Quiero expresarles mi preocupación por la escasez de controles sobre las piletas de natación y las colonias de vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires, que en años anteriores provocaron hechos trágicos.
 
Ha habido en el pasado actos de negligencia por parte de los responsables de los clubes e instituciones deportivas, quienes no tomaron las adecuadas medidas de seguridad, ni en las instalaciones, ni la asignación de personal para cuidar a los chicos que se les habían confiando. Y también hubo negligencias equivalentes por parte de las autoridades, que aceptaron que se usaran en colonias de vacaciones piletas de natación que no estaban en condiciones de ser usadas, y, que en ocasiones, ni siquiera contaban con la habilitación correspondiente.
 
No se si este año se están realizando los controles que no se hicieron en años anteriores, pero una forma de tratar de activarlos es recordar los sucesos que provocaron la perdida de vidas humanas y reclamar que no se repitan.
 
Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre uno de esos hechos, que provocó la muerte de la menor Florencia Ayelén Möller Rombolá y la recomendación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia Oliveira, sobre las medidas a tomar para evitar su repetición.
 
Los hechos que aquí se narran no son recientes, pero creemos que vale la pena recordarlos. Mantenernos atentos puede ser una buena forma de prevención.
 
Nuestros hijos se merecen piletas seguras
 

NEGLIGENCIA ESTATAL Y PRIVADA EN LA MUERTE DE FLORENCIA AYELÉN MÖLLER ROMBOLÁ
 
Por Alicia Oliveira
 
Buenos Aires, 15 de junio de 2001.

 VISTO:

                        La actuación nº 2048/01 iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a fin de investigar las irregularidades existentes en el natatorio del club All Boys 200 S.A., establecimiento deportivo en el que en febrero de este año falleció la menor Florencia Ayelén Möller Rombolá. 

Y CONSIDERANDO:

Introducción. La muerte de la menor Florencia Ayelén Möller Rombolá en el natatorio del club All Boys 200 S.A.

                                                Que, el 12 de febrero de 2001, Florencia Ayelén Möller Rombolá, de nueve años, murió ahogada en la pileta del club All Boys de esta ciudad, concesionado a la red de Clubes Megatlón, la que explota las actividades deportivas del club y tiene a su cargo el funcionamiento del natatorio y la contratación de los profesores que trabajan en la institución.

                                                La madre de la menor, Marisa Rombolá, señala que su hija se ahogó mientras tomaba clases de natación con la profesora María Cecilia Privato, junto a otros diez niños. La señora Rombolá relata que a Florencia la descubrió hundida en el fondo de la pileta un niño, que ni la profesora ni la guardavidas que se encontraban en el natatorio advirtieron que Florencia se ahogaba y que, cuando el niño llamó a la profesora, ésta no se zambulló a rescatarla sino que mandó llamar a la guardavidas que estaba distraída lejos del lugar.

                                                Según la señora Rombolá, Florencia no sabía nadar y falleció en su cuarta clase de natación. Asimismo, afirma que el médico del club no contaba con tubos de oxígeno y las máscaras respectivas, aunque el facultativo le comentó que a la niña la habían sacado de la pileta sin signos vitales. En este sentido, la autopsia firmada por el Dr. José Angel Patiño, Médico Forense de la Justicia Nacional, concluyó que la muerte de la menor fue producida por asfixia por sumersión.

                                                A raíz de la gravedad del hecho descripto y de la decisión de la Administración de habilitar el funcionamiento del natatorio con posterioridad a la muerte, sin haber realizado la correspondiente inspección para garantizar la seguridad en el desarrollo de las actividades que allí se prestan, el 9 de marzo de 2001 el Jefe del Area de Interés Ciudadano de esta Defensoría del Pueblo se constituyó en dependencias de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tomar vista del expediente nº 012673/DGB/2000. De la compulsa de las actuaciones se desprende que el natatorio que funciona en el club All Boys, ubicado en Alvarez Jonte 4180, lo hace con una habilitación precaria de fecha 28 de febrero de 2001. Esta habilitación fue otorgada sin que las autoridades pudieran tener acceso al recinto en virtud de la clausura judicial ordenada con motivo de la muerte, y sin que el club haya cumplido con la intimación a realizar mejoras ordenada por el organismo verificador el 28 de noviembre de 2000.

                                                Sin perjuicio de la causa que en la actualidad tramita por ante la justicia a efectos de determinar responsabilidades de tipo penal derivadas del hecho acaecido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad inició una investigación de oficio debido a las irregularidades que se detectaron en el expediente administrativo de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones. A continuación se expondrán las conclusiones de la información recabada a la fecha, que demuestra serias negligencias y omisiones en el proceso de fiscalización del natatorio del club All Boys, así como el manifiesto incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de ejercer facultades de prevención, control y supervisión sobre la seguridad en los natatorios. 

La normativa que rige la actividad de los natatorios. La obligatoriedad de habilitación previa

                                                En la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza nº 41.718 establece los requisitos que deben cumplirse para la habilitación y funcionamiento de los natatorios. El cumplimiento de esta normativa es esencial para asegurar condiciones de seguridad adecuadas en los natatorios. Por esta razón, la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones debe constatar que las instituciones dedicadas a la natación observen todas las disposiciones que la ordenanza contempla, bajo apercibimiento de las penalidades correspondientes para el caso de incumplimiento. 

                                                De las disposiciones contenidas en la ordenanza, se tomarán en consideración ciertos artículos, en atención a las particularidades del natatorio del club All Boys y de las conclusiones de las inspecciones oportunamente efectuadas por la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones y por esta Defensoría del Pueblo.

                                                El art. 3º, hace referencia a la documentación que debe adjuntar el establecimiento deportivo, además de cumplir con las condiciones generales en la materia, para solicitar la habilitación. Ellas son:

            a) Certificado de aprobación de los equipos de tratamiento del agua, sustancias químicas a utilizar para la corrección del PH, coagulación, desinfección y alguicida extendido por la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente;

            b) certificado final de funcionamiento o acta de inspección final extendida por la empresa Obras Sanitarias de la Nación, en donde conste que la instalación del natatorio se ha realizado conforme a las disposiciones vigentes.

                                                El art. 6º describe las condiciones del recinto de pileta que deberá tener “solado de material impermeable, antideslizante, de fácil lavado y con suficiente pendiente hacia los desagües para permitir la rápida evacuación del agua. Se colocará una cerca o baranda para establecer una separación con el espacio destinado a los espectadores, al que no deben tener acceso los usuarios de la pileta. De existir solarium, con un solado que no reúna las características exigidas precedentemente, éste conformará un sector diferenciado dentro del recinto de pileta y su comunicación se hará a través de un lavapies con duchas continuas en todo su recorrido. La pileta de natación tendrá una vereda de un ancho mínimo de 1,20 metro que la circunda (...)”. El art. 8º agrega que “en el recinto de la pileta habrá como mínimo un surtidor de agua para beber”.

                                                El art. 15º señala que en la pileta “habrá una canaleta de derrame corrida y perimetral proyectada de manera tal que el exceso de agua y las materias en suspensión que entren en ella no puedan volver al natatorio, cuyo borde sea fácilmente aprehensible con la mano”.

                                                En cuanto al registro de las disposiciones de la ordenanza, el art. 27º establece que los natatorios contarán con un encargado responsable de llevar un registro en un libro foliado y rubricado por la Dirección competente en el que consten los siguientes datos:

            a) Cloro residual: determinado cuatro (4) veces al día;

            b) pH del agua, turbiedad y temperatura: determinado dos (2) veces por día:

            c) fechas en qué se ha procedido al vaciado total, limpieza y pintura de la pileta. Fecha en qué realizó la limpieza de los filtros del equipo de recirculación;

            d) Cantidad diaria de bañistas.

                                                Los requisitos para poder ingresar al recinto de pileta se incluyen en el art. 30º. Ellos son:

            a) Ser autorizada por el servicio médico quien será el encargado de efectuar la revisación previa por un profesional médico;

            b) Tomar previamente un baño higiénico con jabón y a cuerpo desnudo y en caso de hacer abandono momentáneo del recinto de la pileta, efectuar un baño con ducha para poder reingresar;

            c) presentar la piel libre de sustancias aceitosas y/o cosméticas;

            d) Tener un perfecto estado de aseo y conservación las prendas utilizadas para el baño.

                                                Especial consideración merece el art. 31º en relación al control y seguridad de los bañistas. La norma prescribe que “Durante las horas de funcionamiento de la pileta deberán estar presentes en el recinto de la misma dos personas con título de “guardavidas”, reconocido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las que se ubicarán en plataformas sobreelevadas que aseguren la clara visualización de los bañistas. La Dirección competente podrá exigir distinto número de guardavidas teniendo en cuenta el funcionamiento del natatorio”. En caso de emergencias, el recinto, de conformidad con el art. 32º, “deberá disponer de un equipo de salvamento constituido por vara con gancho, sogas y salvavidas, el que se ubicará de manera tal que se asegure su fácil e inmediata utilización en casos de emergencia”.

                                                Finalmente, el art. 39º ordena realizar el señalamiento de la pileta de natación por medios bien visibles dispuestos de la siguiente manera:

            Inciso b): En donde la profundidad de la pileta alcance 1,40mts. se deberá cruzar el piso con una banda de color rojo de ancho mínimo de 0,10mts. la que se prolongará en los paramentos laterales. Asimismo se deberá colocar un cartel de peligro de fácil visualización.

            Inciso d): Se demarcará el cambio de pendiente entre las zonas de mayor y menor profundidad mediante una cuerda de seguridad colocada del lado menos profundo a 1 metro del cambio de pendiente y a 1,50mts. sobre el nivel del agua.

Las irregularidades detectadas por la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La habilitación precaria del natatorio con posterioridad a la muerte.

                                                El 7 de julio de 2000 la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones efectuó una inspección en el club All Boys. En lo relativo a la observancia de la Ordenanza nº 41.718, en el informe respectivo consta el incumplimiento del establecimiento deportivo de determinados requisitos, por lo que el organismo dispuso que:

            - La institución debía presentar copia autenticada del Certificado de aprobación de los equipos de tratamiento del agua y Certificado de inspección final, extendido por Aguas Argentinas.

            - La institución debía dar cumplimiento a lo establecido en el art. 39 de la Ordenanza nº 41.718.

            - Se dejó constancia de que se labró acta de comprobación serie 2 n 46561 por funcionar el Natatorio sin exhibir el respectivo libro de registro de inspecciones para la actividad, al momento de la inspección.

                                                El 28 de noviembre de 2000, la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones intimó al club All Boys a realizar mejoras. La intimación firmada por el Dr. Horacio Daniel Spandolari, Director General de Verificaciones y Habilitaciones, dice textualmente:

            “Se pone en su conocimiento que para que el local citado funcione en forma reglamentaria, deberá efectuar las mejoras que se enuncian a continuación; para lo que se acuerda un plazo de 30 (treinta) días; bajo apercibimiento de aplicar las penalidades establecidas en las normas vigentes, si así no lo hiciere.

            1) Deberá presentar nuevo juego de planos, fielmente ajustados a lo hecho en el terreno, según lo dispuesto en el art. 2.1.4 CHYV.

            2) Deberá presentar copia autenticada del Certificado de aprobación de los equipos de tratamiento del agua, otorgado por la DGPYCA y Certificado de final de inspección, extendido por AGUAS ARGENTINAS (art. 3º Ord. 41.718 AD 798.1 CHYV).

            3) Deberá dotar al recinto de pileta de un lavapies y un bebedero (arts. 6 y 8º de la Ord. 41.718).

            4) Deberá presentar copia de la plancheta del Libro de aguas del natatorio, extendido por la DGPYCA (art. 27 Ord. 41.718).

            5) Deberá dotar al recinto de la pileta, de un equipo salvavidas, según art. 32º Ord. 41.718).

            6) Deberá presentar copia de la plancheta del Libro médico que posee el local, según ART. 30º ORD. 41.718.

            7) Deberá darse cumplimiento a lo estipulado en el art. 39º de la Ord. 41.718, en lo que hace a la señalización de las profundidades del receptáculo de la pileta.

            8) Deberá dotar a los medios de ingreso y egreso generales, de las luces de emergencias y flechas indicadoras de salida, así como también deberá presentar copia del Plano de condiciones contra incendio, registrado por la DGFOC, visto la superficie que posee el edificio (CAP. 4 12 C.E.).

            9) Deberá presentarse copia autenticada de la plancheta del Libro registro de inspecciones correspondiente a la actividad principal (ART. 2.1.3 CHYV).

            10) Deberá dotar a los vestuarios de ambos sexos, de surtidores de agua (ART. 22º ORD. 41.718)”.

                                                 La intimación de mejoras evidencia el incumplimiento del club All Boys del múltiples disposiciones de la ordenanza nº 41.718. Sin embargo, vencido el plazo de la intimación y con posterioridad a la muerte de la menor, el club fue nuevamente habilitado a pesar de que las autoridades no tuvieron acceso al recinto del natatorio.

                                                 En efecto, el 23 de febrero de 2001 personal de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones se constituyó en el club All Boys. El informe firmado por la licenciada María del Valle Torres manifiesta que “En la fecha me constituí en el local sito en Alvarez Jonte 4180, a fin de verificar la intimación de mejorar diligenciada oportunamente. De la inspección realizada se pudo observar que el local se encontraba clausurado por orden judicial, con custodia policial (...)”.

                                                No obstante la imposibilidad de efectuar la inspección debido a la clausura judicial, el 28 de febrero de 2001, la Dirección General de Verificaciones consideró que “no existen impedimentos para que se otorgue la autorización de funcionamiento con carácter precario del natatorio en cuestión, hasta tanto sea aprobada la reglamentación de la citada ordenanza (...)”. La disposición señala que el natatorio habilitado precariamente hasta que se reglamente la Ordenanza nº 41.718 tiene capacidad para 105 bañistas.

                                                Esta actitud de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones resulta sospechosa debido a la manifiesta contradicción que implica que primero se intime al club a realizar mejoras por violación de la Ordenanza nº 41.718 y que, cuando ocurre una muerte, se interprete que corresponde otorgar una habilitación precaria hasta tanto se reglamente la norma. Todo ello, sin que el organismo haya accedido al natatorio y con la expresa aclaración de que el natatorio del club All Boys, donde murió una niña de 9 años, tiene capacidad para 105 bañistas, los que podrán dedicarse a nadar en un recinto que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad que rigen la materia.

                                                Al respecto, debemos tener presente que el 15 de febrero de 2001, el juez de la causa penal desestimó la solicitud de levantamiento de la clausura del natatorio, formulada por el club All Boys. El viernes 23 de febrero de 2001, último día hábil de la semana, la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones no pudo efectuar la inspección por la clausura judicial. Con inusual celeridad, el miércoles siguiente se otorgó la habilitación precaria y, el 8 de marzo de 2001, el juez resolvió el levantamiento de la clausura sobre la base de lo dispuesto por la autoridad competente en materia de habilitaciones. La rapidez del procedimiento en las circunstancias del caso, sólo puede generar dudas y sospechas sobre las razones que motivaron la conducta de la Administración.

Las irregularidades detectadas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

                                                Transcurridos dos meses del fallecimiento de Florencia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad pudo constatar, con grave preocupación, que el natatorio del club All Boys continúa funcionando sin cumplir con la Ordenanza nº 41.718. En la actuación de referencia se encuentran agregadas las fotografías tomadas en la inspección de la Defensoría de fecha 19 de abril de 2001, así como las observaciones de los inspectores a cargo de la verificación.

                                                Entre las irregularidades detectadas, el informe respectivo señala que en el natatorio no existe ninguna señalización de la zona de peligro con un cartel, conforme lo establecido en el art. 39 inc. b) de la Ordenanza nº 41.718. Asimismo, no se observa la plataforma sobreelevada que asegure la visualización de los bañistas, donde deberán ubicarse dos personas con título de guardavidas, reconocido por el Gobierno de la Ciudad en el art. 31 de la Ordenanza nº 41.718. 

                                                En el natatorio no existe la canaleta de derrame corrida y perimetral, cuyo borde debe ser fácilmente aprehensible, art. 15 de la Ordenanza nº 41.718.

                                                En el recinto no están demarcadas, mediante una cuerda de seguridad, las zonas de mayor y menor profundidad. Cada cuerda debe estar colocada del lado menos profundo a un metro del cambio de pendiente y a un metro cincuenta sobre el nivel de agua, art. 39 inc. d) de la Ordenanza nº 41.718. 

                                                Por lo expuesto, después de dos meses de la muerte de una menor en el natatorio del club All Boys, esta Defensoría confirmó que el recinto sigue funcionando en violación a las disposiciones reglamentarias de la actividad, hecho que constituye un factor de extremo riesgo para la seguridad de las personas que concurren al establecimiento deportivo.

El Consejo Metropolitano Permanente de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires.

                                                Este Consejo fue creado por la Ordenanza nº 52.241 en el año 1997. El art. 1º de esa ordenanza dispone la creación del Consejo “dentro del ámbito de la Dirección General de Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaría de Promoción Social del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

                                                Por su parte, el art. 2 señala que el Consejo “actuará como organismo asesor de la Dirección General de Deportes y Recreación y, en tal carácter, podrá intervenir en el diseño de las políticas dirigidas a: 

            a) El diseño de un sistema de formación, evaluación, promoción y habilitación de los Guardavidas y Servicios de Seguridad y Rescate en los Balnearios y Natatorios.

            b) El establecimiento de un sistema de supervisión y control del funcionamiento de las escuelas de guardavidas de la Ciudad de Buenos Aires.

            c) La creación de un Registro de Guardavidas que permita realizar un seguimiento sobre antecedentes, notas de mérito, sanciones y toda otra información relevante para el adecuado control del Estado sobre la calidad de los servicios prestados y la verificación de los necesarios niveles de seguridad.

            d) La elaboración de programas tendientes a desarrollar una tarea educativa informativa en todos los niveles de educación de la Ciudad.

            e) Generar un fluido intercambio de información con instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales que desarrollan actividades afines con el objeto de incorporar información técnica”. 

                                                La ordenanza prevé que el Consejo estará compuesto por once miembros en representación de diversas instituciones de la Ciudad, entre las que se encuentran la Secretaría de Promoción Social y la Dirección General de Deportes, dependiente de esa Secretaría.

                                                El 27 de marzo de 2001, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires remitió un pedido de informes al señor Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de conocer el modo en que en la Ciudad se implementan las directivas de la ordenanza citada. Específicamente, se requirió que informara:

            1) Si en el natatorio del club All Boys están registradas dos personas con título de “guardavidas” reconocidos por el Gobierno de la Ciudad, durante las horas de funcionamiento de la pileta en forma permanente;

            2) Si se ha realizado ese control en este natatorio así también como en todos aquellos que funcionan en la ciudad.

            3) Si funciona el “Consejo Metropolitano de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires” dentro del ámbito de esa Dirección General.

            4) Si se ha establecido un sistema de supervisión y control del funcionamiento de las escuelas de guardavidas de la Ciudad de Buenos Aires.

            5) Si se ha creado un registro de Guardavidas que permita realizar un seguimiento sobre antecedentes, notas de mérito, sanciones y toda otra información relevante para el adecuado control del Estado sobre la calidad de los servicios prestados y la verificación de los necesarios niveles de seguridad.

                                                La respuesta de la Secretaría de Deportes acompaña un informe del Programa de Formación de Recursos Docentes de la Dirección General de Deportes de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad, que textualmente expresa: 

            - “Sobre el punto 1, desconozco ya que ni nuestro Programa ni la Escuela de Guardavidas fiscaliza dichos temas y no sabemos si alguien lo hace. Es función del Consejo Metropolitano de Guardavidas.

            - Punto 2, desconozco por las mismas razones del punto 1.

            - Punto 3, el Consejo Metropolitano de Guardavidas fue creado por la Ordenanza nº 52.241 del 19 de noviembre de 1997, promulgada el 11 de diciembre de 1997 y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires nº 385 del 10 de febrero de 1998. Por decreto nº 195 del 26 de febrero de 2001, fue aprobada la reglamentación respectiva, pero aún no fue integrado el Consejo respectivo.

            - Punto 4, es función del Consejo Metropolitano de Guardavidas.

            - Punto 5, es función del Consejo Metropolitano de Guardavidas, nuestra Escuela tiene el registro de nuestros egresados“.

                                                El desconocimiento de todas las cuestiones sobre las que se solicitó información es un elemento que se suma a la desidia y torpeza que ha demostrado la Administración en el presente caso. La Dirección de Deportes -a esta altura cabe preguntarse a qué se dedica esta dirección- no sabe nada sobre el funcionamiento del Consejo Permanente de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires, que fue creado en el ámbito de la Dirección de Deportes. Además, el organismo requerido no sólo manifiesta su absoluto desconocimiento respecto de la actividad del Consejo, sino que concluye que todas las funciones de supervisión y control pertenecen a un Consejo Metropolitano que aún no ha sido integrado a pesar de que la ordenanza fue promulgada en el año 1997. Por lo tanto, subsiste el interrogante de quién se encarga en la Ciudad de Buenos Aires del cumplimiento de la obligación esencial de control sobre la calidad de los servicios prestados y la verificación de los necesarios niveles de seguridad en los natatorios. 

La responsabilidad del Estado en materia de habilitaciones. El caso de las piletas de natación.

                                                Tanto la doctrina como la jurisprudencia en el ámbito del derecho administrativo han interpretado en reiteradas oportunidades que existen determinadas actividades que, por su naturaleza, están sujetas a un régimen de habilitación previa de la Administración, concedida en ejercicio del poder de policía. Se trata de limitaciones administrativas que exteriorizan la necesidad pública de “reglamentar”, “regular”, “ordenar”, “limitar” e “imponer” ciertas conductas por razones de bien común.

                                                La limitación jurídica de los derechos subjetivos de los administrados, encuentra su fundamento en la valoración de intereses públicos. En este sentido, la función administrativa se orienta a controlar que una determinada actividad de los particulares no constituya un riesgo para la integridad física, la salud o la seguridad de los ciudadanos.

                                                La habilitación de locales y establecimientos se erige, entonces, en  una potestad propia de la Administración destinada a regular y limitar la actividad de los particulares con el objeto de asegurar fines públicos. La necesidad de habilitación se dirige a un control preciso de actividades que, si no se ejerce en debida forma, puede dañar el interés público. Como ha expresado la jurisprudencia, “En algunos supuestos la habilitación está simplemente reglada, en cuyo caso la administración se limita a comprobar el cumplimiento de determinados recaudos, y en otros casos importa un poder meritativo de tipo discrecional. Pero en definitiva, en ningún supuesto existe un derecho preexistente del particular para obtener la habilitación, sino tan sólo para lograr una decisión administrativa que se ajuste a la normativa vigente” (SCBuenosAires, Caniglia, José c. Municipalidad de Tigre, DJBA, 124-113).

                                                En ejercicio de esta potestad de control sobre determinadas actividades, la autoridad competente puede realizar válidamente diferentes actos, como, por ejemplo, conceder una habilitación o retirar habilitaciones conforme a la normativa vigente en un momento dado, cuando entran en colisión con normas posteriores cuya inmediata aplicación estime indispensable por razonables motivos de interés público. En todos los supuestos, la función administrativa importa una modalidad de obrar de contenido prohibitivo, reglamentaria, reguladora por razones de bien común.

                                                La potestad administrativa de conceder habilitaciones está íntimamente relacionada con la protección del interés común. A tal efecto, se dictan normas reglamentarias cuyo cumplimiento es obligatorio para el particular. Asimismo, el dictado de normas reglamentarias genera un conjunto de obligaciones para la administración que consisten en aplicar la normativa, controlar su efectivo cumplimiento e imponer sanciones para el caso de incumplimiento. Por lo tanto, la función administrativa en modo alguno se limita a una mera “facultad de hacer”, sino que implica una “obligación de hacer”, es decir, un obrar constante y diligente para garantizar los derechos que el accionar estatal persigue.

                                                En el presente caso, el accionar de la administración con respecto al control de las actividades que se realizan en el club All Boys no sólo resultó negligente sino que constituyó un absoluto desentendimiento de obligaciones esenciales e indelegables. Es evidente que “la pileta de natación que se encuentra dentro de una entidad deportiva tiene la naturaleza de cosa riesgosa” (C1aCivyComSanIsidro, Sala I, Olguín, Mauricio c. Club Sportivo Balcarce, DJ, 987-1-436), más aún si a esa pileta concurren menores de edad que no saben nadar. En estos casos, cualquier deficiencia en la infraestructura del establecimiento y cualquier incumplimiento de las disposiciones en la materia, provoca el riesgo de daños irreparables como sucedió con la muerte de la menor Florencia Ayelén Möller Rombolá.

                                                No obstante la gravedad del hecho en cuestión, hoy el club All Boys sigue funcionando como si nada hubiera ocurrido. Para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece irrelevante que una menor se haya ahogado en su clase de natación. Resulta llamativo y preocupante, a la vez que incomprensible, el grado de irresponsabilidad en el accionar estatal, por cuanto se han incumplido las siguientes obligaciones:

            Deber de prevenir: La institución deportiva fue intimada a realizar mejoras en un plazo de treinta días pero no se fiscalizó su cumplimiento.

            Deber de adoptar medidas concretas: No se realizó una inspección posterior a la muerte de la menor a fin de evitar que en el futuro se repitan hechos de esta naturaleza.

            Deber de control de la actividad: El lamentable antecedente que motiva esta resolución no generó una respuesta institucional adecuada. La administración no implementó ningún mecanismo de fiscalización de carácter preventivo en otras instituciones dedicadas a la natación.

                                                Conforme a la clasificación de la inactividad estatal propuesta por el derecho administrativo, en el presente caso la administración ha incurrido tanto en una inactividad material, como en una inactividad formal (Conf. Tawil G. S.; Administración y Justicia; T. 1, p. 285), entendiendo a la primera como “el incumplimiento por parte de la administración de sus competencias ordinarias, en la pasividad de los entes administrativos para ejecutar o llevar a su debido cumplimiento los objetivos que le son propios” y a la inactividad formal como “aquella que se produce en el marco de un expediente o un procedimiento administrativo, ante la falta de impulso o respuesta a una petición formulada” (Conf. Tawil G. S.; ob cit., p. 284).

                                                La inactividad estatal tiene consecuencias directas sobre los administrados, cuyo alcance dependerá de las particularidades de cada caso concreto. No obstante ello, es preciso señalar que el fallecimiento de una persona por asfixia por inmersión en la pileta de natación del club All Boys es por sí solo demostrativo de la negligencia por omisión en que incurrió la administración, que no constató debidamente las condiciones de funcionamiento del natatorio. La menor murió por asfixia por inmersión mientras se encontraba tomando clases de natación y este hecho dañoso es único y pudo haber sido evitado.

                                                La administración debe vigilar, y no lo hizo, que un establecimiento que dispone de un natatorio está obligado a extremar las medidas de seguridad de la actividad y debe contar con personal idóneo para acudir con presteza ante todo hecho irregular que en él se produzca.

                                                Asimismo, no se fiscalizó la idoneidad de la docente a cargo de la clase, que no advirtió que la menor se sumergía y no volvía a la superficie. Al respecto la jurisprudencia ha dicho que “si los padres entregan a su hijo menor a una institución deportiva y le pagan para que le enseñe a nadar, existe un contrato, por lo que el docente asume una actividad riesgosa y las zambullidas en una pileta son riesgosas, porque la natación en aguas profundas es riesgosa, por lo que juega más que nunca la obligación tácita de seguridad (C1aCivyComMardelPlata, Sala I, Manes, Roberto P. y otro c. Instituto Deportivo Mar del Plata y otros, DJBA, 151-6931).

                                                Tampoco se fiscalizó que el establecimiento contara con la cantidad de personal adecuado en el natatorio. Sobre esta cuestión, la jurisprudencia ha dicho que la insuficiencia de contar con un sólo profesor para el cuidado y protección de los usuarios de la pileta, configura la negligencia y falta de cuidado exigible por lógica, al no tomarse las previsiones necesarias para cubrir los riesgos propios de la actividad (Conf. Cámara de Apelaciones de Pergamino, Lugo, Horacio R. y otra c. Club Atlético Argentino y otro, LLBA, 1997-746).

                                                A todo ello se suma la falta de reglamentación de la Ordenanza nº 41.718, la ridícula respuesta de la Dirección de Deportes, la incertidumbre sobre el Consejo Metropolitano Permanente de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires, y la falta de conciencia que la Administración ha demostrado sobre las obligaciones que pesan sobre el Estado en toda su amplitud de autoridades en cualquiera de los niveles de gobierno.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) RECOMENDAR al señor Director de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires que ordene la clausura del natatorio del club All Boys 200 S.A., ubicado en Alvarez Jonte 4180, hasta tanto el establecimiento deportivo cumpla con las disposiciones de la Ordenanza nº 41.718, y que constate el debido funcionamiento, de los natatorios de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la normativa.

2) COMUNICAR el contenido de la presente resolución al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, a los efectos que estime corresponder. 

3) Fijar en 5 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires. 

4) Notifíquese, regístrese y oportunamente archívese.

Código 441

IeI/cp

RESOLUCION Nº 1330/01


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