propio territorio, con lo cual estaríamos aplicando los principios internacionales que dicen que cada país debe hacerse cargo de su propia basura nuclear.

Llevar adelante una negociación así puede ser una tarea compleja y difícil, pero ésa es, precisamente, la función de los diplomáticos. Tal vez las nuevas cabezas políticas sean capaces de lograr lo que las viejas cabezas ni siquiera intentaron.

El autor es defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires.


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