La Ciudad de Buenos Aires tiene una Ley (que lleva el número 760) que ordena el retiro de los transformadores y equipos que contengan PCB. Esta Ley tuvo un trámite accidentando, ya que en su primera versión (era la Ley 559) ordenaba el retiro del PCB en apenas 30 días. La Ley 559 tenía una serie de errores que podrían reflejar un cierto descuido en la sanción de una norma ambiental. Por ejemplo, por una incongruencia interna, establecía 30 días para retirar todo el PCB de la Ciudad pero daba al Ejecutivo 45 días para reglamentarla. Por otra parte, 30 días es un plazo insuficiente hasta para determinar cuáles equipos tienen PBC, mucho más para cambiarlos.
 
Por esos motivos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad vetó la Ley 559 y la Legislatura sancionó a su tiempo la Ley 760 que la reemplaza. De lo que era una plazo insuficiente (30 días) se pasa a un plazo excesivo (hasta el 2010), sin explicar las razones de un cambio de criterio tan profundo. La Ley 760 tampoco indica los criterios con los cuales debe establecerse el cronograma de retiro del PCB, ni dice casi nada más, salvo la fecha del 2010, quedando todo librado a la reglamentación.
 
Por eso, dado que es una Ley muy débil, quedan dos opciones:
Esto agrega un problema adicional: si la reglamentación es tan débil como la Ley se corre el riesgo de que no se cumpla ni siquiera el plazo excesivo del 2010 y se esté generando desde ahora la posibilidad de prorrogar ese plazo. Hay mil argucias legales que lo pueden posibilitar y suelen ser inesperadas desde la mera lógica.
 
Por ejemplo, si se autorizara a un operador a tratar (es decir, destruir) el PCB en una instalación ubicada en la Provincia de Buenos Aires, esa instalación no podría ser usada para destruir el PCB de Ciudad de Buenos Aires, ya que la Constitución de la Provincia prohibe el ingreso de residuos industriales de otras jurisdicciones.
 
Pero, el mismo tiempo, el que haya en la Argentina una planta para el tratamiento del PCB (aunque sea inaccesible para los residuos de la Ciudad de Buenos Aires) pone en marcha una de las cláusulas del Convenio de Basilea sobre residuos peligrosos, que prohibe la exportación de residuos a aquellos países que puedan tratarlos dentro de su territorio.
 
En otras palabras, que en ese caso no podríamos tratar el PCB porteño en la Provincia porque la Provincia no lo admitiría y no podríamos tratarlo en el exterior porque hay un convenio internacional que lo impediría. Esto puede significar sacarlo de las centrales y guardarlo en depósitos inseguros, situados en el interior de la propia Ciudad de Buenos Aires, tal y como ya se están acumulando, sólo que sin límite de tiempo.
 
Este es sólo un ejemplo posible de los hechos que la imaginación perversa puede producir para evitar el retiro de una sustancia tan peligrosa como el PCB.
 
Por eso, nos parece realmente importante tomarse en serio una normativa que no debe ser meramente formalista, sino que tiene que crear las condiciones para disminuir lo antes posible los riesgos que implica esta sustancia.
 
Agregamos un detalle más: después de la sanción de la Ley 760, el Congreso nacional sancionó la Ley Nacional 25.670, de Presupuestos Mínimos para la eliminación del PCB. Como es una Ley de Presupuestos Mínimos, la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que dichas leyes son de cumplimiento obligatorio en todas las jurisdicciones, sin necesidad de una ley de adhesión. Es decir, que tanto la reglamentación de la Ley 760 como su eventual modificación deben orientarse por esta Ley Nacional.
 
En esta entrega estamos enviándoles nuestros comentarios al borrador de decreto reglamentario de la Ley 760, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Agradezco al Lic. Eduardo Epsztein y a la Arq. Marta Balderiote por esta información.
 
Ustedes pueden ver el borrador de decreto en color negro y nuestros comentarios a continuación de cada párrafo, en color rojo.
 
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

DECRETO N°

REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 760 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES TOMO IV

Artículo 1°. - Sujetos y actividades alcanzados.

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en su carácter de guardianes, propietarios, poseedores y tenedores a cualquier título de transformadores de alta y media tensión, capacitores de potencia, pequeños capacitores, rectificadores, reactores eléctricos de cualquier equipo, instalación, sistema, producto o recipiente que contenga las sustancias denominadas bifenilos policlorados, trifenilos policlorados, bifenilos polibromurados y sus derivados, denominadas genéricamente PCBs en cualquiera de sus formas o combinaciones, sujetarán la operación de los mismos a las disposiciones del presente.

Artículo 2º. - Normativa a aplicar

El trasvase, la extracción de muestras, el transporte, almacenamiento y tratamiento de los residuos que contengan PCB’s deberá hacerse de acuerdo a las normas contenidas en:


En este listado de normas de la versión que hemos recibido, falta la más importante, que es la Ley Nacional 25.670, referida a la eliminación de los PCB en todo el país. Uno de los aspectos destacables de dicha Ley Nacional es que establece nuevas obligaciones para la Autoridad de Aplicación, las que no están contempladas en la Ley 760, ni en este proyecto de reglamentación, tal como veremos más adelante.

Artículo 3°. - Declaración jurada.

Los sujetos alcanzados por el artículo 1° del presente, deberán presentar dentro de los 30 días, ante la Autoridad de Aplicación, una declaración jurada firmada por el director responsable y los responsables legal y técnico de la empresa o por la persona física indicando:

  1. Apellido y Nombres de la persona física o razón social;

  2. Domicilio legal;

  3. Teléfono

  4. Volumen de las sustancias PCBs expresado en litros;

  5. Concentración de las sustancias PCBs expresada en partes por millón (ppm);

  6. Origen de los PCB’s, indicando el equipo, instalación, sistema, producto o recipiente que los contenga y/o contuvo y su localización.

  7. Ubicación actual de las sustancias, en el ejido de la ciudad y en el establecimiento generador.

  8. Descripción de los contenedores o recipientes o cualquier otro sistema de almacenaje utilizado


El procedimiento de declaración jurada significa el fracaso seguro y absoluto de la aplicación de la norma. Este procedimiento ya fue intentado hace unos años bajo la gestión del entonces Secretario de Medio Ambiente, Prof. Norberto La Porta, quien abrió un registro "obligatorio" de tenedores de PCB, mediente el mismo procedimiento de declaración jurada que aquí se propone. Se inscribieron solamente cuatro responsables de PCB sobre centenares existentes.
 
No hubo sanciones. La situación mereció un suspiro de pena del entonces Secretario de Medio Ambiente y un comentario: "No tienen conciencia ambiental". ¿Tenemos que volver a suspirar de pena o estamos dispuestos a hacer un censo obligatorio de todos los transformadores?
 
La forma de hacerlo es terriblemente sencilla, si en realidad uno quiere hacerlo. Basta con tomar el listado de todos los clientes de la empresas eléctricas que compran media tensión (es decir, que reciben 13 mil voltios). Como difícilmente alguno de ellos use electricidad a 13 mil voltios, es probable que tengan transformadores que la bajen a 220 voltios. Son precisamente esos transformadores los que hay que ir a mirar, extraer muestras y enviar a hacer el análisis químico en los laboratorios homologados por el INTI. 

Artículo 4°. - Registro

La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado el Registro de Generadores o poseedores de PCBs, con los datos señalados en el artículo 2°, quedando excluidos de esta obligación aquellos que posean sólo aparatos que contengan un volumen total de PCB’s menor a un litro. El quedar exceptuado de la inscripción en el Registro no exime del cumplimiento de la presente Ley.


Un litro parece una cantidad muy pequeña. Sin embargo, el PCB es uno de los cancerígenos más potentes que se conocen. Según un estudio de dos organismos de Naciones Unidas ("Documentos de orientación para la toma de decisiones", FAO-PNUMA, disponible en Internet), la concentración máxima admisible de PCB en alimentos es de 0,2 miligramos por kilo. Esto nos permite hacer un par de cálculos: el PCB tiene un peso específico de 1,5, lo que significa que un litro de PCB pesa un kilo y medio. Y un kilo y medio tiene un millón y medio de miligramos.
 
Como basta con 0,2 miligramos para contaminar un kilo de alimentos, hacemos la cuenta 1.500.000 / 0,2 = 7.500.000. Es decir, que un litro de PCB alcanza para contaminar siete millones y medio de kilos de alimentos o bebidas. ¿Seguimos considerándolo una cantidad pequeña?
 
Se trata, por supuesto, de una situación teórica, pero no es imposible que ocurra en la vida real. En uno de nuestros informes anteriores, mencionábamos la contaminación con PCB de grandes cantidades de alimentos en casos de intoxicación masiva. Este ejemplo nos da una idea de que un kilo de PCB no es una cantidad pequeña y que no debe establecerse ningún límite mínimo al retiro de esta sustancia. Por otra parte, la Ley 760 habla del retiro del PCB, no del retiro de aquellas cantidades superiores a un litro, de modo que la reglamentación no puede desvirtuar la Ley.

Artículo 4°. - Registro (Continuación)- La Autoridad de Aplicación podrá proceder a inscribir de oficio a quienes, estando obligados, omitieran cumplir con la Declaración Jurada del artículo 2°.

En este registro, la Autoridad de Aplicación dejará además constancia documentada de las sanciones que aplique a los administrados y demás circunstancias relevantes

Artículo 5º . De las obligaciones del generador o poseedor de PCB’s

El generador o poseedor está obligado a:

1. Almacenar los PCB’s usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros residuos;

2. Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los PCB’s usados hasta su recogida (recolección) y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de su recolección y que cumplan con lo establecido en el Art. 9º de esta reglamentación.

Aquí es necesario incluir la absoluta prohibición de almacenar los PCB y los equipos que los contengan en el interior de la Ciudad de Buenos Aires, como están haciendo actualmente las empresas eléctricas EDENOR y EDESUR. Las únicas condiciones satisfactorias para el almacenamiento del PCB son ubicarlo fuera de un área urbana.

3. Entregar los PCB’s usados a transportistas y operadores autorizados inscriptos en el Registro Nacional de Generadores, transportistas y Operadores de la Ley Nº 24 051 o la que en el futuro la reemplace.
 
4. Inscribirse en el mismo Registro como generador de residuos peligrosos. Declarar las técnicas de tratamiento elegidas y justificar técnicamente la elección de las mismas.
 
5. Constituir un autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar cobertura a los riesgos a la salud de la población que su actividad pudiera causar.

El planteo de un seguro de responsabilidad civil por daño a terceros es un avance importante y creemos que debe estar tanto aquí como en cualquier normativa que tenga que ver con sustancias, actividades  o residuos peligrosos.

 
6. Identificar según lo prescripto en el Art. 4º de la Ley los productos, equipos instalaciones o sistemas en uso que contengan o hayan contenido PCBs en un plazo máximo de 60 días corridos.
 
7. Identificar todo aparato, que habiendo contenido PCBs haya sido descontaminado y siga en operación, con un rótulo en el que se lea , en forma clara, "APARATO DESCONTAMINADO QUE HA CONTENIDO PCBs".
 
8. Instrumentar, ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas en cualquier aparato, las medidas correctivas y preventivas para reparar el daño ocasionado, disminuir los riesgos para las personas y el ambiente y tomar las medidas necesarias para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.

Artículo 6°. De los Planes- Los sujetos alcanzados por el artículo 1° del presente deberán, dentro de los 60 días de presentada la declaración jurada del artículo 2°, presentar a consideración de la Autoridad de Aplicación, firmado por el director responsable y el representante legal y técnico o por la persona física:

  1. El "Plan de eliminación gradual de PCBs"; y

  2. El "Plan de emergencias" ante contingencias o accidentes.

La Autoridad de Aplicación procederá a inscribir de oficio a los tenedores o poseedores de PCBs y a costa de los mismos, a aquellos que no hubieran presentado los planes a que se hace referencia en este artículo.

Artículo 7°. Del Plan de Eliminación Gradual

El "Plan de eliminación gradual de PCBs" deberá ajustarse a las siguientes condiciones mínimas:

a) Al 31 de diciembre de 2005 deberán haber sido eliminadas o exportadas (remitidas) para su eliminación, conforme las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, todas las sustancias que contengan PBC´s, en concentraciones superiores a 500 partes por millón.

En nuestra opinión, se trata de un plazo inútilmente excesivo. Estamos hablando de los transformadores que representan un mayor peligro para la población y que los tenedores saben desde hace mucho tiempo que tienen que sacarlos, por lo cual han tenido tiempo de sobra para hacer sus previsiones económicas y sus consultas técnicas.
 
Además, no se han tenido en cuenta nuestros informes técnicos, que muestran una gran cantidad de estos transformadores a muy corta distancia de la población de mayor riesgo en caso de accidente, que es la de las escuelas y hospitales. Creemos que hay que sacarlos antes y que hay que hacerlo lo antes posible con aquellos que se encuentran en las proximidades de población de riesgo. En nuestra opinión, el mencionado artículo debería quedar redactado de la siguiente manera:

"Los transformadores y otros equipos que contengan más de 500 partes por millón de PCB deberán ser retirados del servicio a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Si se encontraren a menos de 200 metros de escuelas, hospitales, jardines de infantes o geriátricos, el plazo correspondiente vence el 31 de julio de 2003".


b) Al 31 de diciembre de 2010 deberán haber sido eliminadas o exportadas (remitidas) para su eliminación, conforme las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, todas las sustancias que contengan PBC´s, en concentraciones superiores a 50 partes por millón.

Nuevamente, nuestro punto de vista es que estos plazos son excesivos y que no tienen en cuenta la situación de la población de riesgo, como la de escuelas y hospitales. Por otra parte, la Ley 760 habla del año 2010 como fecha de eliminación, pero no dice si el 1 de enero o el 31 de diciembre del 2010. Es evidente que en caso de ambigüedad, los contaminadores elegirán el 31 de diciembre, pero los ambientalistas deberíamos optar por el 1 de enero.
 
Me parece, entonces, que el mencionado artículo debería quedar redactado del siguiente modo:

"Los transformadores y otros equipos que contengan entre 50 y 500 partes por millón de PCB deberán ser retirados del servicio a más tardar el 31 de diciembre de 2004. Si se encontraren a menos de 200 metros de escuelas, hospitales, jardines de infantes o geriátricos, el plazo correspondiente vence el 31 de julio de 2004".

Aquí el proyecto de decreto tiene una omisión importante, y es que no menciona los transformadores que tengan menos de 50 partes por millón de PCB. Se trata de los niveles más bajos de contaminación, pero la Ley 760 habla del retiro de todo el PCB existente en la Ciudad y no del retiro de aquella parte del PCB que decida la Autoridad de Aplicación. En consecuencia, nos parece importante agregar el siguiente artículo:

"Los transformadores y otros equipos que contengan menos de 50 partes por millón de PCB deberán ser retirados del servicio a más tardar el 31 de diciembre de 2009" .


Artículo 8°. - Evaluación del Plan de Eliminación Gradual. Datos mínimos requeridos. Los Planes de Eliminación Gradual de PCBs, que deberán ser presentados dentro de los 90 días de la publicación de este Decreto, serán aprobados por la Autoridad de Aplicación y contendrán como mínimo, los siguientes datos:

  1. Descripción de los equipos, instalaciones, sistemas, productos o recipientes que contengan las sustancias denominadas PCBs especificando su localización.

  2. Cantidad y concentración de los residuos de PCB’s a tratar según etapas..

  3. Descripción de las operaciones de toma de muestras, laboratorio, trasvase, almacenamiento transitorio, y transporte al lugar de tratamiento y disposición final.

  4. Descripción y evaluación detallada de la alternativa adoptada indicando el tipo de tratamiento.

  5. Copia certificada del contrato firmado con la firma transportista

  6. Copia certificada del contrato celebrado con la firma tratadora seleccionada.

  7. Programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante las operaciones del Plan de Eliminación.

  8. Cronograma de las operaciones

  9. Identificación precisa del responsable de las actividades y tareas del Plan de Eliminación Gradual.

Artículo 9º - Almacenamiento transitorio de PCB’s

El almacenamiento transitorio deberá hacerse en un lugar de uso exclusivo, cerrado, de dimensiones tales que permitan el tránsito interno. Los pisos y muros deberán ser de superficies lisas, impermeables, anticorrosivas y resistentes al fuego y al contacto con líquidos con pH 1 a 13 a temperaturas de hasta 70 ºC. La localización del mismo deberá ser aprobada por la Autoridad de Aplicación.


Insisto en los que señalábamos más arriba: el almacenamiento de PCB no debe realizarse en el interior de un área urbana. Y muchos menos, en las condiciones actuales, en las que las empresas eléctricas retienen esos transformadores sin límite de tiempo prefijado. ¿Están esperando la oportunidad para destruir el PCB o tal vez esperen el momento en que la sociedad olvide el tema?

Artículo 10°. - Planes de emergencia ante accidentes. Los Planes de emergencia ante accidentes deberán contener, como mínimo y sin perjuicio de otras que pudiere establecer al efecto la Autoridad de Aplicación, las siguientes especificaciones:

1) Indicación del responsable técnico de la ejecución de las obras y actividades previstas en el Plan con quien entenderá la Autoridad de Aplicación durante la emergencia;

2) Indicación del representante legal con quien entenderá la Autoridad de Aplicación durante la emergencia;

3) Manual de operaciones en casos de emergencia;

4) Plan de capacitación periódica de operadores, técnicos y otros agentes responsables del manejo de accidentes y emergencias;

5) Procedimientos escritos que aseguren dar alerta inmediata a la Autoridad de Aplicación, la Policía Federal Argentina y Defensa Civil;

6) Detalle de la infraestructura, instalaciones, materiales, vehículos y equipos disponibles para la emergencia o accidente;

7) Mitigación de los efectos de la emergencia.

8) Identificar y evaluar los efectos/impactos previsibles presentes y futuros, directos e indirectos sobre el medio ambiente y la población.

Artículo 11°. - Aprobación o rechazo de los planes

Dentro de los sesenta días de presentados los Planes referidos en el artículo 6º, la Autoridad de aplicación se expedirá aprobando o denegando la aprobación de los mismos. En casos fundados, podrá extender la Autoridad de Aplicación dicho plazo por otro período igual, mediante resolución fundada. En caso de silencio, se tendrá por denegada la aprobación de los Planes sujetos a su consideración.


En nuestra opinión, tanto los planes de contigencia como su discusión deben tener índole pública. Las empresas deben publicar sus planes de contigencia y la Autoridad de Aplicación debe asegurarse de que la población los conozca. Esto tiene que ver también con el cumplimiento de las Ley Nacional 25.670, que no parece haber sido tenida en cuenta en esta reglamentación.

Esa Ley establece obligaciones de la Autoridad de Aplicación que aquí han sido omitidas, tales como realizar estudios epidemiológicos sobre los daños causados por el PCB o informar regularmente a la población afectada de todo lo que concierne al tema.

Por ejemplo, la Autoridad de Aplicación debe "realizar estudios de riesgo y auditorías ambientales en caso de eventos de contaminación ambiental a cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por denuncias de particulares" (art. 11, inc. d).

También debe "coordinar con el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con competencia en el área de salud (...), la realización de estudios epidemiológicos para prevenir y detectar  daños en la salud de la población de la posible área afectada" (art.11, inc. e).

Otra de sus obligaciones es "informar a los vecinos residentes en la zona afectada o en riesgo, mediante procedimientos que aseguren fehaciente y masivamente la difusión, los resultados de los informes ambientales y de los estudios epidemiológicos, como así también las medidas aplicadas y a aplicar" (art.11, inc. f).

También debe "promover el uso de sustitutos de los PCBs y realizar una amplia campaña de divulgación ante a opinión pública sobre los daños que ocasiona la incorrecta eliminación de los mismos, y las medidas aconsejables para la reparación del medio ambiente" (art.11, inc. g).

Otra de sus obligaciones, que ha sido olvidada en el proyecto de reglamentación preparado por el Gobierno de la Ciudad, es "promover y coordinar con organismos gubernamentales y no gubernamentales, el apoyo técnico a la creación de sustitutos de los PCBs, al control de la calidad de los mismos, al acceso a los sustitutos ya existentes por parte de pequeñas y medianas empresas que por su actividad requieren de los mismos y a toda medida técnica que tienda al cumplimiento de sustituir (el PCB)" (art.11, inc. h).

En otras palabras, que la ley ordena que la Autoridad de Aplicación aplique una clara política de eliminación del PCB por todos los medios a su alcance y no que administre un mero registro de declaraciones juradas.


Hay, además, un par de cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad por el PCB que tuviera en su poder o en instalaciones construidas por la Ciudad. ¿Tenemos PCB en nuestras escuelas u hospitales? ¿Lo sabemos? Y en caso de tenerlo, ¿lo vamos a retirar lo antes posible o hay que esperar que alguna vez se asigne un presupuesto específico a esa unidad administrativa?

Por eso, me parece importante agregar un artículo que diga que el organismo público que tenga PCB se hace responsable de retirarlo, pero si ese organismo carece de presupuesto para hacerlo, lo retirará el Gobierno de la Ciudad. Es decir, que, por tratarse de una situación de riesgo público, no se puede argumentar que este año no nos dieron presupuesto para hacerlo, pero tal vez algún día recibamos ese dinero.  Puede quedar redactado de un modo parecido al siguiente:

"En los casos de organismos del Gobierno de la Ciudad en cualquiera de sus tres poderes, la responsabilidad por su retiro, tratamiento y disposición final estará a cargo del organismo respectivo y subsidiariamente de la Administración Central".

Queda otro caso particular, que es el de los conjuntos habitacionales, del estilo de los de Lugano I y II. Allí el Gobierno de la Ciudad construyó viviendas para sectores de bajos recursos. En el caso de haberles puesto transformadores con PCB, ¿vamos a dejar que sean ellos quienes paguen el reemplazo cuando la responsabilidad no es de ellos?

Lo mismo puede llegar a ocurrir con los conjuntos que construyó la Comisión Municipal de la Vivienda fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Si tuvieran transformadores con PCB, ¿vamos a dejarlos librados a su suerte, solamente porque están del otro lado de la general Paz? ¿No le toca al Gobierno de la Ciudad hacerse cargo de la responsabilidad por su actos, incluyendo el retirar el PCB si lo hubiera puesto en alguna parte?

Creo que el artículo respectivo debería quedar redactado más o menos de la siguiente manera:

"En los casos de conjuntos habitacionales construidos por la Ciudad (dentro o fuera de ella), la responsabilidad por su retiro, tratamiento y disposición final estará a cargo del Gobierno de la Ciudad."


Artículo 12°. - Declaración Jurada Anual. Anualmente, los sujetos del artículo 1° deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación una "Declaración Jurada Anual de Cumplimiento o de Modificación", firmada por el director responsable y los responsables legal y técnico de la empresa o por la persona física en la que dejarán constancia del grado de cumplimiento de las obras y actividades comprendidas en los Planes de Eliminación, así como de los cambios relevantes de las condiciones y circunstancias de modo y lugar relativas a aquellos, debiendo, en su caso, ajustar los Planes a dicho cambios.

Artículo 13°. – Tasas

Las tasas, derechos y aranceles que se aplicarán a las actividades sujetas a este decreto y sus normas reglamentarias y complementarias serán las previstas en la LEY TARIFARIA (Ley Nº 746)

Artículo 14°. - Régimen de sanciones administrativas.

Los infractores a la ley 760, al presente Decreto Reglamentario y a las normas reglamentarias o complementarias que en consecuencia se dicten, serán sancionados según la gravedad de su falta y sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal, según se establece en el "RÉGIMEN DE FALTAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" (Ley Nº 451).

Artículo 15º. - Autoridad de Aplicación

Designase como Autoridad de Aplicación de la ley 760 y del presente Decreto a la Dirección General de Política y Evaluación Medio Ambiental dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano.


Sin embargo, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos establece que "a los efectos de la presente ley será Autoridad de Aplicación el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental" (art. 11). Como se trata de Presupuestos Mínimos, es una clara orden de hacer lo mismo en cada nivel provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. Lo habitual entre nosotros es que la autoridad política eluda la toma de decisiones conflictivas, las que quedan en los niveles secundarios de la Administración Pública.

Pero el mandato de la Ley Nacional 25.670 es que la Autoridad de Aplicación sea la máxima autoridad ambiental. Es decier, la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y no una Dirección General.


Anexo I

Definiciones

Se establece, a los efectos del presente Decreto, el significado de las siguientes voces y/o expresiones:

"PCB´s" a: los policlorobifenilos (bifenilospoliclorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias mencionadas sea superior al 0.005 % (50 ppm).

"Aparatos que contengan PCB´s" a: cualquier aparato que contenga o haya contenido PCB´s (por ejemplo transformadores, condensadores, recipientes que contengan cantidades residuales) y que no hayan sido descontaminados.

"Poseedor" a: la persona física o jurídica, pública o privada, que esté en posesión de PCB´s, PCB´s usados o de aparatos que contengan PCB´s.

"Descontaminación" a: conjunto de operaciones que permiten que los aparatos, objetos, materiales o fluidos contaminados con PCB´s puedan reutilizarse, reciclarse o eliminarse en condiciones seguras, y que podrán incluir la sustitución, entendiéndose por ésta al reemplazo de PCB´s, por fluidos adecuados que no contengan esa sustancia.

"Residuo o Sustancia contaminada con PCB´s": aquella cuyo contenido total de PCB´s sea superior a 0,005% en peso.

"Eliminación": conjunto de operaciones de transporte, tratamiento y disposición final por medios aprobados por la normativa aplicable a la fecha sobre residuos especiales.

A los efectos de las determinaciones analíticas pertinentes, se emplearán los siguientes métodos y procedimientos:


 
En síntesis, me parece que el tema del PCB no ha sido tratado hasta ahora con la atención que merece, teniendo en cuenta sus riesgos. Tenemos algunos avances formales que pueden destacarse, pero corremos el riesgo de que un tratamiento excesivamente formalista retrase el objetivo, que es eliminar cuanto antes esta sustancia tóxica.
 

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