Las antenas de telefonía celular y los riesgos de contaminación electromagnética se encuentran entre los temas por los cuales hemos recibido mayor cantidad de reclamos y consultas durante el año 2002. Esto se debe a que la mayor parte de los organismos públicos y privados simplemente decidieron negar la existencia del problema.
 
Por ejemplo, algunos organismos científicos de prestigio se ampararon en bibliografía internacional notoriamente atrasada para decir que vivíamos en el mejor de los mundos.
 
Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad no parece haber registrado la existencia de miles de antenas en nuestros techos, todas clandestinas. Ni una sola de esos miles de antenas que erizan nuestros techos ha cumplido con las normas que fijan las leyes y reglamentos de la Ciudad para su instalación y habilitación, según nos informaron los funcionarios a cargo.
 
Esta situación (incomprensible para cualquier habitante del Primer Mundo) tiene que ver con la decisión de que el Estado no ejerza las funciones de control que les son propias. Estamos divulgando esta situación precisamente para que la presión de la opinión pública logre algo en apariencia tan sencillo como que el Estado haga cumplir las normas que él mismo fijó.
 

 

 
¿Podemos imaginar una ciudad sin antenas?
("Ruas", acuarela de Xul Solar)


¿Están reguladas las antenas de telefonía móvil en la Ciudad de Buenos Aires? 

El Trabajo de la Defensoría.

 
Todavía no son antenas, pero las prefiguran.
("Ciudad", acuarela de Xul Solar, Buenos Aires, 1929)

¿Están reguladas las antenas de telefonía móvil en la Ciudad de Buenos Aires? El Trabajo de la Defensoría.

         Por María Teresa Mancini, Liliana Alvarez, Alberto Michi, Omar Curcio y Fabián Pugliese

La Ciudad de Buenos Aires, se encuentra inundada de antenas, hoy se han convertido en un paisaje cotidiano de nuestro entorno. ¿Cuando sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién regula esta situación que genera tantos beneficios y tantos miedos a la vez? Éstas son las preguntas mas frecuentes cuando empezamos a investigar este fenómeno.

Puede observarse asimismo la absoluta falta de control, tanto de los organismos Nacionales como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ante esta situación, esta Defensoría del Pueblo inició una investigación acopiando datos surgidos de diferentes actuaciones e información brindada por los organismos de control. Como una primer conclusión se emitió la Resolución Nº 3405 de 2001 y la Nº 4460 de 2002, que arrojaron datos determinantes sobre la materia, como veremos a continuación.

A fin de enmarcar la situación, desde el punto de vista normativo, corresponde en primer lugar recordar ciertos preceptos constitucionales.  

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 10º pondera que “...Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos.

Que luego en el artículo 26 respecto del derecho a un ambiente sano declara que, “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras...Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer....Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causen o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.".

Artículo 28: "Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, se establece: “...la prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o tecnologías no autorizados o prohibidos en el país de producción, de patentamiento o de desarrollo original. La ley establecerá el plazo de reconversión de los que estén actualmente autorizados...". Este artículo evidencia, con total sensatez, que se deben observar y adoptar, políticas de otros países a fin de aplicar mejores métodos y tecnologías en nuestro territorio, sobretodo si estas se refieren al AMBIENTE.

Dado que la norma constitucional determina la necesidad de cesar toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño, corresponde analizar la cuestión tomando información de los organismos competentes en materia de salud.  

En tal sentido, debe destacarse que la Organización Mundial de la Salud, emitió una recomendación formal donde plantea la necesidad de aplicar plenamente el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que existe incertidumbre científica al respecto de la contaminación electromagnética generada por las antenas de Telefonía Móvil y transmisoras de datos;  por ende los Estados deben actuar con cautela y precaución.

El principio precautorio viene de la mano del DERECHO A LA INFORMACIÓN, como precepto ambiental por excelencia, ya que aquel que no está informado se encuentra indefenso para poder prevenir y evitar riesgos. 

El Estado debe ocuparse de preservar el BIEN COMÚN de los ciudadanos, para lo cual debe conocer cabalmente el ambiente que los rodea.

Actualmente las antenas están siendo cuestionadas sobremanera en países avanzados y con mayores tecnologías en función de la preservación del ambiente y  la salud. 

Hoy las antenas son un punto oscuro para un Estado en permanente ausencia. Cabe preguntarse cómo aplicar el principio precautorio desde los organismos estatales si ellos no poseen registro actualizado de las antenas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.  

Dado que en nuestro país no existe normativa actualizada respecto al tema, puede efectuarse un análisis comparativo con legislación en países centrales.

En función de lo dicho y con el fin de comparar, resulta conveniente citar y considerar, a la luz de lo dispuesto por la normativa referida y en particular la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 28, párrafo segundo, la Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 12 de julio de 1999, hecho en Bruselas,  relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30/07/99 Pág. 1.199/59 - 1.199/70.) que en sus considerandos aborda el tema sin ambages semánticos en los términos siguientes:

" (2) En su Resolución del 5 de mayo de 1994 sobre la lucha contra los efectos nocivos provocados por las radiaciones no ionizantes, el Parlamento Europeo invitó a la Comisión a proponer medidas legislativas para limitar la exposición de los trabajadores y del público en general a la radiación electromagnética no ionizante;" 

"(4) Es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la Comunidad contra los efectos nocivos para la salud que se sabe pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos;"

"(9) La presente Resolución tiene como objetivo proteger la salud de los ciudadanos y, por lo tanto, se aplica en especial a las zonas pertinentes en las que los ciudadanos pasan un lapso de tiempo significativo en relación con los efectos cubiertos por la presente Recomendación;"

En consecuencia a la norma europea, el Ministerio de la Presidencia de España dicta el Real Decreto 1.066/2.001 de 28 de septiembre ( B.O.E. Nº 234, pág. 36.217/36.227 del 29/09/01.)  por el que aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a la emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Estable que entre otros objetivos se halla el de "..., adoptar medidas de protección sanitaria de la población." , precisando que "El presente Real Decreto cumple con las propuestas contenidas en las mociones del Congreso de los Diputados y del Senado, que instaron al Gobierno a desarrollar una regulación relativa a la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas de las antenas de telefonía móvil."

Adopta el principio de precaución y las evaluaciones llevadas a cabo por organizaciones nacionales e internacionales (Capítulo III, artículo 7); y dentro de los requisitos para autorizar la instalación de estaciones y antenas considera que deben minimizarse, de manera particular, los niveles de emisión sobre "espacios sensibles" como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos. 

Completa la normativa Española el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España con la Orden CTE/23/2.002 del 11 de enero de 2002 (B.O.E. del 12/01/2002 pág. 1.5281.536) que establece las condiciones y requisitos para la presentación de estudios y certificaciones de operadores de servicios de radiocomunicaciones, que en su artículo Tercero, ap. 3.1., 3), f) establece que "Para las estaciones tipo ER 1 (potencia isotrópica radiada equivalente superior a diez vatios) y ER 2  (potencia isotrópica radiada equivalente inferior o igual a diez vatios), cuando en un entorno de 100 metros de las mismas existan espacios considerados sensibles (guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales, parques públicos, residencias o centros geriátricos), el estudio tendrá en consideración la presencia de dichos espacios, para que se justificare la minimización de los niveles de exposición sobre los mismos según lo previsto en el artículo 8.7 del Reglamento y se aportarán los niveles de emisión radioeléctrica calculados, teniendo en cuenta los niveles de emisión preexistentes, en dichos espacios."

Amén de encontrarnos muy lejos de una regulación semejante a la mencionada, actualmente la instalación de antenas en la Ciudad de Buenos Aires debe cumplimentar una serie de requisitos, en cuanto a la regulación Nacional, las Resoluciones nros. 202/95 del Ministerio de Salud y 530/00 de la Secretaría de Comunicaciones, la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal.  

Se encuentra en vigencia asimismo la Ley Nº 19.978 sobre estaciones radioeléctricas y el Decreto P.E.N. Nº 1.185/1.990 que asigna a la C.N.C. la responsabilidad de homologar equipos.

Dicha actividad que lleva adelante el Área Normalización de equipos y Homologaciones de la Gerencia de Ingeniería de la C.N.C. , siendo administrada a través del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones - RAMATEL - 

Por su parte, el Decreto P.E.N. Nº 764/2000 reglamenta sobre la Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico.

Asimismo se ha sancionado la Resolución Nº 269/02 de la Comisión Nacional de Comunicaciones por la cual se establece que:  

a)   Toda estación radioeléctrica debe cumplir con los recaudos establecidos en la Resolución SC Nº 530/2.000; que las estaciones preexistentes deben,

b)    En el plazo de ciento ochenta días a partir del 18 de marzo de 2002 para cumplir con las prescripciones de la Resolución SC Nº 530/2.000;

c)    Se aprueba el Protocolo para la Medición de Radiaciones No Ionizantes y los formularios para informar los resultados de las mediciones que se efectúen –este último hoy con serios cuestionamientos- .

Cada gobierno local debe encargarse de regular todo lo referente a la localización y sus límites, a la estructuras de las mismas y finalmente al impacto ambiental y urbanístico de las antenas.

En cuanto a la regulación local la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece –amén de los artículos ya mencionados-,  en su  Artículo 27: " La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento terrotorial y ambiental participativo y permanente que promueve:                     

La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio.

La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora.......

La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.......

La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte.

La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos.

El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat........

Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales

La educación ambiental en todas las modalidades y niveles." 

Queda clara las amplias posibilidades legales en la materia que nos ocupa que posee la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo hacen para no ver algo de este tamaño?

En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Planeamiento Urbano (ley Nº 449), refiere a la instalación de estas estructuras, referenciándolas y localizándolas con el numeral “C” solo en los distritos R2a, R2bI-II, R2bIII, C1, C2, C3, E1, E3, I. De lo expuesto surge que el Cuadro de Usos 5.2.1 sólo prohíbe la instalación de antenas en Distritos Residenciales Exclusivos (R1) y en los Distritos Urbanización Parque (UP).  

Estos elementos son definidos en el mencionado Cuadro de Usos como “Estación de radio y / o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión”.

El mencionado Código de Planeamiento Urbano divide la ciudad en Distritos establece que cuando una actividad está referenciada con el numeral “C”, prevé que “el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso,  el FOS correspondiente”.

 

De esta manera, las antenas de comunicación pueden, según el Código de Planeamiento Urbano, instalarse prácticamente en toda la ciudad y no se establecen requisitos desde esa normativa, ya que queda a criterio del Consejo Asesor de Planeamiento Urbano (CAPU) en cada caso en particular.

 

Como una manera de suplir este vacío normativo, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro emitió la Resolución N° 902/DGFOC/98, en la que se imponen requisitos para el emplazamiento de las estructuras portantes de antenas destinadas a Sistemas de Comunicación, Microondas, VHF, UHF, TV, Sistemas de Video Cable y Transmisión de Datos. A continuación se detallan estos requisitos:

 

Ø      Permiso de construcción, si correspondiente (según art. 2.1.1.1 del Código de la Edificación).

Ø      Normas de cálculo de estructuras (Art. 8.5.1.0 del mencionado Código).

Ø      Verificación a la acción del viento.

Ø      Autorización del Comando de Regiones Aéreas (Código Aeronáutico).

Ø      Conformidad de la totalidad de los copropietarios certificada ante Escribano Público (cuando la instalación se realice en edificio sometido al régimen de propiedad horizontal).

Ø      Las instalaciones complementarias (eléctricas, mecánicas, etc.) deberán contar con el permiso correspondiente.

Ø      Las instalaciones de antenas existentes deberán cumplir con la totalidad de los artículos señalados precedentemente.

 

Estos requisitos se refieren a condiciones de la estructura física del portante de antena y sus instalaciones anexas o complementarias. En ningún momento se hace referencia a la potencia de emisión, ni a inconvenientes vinculados a la contaminación visual.

 

El cumplimiento de estos requisitos es meramente administrativo, por lo que no existen verificaciones in situ para constatar si lo declarado condice con la realidad.

 

Cabe destacar que el emplazamiento de las grandes estructuras portantes puede ocasionar accidentes, si no son debidamente controlados. Como funesto ejemplo puede mencionarse lo sucedido el 5 de mayo de 1997, en la calle Juan Calou al 5900 (ver Actuación N° 849/07), donde cayó la antena allí emplazada y falleció una mujer de 62 años.

 

En cuanto al trámite administrativo, la Secretaría de Espacio Público y Desarrollo Urbano, debe orientar y ordenar todas aquellas cuestiones atinentes a  la colocación de antenas en la ciudad de Buenos Aires, junto con otros organismos cuya intervención se deriva necesariamente de esta actividad, en tanto que esta Secretaría evalúa la zonificación del lugar a donde se localizará dicha estructura –atento a la ley 449 mencionada en el punto precedente-.

 

La misma Secretaría, previo informe, deriva el expediente a la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, a fin de que en atención a la Resolución 902-DGFOC-98, se expida respecto a la estructura portante.

 

La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, hace lo propio en cuanto a la estructura a instalar, evaluando la parte ingenieríl de la misma (como obra civil), tomando en cuenta la Resolución mencionada precedentemente, y solicita informe de diversos profesionales,  de acuerdo con las normas del oficio.

 

En cuanto a la posible contaminación que produciría el emplazamiento de la estructura e instalación de la antena, corresponde recordar que el Artículo 30 de la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires, ... "Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública."

Por su parte, la Ley 123 establece este Procedimiento Técnico Administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental. En su decreto reglamentario Nº  1120/01, Anexo II, bajo la categoría de servicios terciarios, donde se mencionan las que “pueden ocasionar molestias o ser peligrosos”, incluye el ítem “estación de radio telefonía móvil celular, campo de antenas y equipos de transmisión” y las considera como de CLASE III – GRUPO 1 – SUBGRUPO VII.

 

La categorización de las antenas según la ley 123 decreto anteriormente mencionado, implica de acuerdo con su artículo 30, “la presentación del formulario de categorización, acompañado de la formula polinómica”, ante la Autoridad de Aplicación (léase hasta ahora la Dirección de Política y Evaluación Ambiental).

 

De acuerdo con el puntaje final que arroje la tabla polinómica anteriormente mencionada, se determinará si la misma es con o sin relevante efecto.

 

Debe destacarse que esta tabla polinómica solo prevé, cuestiones atinentes a la estructura, la potencia de la antena, su altura, y el desmantelamiento, entre otros temas. La misma no prevé uno de los problemas (no menos importante) que generan estas estructuras y es la CONTAMINACIÓN VISUAL.

 

La misma tampoco prevé la incidencia de la existencia de otras antenas en el área, analizando parcialmente el impacto ambiental de cada una de ellas, al dejar de considerar el ambiente donde se instala.

 

A pesar de lo mencionado, la antena, en caso de ser considerada con relevante efecto ambiental, deberá presentar una Evaluación de Impacto Ambiental a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, la que finalmente emitirá la Declaración de Impacto correspondiente.

 

La Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, debe expedirse al respecto de cada una de ellas, pronunciando la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente.

 

En cuanto a la radiación generada por las antenas, debe observarse que, corresponde diferenciar los conceptos de emisión e inmisión. Cada antena emite una señal, con una determinada potencia, la cual se mide de acuerdo a su densidad, generalmente en miliwatts por cada centímetro cuadrado (mw/cm2).

 

Esta densidad de potencia disminuye con el cuadrado de la distancia, por lo que la inmisión (es decir  la radiación recibida por una persona o cosa) depende del punto donde se encuentre y la distancia de la fuente de emisión.

 

A la radiación emitida por una antena, debe sumarte la totalidad de radiación emitida por las distintas antenas de la zona (especialmente las más cercanas, ya que las más lejanas la potencia de radiación no resulta significativa).

 

Por lo expuesto, resulta fundamental que el Estado, a través de sus diferentes organismos de control en la materia, mantenga actualizado un padrón de antenas, con sus respectivas potencias de emisión y direcciones exactas. De esta manera, puede implementarse un mapeo de toda la ciudad, donde fácilmente pueda determinarse la inmisión en cada punto de la urbe y constatar así si existen niveles mayores a los tolerados por Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social.

 

Mediante este mecanismo puede analizarse cada caso y determinar si corresponde el otorgamiento de permiso para el emplazamiento de una nueva antena. Sin embargo, esto no se está haciendo.

 

Otra cuestión relacionada con esta problemática es la de establecer requisitos específicos para determinar lugares donde puedan instalarse este tipo de antenas. En tal sentido, puede mencionarse que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ingresó oportunamente un proyecto de ley (nunca aprobado), en el Expediente N° 73.430/00, donde se especificaba distancias mínimas entre la antena y locales habitables (3 metros) y prohibía su instalación en edificios históricos y sus linderos. Cabe destacar que el artículo 13° del proyecto mencionado establecía la obligación de presentar anualmente las mediciones de densidad de potencia de base de inmisión y emisión. 

 

Los vecinos de la ciudad suelen solicitar información sobre las consecuencias de la contaminación generada por las antenas y requieren saber si se encuentran permitidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no pueden conocer a qué empresa corresponde cada equipo, ya que no se identifican. De esta manera, se deja al vecino desinformado y con pocos elementos para defenderse frente a algo impuesto ilegalmente y que está inundando la ciudad. En caso de existir algún inconveniente o accidente, el vecino afectado no puede saber contra quién accionar.

 

Por ello, correspondería que cada empresa identifique fehacientemente cada antena y equipo anexo, mediante carteles que indiquen la razón social y dirección legal.

 

Los mecanismos de algunas empresas para evitar los controles (gubernamentales y sociales) llegan al extremo de instalar antenas en predios sin identificación catastral.

 

Hoy la Defensoría del Pueblo tramita gran cantidad de denuncias por antenas de telefonía móvil, que se instalan en azoteas y predios cerrados las que en muchas ocasiones aparecen y definitivamente cambian el ambiente del lugar.

 

Algunos de los cambios producidos se manifiestan  por los vecinos en el temor hacia estas instalaciones que generan tanta polémica en el ámbito mundial y local.

 

Estos vecinos al buscar respuestas en las empresas que han instalado la antena, solo encuentran evasivas e informaciones parciales.

 

A su vez, al consultar a los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran con otro vacío, que se evidencia en la falta de información, el poco poder de acción y la burocracia aparentemente  orientada a defender intereses parciales (que están muy lejos de los de los ciudadanos).

 

La falta de respuesta permanente trae a estos vecinos a buscar respuesta a esta Defensoría del Pueblo, que inicia nuevamente una odisea, por organismos Nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de encontrar información adecuada.

 

Hoy, como se menciona precedentemente, no existe regulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aúne opiniones, respecto de los lugares y procedimientos autorizados para la instalación de las mismas y sobre todo que tenga presente el riesgo que estas representan de no ser controladas debidamente.

 

Esta Defensoría del Pueblo ha solicitado al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a cada uno de los organismos competentes ya mencionados mediante Resolución 3405/01, que se legisle y se unifiquen controles a respecto de esta problemática.

 

La Secretaría de Planeamiento Urbano, con fecha 3 de Enero de 2002, informó a la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad las acciones a articular respecto de la problemática planteada por esta Defensoría.

 

La secretaría de Planeamiento Urbano, en la mencionada nota que posee el número de Informe: 0053-DGPeIU-2002, indica en su punto 3º  “...toda Antena que no cuente con trámite aprobatorio realizado ante la Dirección General de fiscalización de Obras y Catastro con informe previo de la Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística, es clandestina y debe regularizar su situación o desmontarse.”.

 

Hasta hoy no sólo no se han llevado adelante acciones concretas al respecto sino que además el número de antenas en la ciudad se ha seguido incrementando, y en su casi entera mayoría sin autorización alguna.

 

Así pues, gran parte de las antenas que se encuentran instaladas en la Ciudad de Buenos Aires no cumplimentan algunos de los requisitos enumerados en los ordenamientos citados precedentemente y, por ende, no están autorizadas a su instalación.

 

Muchas de ellas no podrán estarlo nunca ya que encuentran en zonas R1, o UP, vedadas por el Código de Planeamiento Urbano y la ley 123 para esos espacios, por sus particulares características.

 

Esta Defensoría del Pueblo se encuentra en condiciones de advertir y denunciar –nuevamente- que NO EXISTE CONTROL por parte de las autoridades competentes dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Una de las principales obligaciones al respecto está en cabeza de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC),  ya que las estructuras y las obras necesarias para dar soporte a las antenas en colectivo, deben ser aprobadas por esta Dirección General.

 

Según se ha informado a esta Defensoría del Pueblo dentro de la DGFOC, solo una (1) persona se encarga de realizar inspecciones, recibir denuncias, fiscalizar obras,  llevar adelante los expedientes de habilitación de antenas, y controlar todo lo atinente a los problemas derivados de la ilegalidad de las antenas que no han presentado inicio de trámite o de aquellas que luego de presentarlo no le han dado curso alguno.

 

Esta situación ha sido advertida en la resolución 3405/01, momento en que se conocía el dificultoso trabajo de dos inspectores dentro de dicho organismo, número que como se mencionó hoy desciende a uno.

 

Resulta obvio que es humanamente imposible  para una sola persona -a pesar de los buenos oficios de la misma- llevar el control estructural de las antenas en la Ciudad de Buenos Aires, siendo esta la ciudad que concentra la mayor cantidad de antenas del país.

 

Lo mencionado debe de ser conocimiento del Sr. Director General de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

 

Se han solicitado innumerables informes (y reiteraciones de los mismos en mas de una ocasión), al Sr. Director General de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, sobre la situación de las antenas denunciadas y se ha pedido que actúe en consecuencia y éste sólo ha contestado un porcentaje algo más que mínimo de los mismos, lo que denota una actitud negligente e implica el incumplimiento de la función para la cual ha sido designado.

 

Frente a un problema que se viene acrecentando, y del cual son responsables todos los organismos que debieran necesariamente intervenir, hoy no se observa cambio alguno.

 

Debe quedar claro que el control es casi nulo tanto por parte de los organismos de la Ciudad como por los organismos Nacionales.

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el deber de cuidado y la responsabilidad frente al inminente peligro que implica la falta de control de estas estructuras.

 

                                              Alteraron el paisaje urbano de este modo, ¡y no las vieron!

 

LA RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

 

                  La Defensoría del Pueblo, con fecha 28 de Agosto de 2002, emitió la resolución Nº 4460/02, la cual fue trabajada en forma conjunta con varias áreas de esta institución.

 

                  El objetivo de la misma fue volcar toda la información señalada en los puntos precedentes, en una serie de recomendaciones urgentes a diferentes órganos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

                  Así pues que estas fueron:

 

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES RESUELVE:

 1.  Recomendar al SR. JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Dr. Aníbal Ibarra, se resuelva sobre la falta de regulación sobre la instalación de  antenas en la Ciudad de Buenos Aires con carácter de urgencia.                      

2.  Recomendar al SR. JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Dr. Aníbal Ibarra, investigue las responsabilidades devengadas de la situación reinante a consecuencia de la falta de control en la instalación de antenas transmisoras de datos en la Ciudad de Buenos Aires.

3. Recomendar a la SRA. SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONTROL COMUNAL, Silvana Myriam Giudici, ordene al Director General de Fiscalización de Obras y Catastro, el nombramiento de inspectores calificados a fin de aumentar el número de personas a cargo del control de las estructuras de antenas, dentro de la Dirección de Instalaciones.

4.  Recomendar a la SRA. SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONTROL COMUNAL, Silvana Myriam Giudici, disponga la realización de un mapeo donde conste la totalidad de las antenas de transmisión de telefonía celular y transmisión de datos, con sus respectivas direcciones y densidad de potencia que emiten.

5. Recomendar a la SRA. SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONTROL COMUNAL, Silvana Myriam Giudici, imponga como requisito para el otorgamiento de permisos para la instalación de antenas de telefonía celular y transmisión de datos, la identificación de la empresa prestataria mediante carteles donde los vecinos puedan constatar datos de la misma (razón social, dirección legal y teléfono).

6. Efectuar un recordatorio de deberes de funcionario público al DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO, Ing. Norberto D’Andrea, atento a que no ha contestado la mayoría de los requerimientos peticionados por esta Defensoría al respecto de la instalación de las antenas de Telefonía Móvil y Comunicación, en la Ciudad de Buenos Aires.

7. Recomendar a la SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL de la Ciudad de Buenos Aires, Arq. Marta Balderiote incluya en los elementos a tener en cuenta al momento de categorizar una antena el impacto visual.

8. Recomendar a la Sra. Margarita CHARRIERE SUBSECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO URBANO,  regularice en cuanto a sus competencias, la situación de las antenas localizadas con y sin trámite en la Ciudad  de Buenos Aires.”

De estas recomendaciones al día de la fecha, hemos obtenido como resultado un aumento de fiscalizadores en la Dirección de Instalaciones, de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Y se han iniciado trabajos consecuentes a elaborar regulaciones al respecto en la materia.


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