Uno de los aspectos más incomprensibles de la cuestión ambiental en la Argentina es la inacción referida al Riachuelo. La última vez que alguien se tomó en serio el problema fue bajo la presidencia de Sarmiento, cuando la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ordenó erradicar las industrias contaminantes de sus márgenes, orden que, por otra parte, fue cumplida estrictamente.

Lo que siguió fue un siglo y cuarto de palabras, expedientes y estudios. Desde la promesa de Yriyoyen de construir una gran cloaca paralela al Riachuelo que ocultara su contaminación hasta los olvidables mil días, se dijo de todo y no se hizo absolutamente nada. El pretexto más frecuente fue la necesidad de estudiar previamente la situación de base para después poder hacer el seguimiento de las mejoras futuras. De este modo se gastaron grandes sumas en consultoras que llegaron invariablemente a la conclusión de que el Riachuelo estaba muy contaminado y después se terminó el dinero o se terminó la gestión y las cosas quedaron igual que antes. Como el siguiente funcionario no confiaba en la consultora contratada por el gobierno anterior, resolvía contratar su propia consultora, la que hacía estudios tan semejantes a los anteriores que parecían copiados de ellos.

Me parece que a esta altura ya no es ético seguir gastando dinero en demostrar que el agua del Riachuelo está contaminada. Sí, hay que estudiar lo que nunca se hizo y es ver qué les pasa a los seres humanos que están en contacto con esa contaminación. Es decir, hacer los estudios epidemiológicos que se mencionaron al pasar en el debate parlamentario de 1871 y todavía no se realizaron.

El segundo pretexto que siempre se esgrimió fue la ausencia de fondos. "Con la crisis por la que atraviesa el país, no tenemos dinero para invertir en el Riachuelo", se viene diciendo desde hace varias décadas. Por eso, nos resulta sorprendente enterarnos de que existe un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo otorgado hace varios años para financiar obras sobre el Riachuelo, que la Ciudad de Buenos Aires no está usando. Aún más: cuando uno pide un préstamo a los organismos internacionales y después no usa el dinero tiene que pagar intereses punitorios (que en la jerga técnica se llaman "comisión de compromiso") por tener ese dinero inmovilizado, sin usarlo y sin permitir que lo use otro país que lo necesita.

En otras palabras: que no tenemos dinero para hacer obras en el Riachuelo, pero sí lo tenemos para pagar intereses punitorios por no usar el dinero que nos dieron para hacer obras en el Riachuelo.

Lo desconcertante es que ese dinero está disponible y sin utilizarse desde 1997.

A continuación, una resolución de la Defensoría del Pueblo sobre este tema, que firmé recientemente, en un momento en que estuve a cargo del organismo por ausencia de su titular, la Dra. Alicia Oliveira. Esta resolución ha sido redactada por la Dra. Teresa Mancini.

Cuando el agua todavía no era negra
(J.D. Dulin: "La Boca del Riachuelo cerca de Barracas", aguafuerte)

 
  RIACHUELO: "NADA SE HA HECHO HASTA HOY"
 
Buenos Aires,16 de mayo de 2003.- 

VISTO:

La actuación N° 7346/02 iniciada por la Asociación Vecinos de la Boca y la actuación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Nº 9924/02, caratulada: “ASOCIACION DE VECINOS LA BOCA, sobre contaminación en el Río Matanza Riachuelo” y su resolución Nº 31/03.

Y CONSIDERANDO:

Que la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo se extiende de sudoeste a noreste entre la divisoria de aguas con la Cuenca del Río Reconquista al norte y las del Samborombón-Salado al sur, y sus aguas desembocan en el Río de la Plata, en la llamada Boca del Riachuelo. La misma atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Cañuelas, Marcos Paz,  Merlo, La Matanza, Las Heras y Ezeiza.

Se debe señalar que los problemas que a continuación serán denunciados en modo alguno resultan novedosos y, lo que es pero aún, datan de muchísimos años atrás.

La Problemática Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, es de suma preocupación para todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, la Provicia de Buenos Aires y de todo aquel que tenga mínimo conocimiento de dicha problemática y se preocupe por el ambiente y su equilibrio como base de la vida humana.

La ASOCIACION DE VECINOS LA BOCA presentó una denuncia ante esta Defensoría a fin de dar cauce a un sin fin de denuncias y quejas  similares presentadas ante las autoridades competentes en la problemática de la cuenca y del ambiente en general.

Que esta Defensoría inició un trabajo de rastreo e investigación del estado de sistuación de la problemática. Esté trabajo también incluyo la colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la misma problemática lo que diera origen, entre otras cosas, a la resolución Nº 31/03 de la Defensoria del Pueblo de la Nación.

Que la mencionada Resolución contó con el trabajo en conjunto de las dos Defensorías y las siguientes organizaciones: CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FUNDACIÓN CIUDAD y PODER CIUDADANO,  quienes en forma activa vienen colaborando en el desarrollo de la investigación de referencia.

Como es de público conocimiento, nada se ha hecho hasta hoy para solucionar los diversos problemas ambientales y de salubridad que posee la cuenca a lo largo de toda su costa.

La falta de acciones y políticas por parte de las autoridades tanto Nacionales, Provinciales como de la Ciudad, la inacción del Comité Ejecutor del Manejo de la Cuenca Matanza Riachuelo en su condición de coordinador de las medidas a adoptar, crean un vacio alarmante.

De acuerdo a la ley 119/99, de la Ciudad de Buenos Aires, el GCBA, desde el año 1999, es parte integrante de el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hidrica Matanza Riachuelo (creado de acuerdo al decreto Nacional 482/95).

La citada ley de la Ciudad, autoriza al Ejecutivo a realizar un convenio con el mencionado Comité Ejecutor, a fin de que se disponga un préstamo subsidiario del contrato de préstamo otorgado por el BID Nº 1.059/OC-AR.

Que el préstamo mencionado se refiere al que en el año 1997 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó de U$S 250 millones de dólares estadounidenses, destinado a mejorar la ordenación de los recursos naturales de la Cuenca Matanza Riachuelo y el financiamiento de cuatro subprogramas circunscriptos en lograr: 1) la reducción de la contaminación industrial, 2) las obras de control de inundaciones, 3) el manejo de residuos sólidos y 4) la rehabilitación urbana, solamente el 3% de tales recursos han sido directamente afectados.

Así pues el GCBA, pasó a ser parte Co-Ejecutora del proyecto a financiar por el BID.

Para encarar este problema se nombró un representate en el Comité Ejecutor de Cuenca, el Ing. Oscar Horacio Bravo, nombrado bajo decreto 2140-GCBA-2000.

En la Ley 119, y en el marco del mencionado contrato -1.059/OC-AR-, se determinó que asimismo la Ciudad solo podrá disponer de hasta U$S 50.440.000, para los proyectos que le competen en la zona baja de la cuenca Matanza Riachuelo. Que como se detallará mas adelante y de acuerdo con la documentación obrante en la presente actuación (fs. 50) este préstamo otorgado fue de U$S 35.872.000,00.

Para estos fines el CEMR (Comité Ejecutor Matanza Riachuelo), dispuso de un cronograma que involucra a: GCBA, Pcia. de Buenos Aires y Gobierno Nacional. El que se fue modificando en reiteradas ocasiones, ya sea por incumplimiento del contrato de préstamo, o por renegociaciones y principalmente y como es de público conocimiento por mala gestión de dichos fondos por la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Ahora bien, en lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad a esta dependencia –nota 11.107-MGEYA-02- hasta hoy solo se ha desembolsado para la ciudad U$S 2.957.386,20. También se informa que las obras correspondientes a: Resto del Área Sur, Cuenca C, Cuenca Z4 y Cuenca G, ya han sigo concesionadas y  ya se han desembolsado parte de los montos destinados a dichas obras y por ende los contratos de concesión están en vigencia.

Sin embargo en esa misma nota se informa que las obras hoy se encuentran paralizadas.

Cabe advertir que dichas obras son obras que implican un gran compromiso ambiental y no solo por su esperado resultado sino por la obra en sí. Es por ello y como toda obra pública o privada debe tener una Evaluación de Impacto Ambiental.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su Artículo 30, dispone la obligatoriedad de la EIA, a todos los emprendimientos ya sea Públicos o Privados de relevante efecto.

El art. 30, la Constitución de la Ciudad, ..."Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.

Fue con esta intención que esta Defensoría cursó consultas al respecto al Sr. Secretario de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que nos indique del estado de los estudios de impacto ambiental realizados por las Obras de Saneamiento y Dragado de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, todo ello de acuerdo a la ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires sobre EIA.

La respuesta de la Dirección de Política y Evaluación Ambiental (autoridad de aplicación en la materia) al respecto, fue contundente: “Referente a la solicitud del Defensor del Pueblo Adjunto informo a Ud. que no se ha presentado estudio de Impacto Ambiental Alguno ante esta Dirección General referente a las Obras de Saneamiento y Dragado de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo” (nota 8.612-MGESyA-2002).

Así pues nos encontramos con obras, ya concesionadas e iniciadas, que son de evidente Impacto Ambiental, sin ni siquiera presentación de Estudio de Impacto Ambiental. Lo que sin más implica la violación de una norma constitucional como lo es el art. 30 de la Constitución de la Ciudad y por ende se pone en peligro, aún más, el derecho de todos los ciudadanos, también constitucional, a un ambiente sano y equilibrado (art. 41 CN y 26 y ss. Const. CABA).

El citado artículo 26 respecto del derecho a un ambiente sano declara que, “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras,...,Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.,...,Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causen o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas."

Por otro lado, esta dependencia inició consultas ante el ya mencionado Comité Ejecutor, sobre los programas de remediación, los planes de gestión ambiental, el estado del programa de control ambiental, obras que deben realizarce en el marco de el Plan de Gestión Ambiental y de manejo de la cuenca Hídrica Matanza riachuelo, hemos obtenido solo la respuesta que: “…este Organismo se encuentra abocado, conjuntamente con la jefatura de Gavinete en la gestión de dar continuidad al  préstamo por el Banco Intermaericano de Desarrollo, a los fines de la prosecución de los programas correspondientes” (nota del 16 de oct.2002, CEMR Nº: 322/02), firmado por el Ing. Hugo Amicarelli, miembro coordinador del CEMR.

Sin embargo obra en la presente Actuación un programa de trabajos, informado por el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación,  -nuevamente Ing. Hugo Amicarelli-, de fecha 15 de noviembre de 2002, el cual dispone para el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires, el siguiente cronograma:

 

2002

2003

2004

2005

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 

 

 

 

·       REGULACIÓN HIDRÁULICA Y DRENAJE

 

 

 

 

ü      DRENAGES PLUVIALES RESTO DEL ÁREA SUR

x

 

 

 

ü      D. PLUV.  CUENCA C BOCA-BARRACAS

X

X

 

 

ü      D. PLUV.  CUENCA G BOCA-BARRACAS

X

X

 

 

ü      D. PLUV.  CUENCA Z4 BOCA-BARRACAS

X

X

 

 

ü      D. PLUV.  SUBCUENCA H BOCA-BARRACAS

 

X

 

 

ü      ALIVIADOR SAN PEDRO

 

X

 

 

·       ORDENAMIENTO URBANO

 

 

 

 

ü      PROYECTO EJECUTIVO AV. 25 DE FEBRERO

 

X

 

 

ü      RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS AV.25 DE FEBRERO

 

X

 

 

ü      ALIVIADOR SAN PEDRITO

 

X

 

 

Que como se desprende de dicho informe, a la fecha solo una obra a sido técnicamente finalizada, esta es “Drenajes Pluviales Resto del Área Sur”, la que según el GCBA, fue realizada hasta Junio de 2002 por la empresa DYCASA.

Que el resto de las obras hoy se encuentran paralizadas hasta tanto se resuelva el próximo desembolso del BID (nota GCBA 11.107-MGEyA-02).

En una primera conclusión de lo hasta lo aquí analizado, y en lo que compete a la Ciudad de Buenos Aires:

                                            I.      Hasta hoy solo se ha llevado adelante y “en teoría” finalizado una sola de las obras programadas, esta es “Drenajes Pluviales resto del Área Sur”. Decimos en teoría ya que los vecinos de la Boca nos informan que dicha obra está inconclusa.

                                          II.      Que se está violando la Constitución de la Ciudad y la ley 123 ya que no se han llevado adelante las Evaluaciones de Impacto Ambiental correspondientes y obligatorias.

                                        III.      Que a pesar de que la situación es alarmante desde hace años; hoy todo el futuro de la cuenca y por ende la salud y el ambiente de los vecinos de la misma parece depender del préstamo del BID y no se llevan adelante otro tipo de obras. 

Que en el trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Nación nos fuimos informando acerca de la situación a nivel salud que se vive a los márgenes de la cuenca.

Que, en lo que aquí interesa, la DIRECCION NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA dependiente del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION a través de la DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD evacuó un informe solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Nación manifestando que “.. el Departamento de Salud Ambiental y el Programa de Prevención y Control de las Intoxicaciones de esta Dirección no cuentan con antecedentes técnicos respecto de la situación sanitario-ambiental del río Matanza Riachuelo por cuanto no ha intervenido en acción alguna de evaluación del mismo ni de los efectos y/o impacto que produce en su zona de influencia”.

Que, por otra parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación realizaron inspecciones “in situ”, entre otros, a los siguientes centros asistenciales: HOSPITAL COSME ARGERICH, HOSPITAL PEDRO FIORITO y HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANA GOITÍA, con la finalidad de conocer, entre otros puntos, si existían registros oficiales sobre casos de enfermedades (en especial, contraidas por niños) que guardaren directa relación con la contaminación ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, como también si las autoridades nacionales, provinciales y/u locales solicitaron la asistencia de tales centros a los fines de que sean realizados estudios y/o relevamientos con sustento en alguna denuncia.

Que, por su parte, personal médico de la Dirección del HOSPITAL COSME ARGERICH informó que no tenían registros de casos por contaminación ya que nunca se llevaron a cabo y que resultaba difícil efectuar tales elevamientos dada la gran cantidad de personas que atienden diariamente.

No obstante ello, todos los médicos entrevistados coincidieron en que debía hacerse algo al respecto ya que los problemas día tras día se van agravado.

Que, asimismo, hicieron hincapié en que recién a principios del 2003 y en forma conjunta con la SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES se hallaban realizando un relevamiento en el asentamiento emplazado en la Reserva Ecológica para conocer las condiciones de las aguas, merituando que las últimas tomas extraídas eran del año 1997, como también la cantidad de personas que durante los fines de semana se bañan en la zona.

Que a esta altura la investigación que se viene desarrollando, permite aseverar que las autoridades sanitarias deben dotar a la comunidad de estudios serios, responsables y actualizados que demuestren sin atisbo de dudas si las actividades industriales que se desarrollan en la zona lindera a la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo y/o el deplorable estado de las aguas provocado por el constante vertido de efluentes y desechos cloacales, y/o los basurales a cielo abierto existentes y/o las precarias condiciones sanitarias directamente inciden o no en la salud del núcleo habitacional permanente y, en tal caso, en qué grado.

Que deviene necesario la realización de acciones concurrentes que conlleven la adopción de medidas directas, concretas y efectivas para una masa sensible de ciudadanos que desde hace muchos años vienen soportando que distintas administraciones de gobierno pongan de resalto su interés en la concreción de soluciones de fondo aunque la realidad viene demostrando que esas decisiones finalmente no se adoptan o que han sido sumamente escasas.

Todas estas problemáticas parecen tener, desde los órganos de Gobierno, una respuesta común, la que deriva necesariamente en el préstamo inconcluso del BID.

Ante esto parece conveniente, recordar a los organismos de Gobierno su deber constitucional de procurar la protección del ambiente y de proteger los derechos fundamentales de los Ciudadanos como es la salud y por ende la vida misma.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece –amén de los artículos ya mencionados-,  en su  Artículo 27: " La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento terrotorial y ambiental participativo y permanente que promueve:La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio....La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado...,......"

El Derecho a la Salud es un derecho indiscutible de los hombres ya que este bien jurídico tiene que ver con el derecho a la vida y el desarrollo de cada persona. El artículo 33 de la CN –existente antes de la reforma de 1994-, afirma y afirmaba, que la salud es tutelada como derecho fundamental del individuo e interés de la comunidad. La salud es protegida, en vía primaria incondicionada y absoluta como modo de ser de la persona[1].

A partir de la reforma de la constitución en el año 1994, amplia esta variable admitiendo la existencia de un derecho a un ambiente sano.

El Art. 41.- “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.”[2]

Que en este sentido  la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha sostenido que el derecho a la salud, como derecho humano de segunda generación, se encuentra enlazado con el derecho a la vida y, como tal es el primer derecho  humano que resulta reconocido y garantizado por la CONSTITUCION NACIONAL (F. 310:112).

Que debe recordarse, que la propia CONSTITUCION NACIONAL, a través del artículo 75, inc. 22 ha otorgado rango constitucional, a diversos tratados relativos a los derechos humanos, en los que se reconoce, ya sea en forma expresa o implícita, que la salud es un derecho humano, que engendra determinadas responsabilidades.

Que, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos -ONU, 1948- (art. 3°, 22 y 25 inc. 1° y 2°), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -OEA, 1948- (art. XI), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ONU, 1966- (art. 12-1), la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de SAN JOSE DE COSTA RICA, 1969- (art. 4° inc. 1° y art. 5°), la Convención sobre los derechos del Niño - ONU, 1989-(art. 24), enuncian preceptos relativos a la preservación de la salud, adoptando todas aquellas medidas adecuadas, que permitan el goce del derecho humano a la vida.

De allí la necesidad de que el tránsito entre la declaración constitucional que promueve la tutela del derecho protector de la salud y, su consecución efectiva -acceso al goce y ejercicio-, requiera de la reflexión de los gobernantes, a los fines de que se adopten en forma urgente y sin dilaciones, cada una de las medidas necesarias, que permitan que este derecho fundamental tenga una adecuada protección, evitando -por lo tanto- decisiones tardías o arbitrarias, que no hacen otra cosa que perjudicar, amenazar o lesionar el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida de todos aquellos afectados en su bienestar físico.

Es el propio Estado[3] quien tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud y el ambiente sano de la población, adoptando todas aquellas medidas que estime necesarias y adecuadas en pos de garantizar el más sagrado de los derechos humanos: la vida.

Por las razones apuntadas resulta imperioso contar con una correcta evaluación sobre la salud de la población afectada y los potenciales riesgos que sobre la misma ocasiona la mentada contaminación del ecosistema de la Cuenca.

Que corresponde recomendar a los organismos de Gobierno la urgente realización de proyectos  tendientes a obtener un relevamiento de impacto actualizado sobre la salud del núcleo poblacional lindante a la ribera de la Cuenca Hídrica Matanza - Riachuelo (en especial, menores de edad) de tóxicos ambientales, a los fines de determinar por medio de estudios especializados la presencia de casos de enfermedades y/o patologías cuyas causas generadoras guarden directa relación con la contaminación de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo y toda su área de influencia.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

 Artículo 1°: Recomendar al Sr. JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Dr. Aníbal Ibarra, arbitre las medidas necesarias a fin de dar cauce a la problemática básicas y de salubridad, de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, amén de los desembolsos de el préstamo BID.

Artículo 2º: Recomendar a la SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD y a la SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, que en un plazo perentorio proyecte e impulse la realización, por sí o de manera conjunta con los organismos de salud involucrados (hospitales y centros asistenciales), de un relevamiento de impacto actualizado sobre la salud del núcleo poblacional lindante a la ribera de la Cuenca Hídrica Matanza - Riachuelo (en especial, menores de edad) de tóxicos ambientales, a los fines de determinar por medio de estudios especializados la presencia de casos de enfermedades y/o patologías cuyas causas generadoras guarden directa relación con la contaminación de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo y su área de influencia

Artículo 3º: Recomendar a la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, intime al COMITÉ EJECUTOR DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE MANEJO DE LA CUENCA HIDRICA MATANZA RIACHUELO y a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, presente los correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental, de acuerdo a la ley 123, respecto de las obras de saneamiento de la cuenca, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Art.30.

Artículo 4º: Respaldar la Resolución 31/03, del Sr. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN,  EDUARDO MONDINO, referente a la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.

Artículo 5º: Notificar, registrar reservar en el área para su seguimiento y, oportunamente, devolver al área.

Antonio Elio Brailovsky

Código 443

RESOLUCION Nº 2285/03


[1] Jorge Mosset Iturraspe, Tomás Hutchinson, Edgardo Alberto Donna, “Daño Ambiental”, Tomo I, Rubinzal Culzoni, 1999.

[2] De este Artículo emanan las bases de la legislación Ambiental Argentina, donde se pone en limpio varios derechos y obligaciones fundamentales para el ciudadano y para los gobernantes: El derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo. Proteger el ambiente para las generaciones futuras. La obligación prioritaria de recomponer en caso de dañarlo. Remarca la obligación que poseen todas las autoridades de hacer respetar este derecho constitucional.

[3] Amén de su deber constitucional de proveer a la protección del ambiente (art. 41 CN y 26 y ss. Const. Ciudad).


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