Quiero expresarles mi pena por la sanción de la Ley 744 de la Ciudad de Buenos Aires, de Emergencia Económica y Financiera, que delega funciones legislativas al Jefe de Gobierno.
 
Por detrás de una decisión de esta índole está la idea de que sólo se puede legislar en tiempos tranquilos. Tal vez, una bucólica imagen de los representantes del pueblo reflexionando sobre el bien común en un paisaje de verdes colinas en las que cantan las aves y pastan los corderos. Por el contrario, se supone que los tiempos difíciles no son adecuados para legislar sino para investir de plenos poderes a un funcionario al que los antiguos romanos llamaban dictador.
 
 
¿Es mejor centralizar el poder en los malos tiempos? (*)
 
Nuestro punto de vista es exactamente el opuesto. Creemos que es peligroso anular los parlamentos en momentos de intenso conflicto social, como los que estamos viviendo. La función de una Legislatura no es solamente redactar leyes sabias sino también, y muy especialmente, producir consensos sociales. Tales consensos requieren del debate público y de la confrontación de puntos de vista opuestos.
 
Y es que, más allá de la legitimación de las personas en sus cargos (que se da a través del voto popular) está la necesidad de legitimar las medidas de excepción que pueden tomarse en situaciones excepcionales. La única manera de hacerlo es mediante los procedimientos que establecen los mecanismos de la democracia. Esto implica la publicidad del debate y de los motivos por los cuales se toma cualquier decisión. Implica también la integración de las opiniones de las minorías y el necesario equilibrio entre los diferentes poderes de un Gobierno. Para la Legislatura de la Ciudad, negarse a legislar significa un peligroso antecedente en un momento en que hay sectores autoritarios que afirman que los parlamentos no sirven para nada y que los políticos son los menos indicados para tomar decisiones. 
 
A título de ejemplo podemos citar algunas de las decisiones que esta Ley permite tomar al Ejecutivo, sin el adecuado control parlamentario, que hoy queda reducido a un mero informe. El que estas medidas sean legalmente posibles no implica que pensemos que se vayan a tomar. Aclaramos que se trata de ejemplos puramente didácticos sobre los alcances de la delegación de funciones que los Diputados votaron de un modo tal vez irreflexivo.
 
Entre otros temas, la Ley mencionada "faculta al Poder Ejecutivo a disponer la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos referentes a compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con sus proveedores con anterioridad a la vigencia de la presente Ley que se encuentren en curso de ejecución". (Art. 3º)
 
Esto significa que el Ejecutivo puede cambiar como quiera cualquiera de los contratos que tiene la Ciudad con las empresas proveedoras. Puede, por ejemplo, renovar los contratos de recolección de basura -que están vencidos- sin necesidad de llamar a licitación, por el tiempo que quiera, pagando la cantidad que le parezca y con las condiciones que se le ocurran. Aclaremos que, según un reciente informe de la Auditoría de la Ciudad, se trata de empresas que han defraudado a la Ciudad de Buenos Aires, cobrándole por servicios que no han prestado, tema que sin duda aparecería en un eventual debate parlamentario.
 
También se faculta "al Poder Ejecutivo a renegociar los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes objeto de cada contrato de concesión". (Art. 4º). Este artículo puede permitirle cambiar los términos de la concesión del Zoológico. Como se sabe, la empresa que se hizo cargo del Zoológico no cumplió con los términos de referencia del contrato y en cualquier momento la Ciudad puede exigirle que lo devuelva al Estado. Este artículo permite al Ejecutivo cambiar ese contrato de concesión, borrarle todos los incumplimientos y permitir a la empresa continuar con una concesión que está en condiciones de caer en cualquier momento.
 
El artículo 7º faculta "al Poder Ejecutivo a utilizar medios de pago alternativos, emitidos o a emitirse por la Nación o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tengan poder cancelatorio para hacer frente a sus obligaciones". Es decir, a emitir moneda, bonos o cualquier otra cosa que sirva como dinero,  sin indicar la cantidad ni reglamentar la forma en que esa eventual nueva moneda será utilizada.
 
El artículo 8º "limita la ejecución de los Gastos de Propaganda, a la que tenga por objeto difundir y comunicar los actos del gobierno que involucren el interés general y estén enmarcados en el deber constitucional de informar". Sin embargo, este artículo no indica cuánto dinero puede gastar el Gobierno de la Ciudad en publicitarse a sí mismo, cosa que habitualmente el Presupuesto anual indica. Es decir, que se reemplaza un habitual límite cuantitativo por una vaga indicación cualitativa.
 
Otros artículos autorizan al Ejecutivo a endeudarse y a modificar la situación del personal a su cargo. Pero tal vez una de las mayores renuncias a las funciones legislativas se encuentre en el artículo 12, que autoriza "al Poder Ejecutivo a introducir las modificaciones que resulten indispensables en el Presupuesto 2001, tanto en el nivel como en la distribución por funciones, y entre gastos corrientes y de capital existentes". Esto significa que la Legislatura renuncia (al menos por ahora) a discutir el Presupuesto del año 2002 y que el Ejecutivo podrá definir el presupuesto que desee, "con los cambios que resulten indispensables".
 
En "Los Tres Mosqueteros", D´Artagnan roba una carta del cardenal Richelieu que dice: "es por mi orden y para la seguridad del Estado que el portador de la presente ha hecho lo que ha hecho", y que le sirve, por supuesto, para realizar cualquier acción contraria a los intereses de aquél que había dado tan generoso cheque en blanco.
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